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La lucha frente al VIH debe ir de la mano de la protección de los derechos humanos

Un estudio ha revelado que los países que cuentan con una menor protección legal de los derechos humanos presentan peores resultados en indicadores relacionados con la lucha frente al VIH, como la tasa de diagnósticos o de supresión de la carga viral

Los países que poseen legislaciones en las que se penalizan las relaciones homosexuales, el trabajo sexual y el consumo de drogas presentan también un número notablemente mayor de personas con el VIH sin diagnosticar, así como tasas más bajas de supresión de la carga viral, en comparación con aquellos países que sí protegen, en menor o mayor medida, los derechos humanos, los cuales sí presentan mejores resultados en los indicadores relacionados con el VIH, según las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad de Georgetown (aún pendiente de revisión por pares e impresión).

Recientemente, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 193 países han firmado una declaración en la que se establecían medidas urgentes destinadas a poner fin a la epidemia del VIH como amenaza para la salud global para el año 2030 (véase La Noticia del Día 11/06/2021). En la actualidad, a pesar de que varios países han registrado un progreso increíble en esta materia, no se han podido cumplir los objetivos de ONUSIDA para 2020 que establecían que ese año el 90% de las personas con el VIH estuviesen diagnosticadas, que, de ellas, el 90% estuviesen en tratamiento y que el 90% de estas tuviesen la carga viral indetectable. Sin embargo, solo 23 países se encontrarían en camino de reducir en un 90% el número de nuevos casos para 2030.

Entre los estados miembros de la ONU, hay países que siguen teniendo leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual y el consumo de drogas. Por este motivo, las poblaciones clave –como hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), trabajadores del sexo, personas trans o usuarios de drogas inyectables– encuentran dificultades a la hora de acceder a servicios esenciales para la lucha frente al VIH, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Además, estas leyes discriminatorias (justificadas muchas veces por supuestos beneficios en la salud pública) contribuyen a perpetuar el miedo y el estigma que sufren las personas con el VIH y otros colectivos afectados.

En este contexto, el estudio analizó datos procedentes de los 194 estados miembros de la ONU para tratar de averiguar si la existencia de un entorno legal y de políticas de criminalización se relacionaría con mejores o peores resultados clínicos frente al VIH (concretamente en tasas de diagnóstico y de supresión de la carga viral). Para el análisis se consideraron aquellas leyes vigentes relacionadas con las relaciones homosexuales y si se estaban aplicando de forma activa en el país, así como aquellas que prohibían la compra-venta y la organización del trabajo sexual y también si el país penalizaba o no el uso de drogas o su posesión en pequeñas cantidades para uso personal. Por último, también se tuvo en cuenta si el país había implementado alguna medida de protección frente a la discriminación o contra la violencia de género.

De esta manera, los resultados obtenidos indicaron que el número de personas que conocían su estado serológico era un 11% menor en los países que penalizaban las relaciones entre las personas del mismo sexo, un 10% menor en los que penalizaban el trabajo sexual y un 14% menor entre aquellos que criminalizaban el uso de drogas. No obstante, al ajustar los datos en función de la prevalencia del VIH en el país y el gasto en salud que invertía el mismo, solo mantuvo significación estadística la relación entre las leyes en contra de las relaciones homosexuales y el conocimiento del estado serológico.

Por otro lado, el porcentaje de personas que viven con el VIH y conocían su estado serológico era un 10% mayor en países que contaban con medidas contra la discriminación, un 3% mayor en aquellos que tenían instituciones independientes sobre derechos humanos y un 16% mayor allí donde existían leyes contra la violencia de género. Los datos se contrastaban frente a los países que carecen de dichos aspectos.

En cuanto a las tasas de supresión de la carga viral, los hallazgos fueron bastante parecidos y se observaron resultados un 8% más bajos en los países donde se castigaban las relaciones homosexuales, un 6% menores si había leyes contra el trabajo sexual y un 15% más bajos si presentabas leyes que criminalizaban el uso de drogas. Por el contrario, las tasas fueron más altas en aquellos países que contaban con la presencia de instituciones independientes sobre derechos humanos (3%), con medidas de protección frente a la discriminación (11%) o con leyes de violencia de género (16%) aunque solo los dos últimos factores mantuvieron una significación estadística al tener en cuenta la prevalencia del VIH y el gasto en salud.

El equipo de investigadores desarrolló un modelo en el que se postulaba un país teórico donde no hubiese criminalización de las personas homosexuales, del uso de drogas y de los profesionales trabajadores del sexo y comprobó que las tasas de diagnóstico y supresión de la carga viral del VIH serían un 24% y un 18% más altas, de forma respectiva, en comparación con las que tendría un país que sí criminalizara estas tres áreas.

El estudio presentado cuenta con algunas limitaciones dado que las leyes no son el único factor que determina la vulnerabilidad frente al VIH y la dificultad para acceder a los servicios de salud. Entre estos factores adicionales se encontrarían los recursos financieros del país. No obstante, en este caso contrastan los casos de Tailandia (con una tasa de diagnóstico del VIH superior al 90% y el 78% con carga viral indetectable) y EE UU, uno de los países con mayor gasto sanitario, pero con un lento avance en el cumplimiento de los objetivos 90:90:90 de ONUSIDA. Todo esto implica que en ocasiones los peores resultados clínicos relacionados con el VIH también podrían deberse a estos factores adicionales en lugar de las leyes que criminalizasen las relaciones homosexuales, el trabajo sexual y el uso de drogas.

En sus conclusiones, los investigadores destacan la necesidad de eliminar las barreras legales y sistémicas para poder reducir el número de infecciones por el VIH a nivel mundial. Aunque el estudio es transversal y se podría cometer el error de asumir que estas tendencias generales se manifiesten a nivel individual, los autores consideran que los resultados deberían tenerse en cuenta para poder cumplir los objetivos de ONUSIDA para el año 2025 donde los países miembros de la ONU se han comprometido a que menos del 10% de ellos tengan leyes y políticas que criminalicen las áreas analizadas y que también menos del 10% de las personas con el VIH padezcan estigma, discriminación, desigualdad de género y violencia.

Fuente: Aidsmap / Elaboración propia (gTt-VIH)

Referencias: Kavanagh MM et al. Law, Criminalisation and HIV in the World: Have countries that criminalise achieved more or less successful AIDS pandemic response? Published online 7 June 2021 on medRxiv

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