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Actualmente 75 países cuentan con leyes que criminalizan la posible transmisión del VIH

Rusia, Bielorrusia y EE UU son los países con un mayor número de casos de criminalización del VIH registrados en los últimos años

Una revisión global sobre las leyes relacionadas con las sanciones por la posible transmisión del VIH ha revelado que 75 países cuentan con leyes específicas sobre penalización del VIH o leyes en cuyo contenido mencionan el VIH como una enfermedad cuya transmisión puede ser sancionada por la ley. En los últimos años, 49 de estos países han aplicado procesos legales, arrestos, apelaciones y/o absoluciones vinculados con la criminalización del VIH. Estas son algunas de las conclusiones recogidas en un informe realizado por la red HIV Justice y publicado recientemente en su página web.

Es bien sabido que la criminalización del VIH aumenta el estigma y la discriminación. Además, supone una barrera para el acceso universal a la prevención, detección, tratamiento, atención y cuidados del VIH.

A nivel mundial, las leyes aplicadas para criminalizar la posible transmisión del VIH son elaboradas o sustentadas en base a mitos y opiniones erróneas acerca del VIH y sus vías de transmisión. Este tipo de normas suelen sancionar actos que, en realidad, no representan riesgo de transmisión del VIH o este es mínimo como la práctica del sexo anal o vaginal con el uso del preservativo, el hecho de que una persona sin el VIH tenga relaciones sexuales con una persona con el VIH cuya carga viral es indetectable, situaciones en que una persona con el VIH muerda, rasguñe o escupa a otra, etc.

La red HIV Justice es un centro internacional que proporciona información y sensibilización a personas y organizaciones que trabajan en la eliminación del uso inapropiado del derecho penal a la hora de regular y castigar a las personas con el VIH. Con el fin de ofrecer una fotografía actual sobre el estatus de los logros y desafíos contra de la criminalización del VIH, la red HIV Justice realizó un recuento entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.

Durante el período de investigación, se produjeron 913 arrestos, procesos legales, apelaciones y/o absoluciones en 49 países . El mayor número de estos casos se reportaron en la Rusia (314 casos), Bielorrusia (249 casos) y EE UU (158 casos) , seguidos por Ucrania (29 casos), Canadá (27 casos), Zimbabue (16), República Checa (15), Reino Unido (13), Francia(12) y Taiwán (11).

El recuento global sobre leyes relacionadas con sanciones por la posible transmisión del VIH indica que en 75 países (103 jurisdicciones) cuentan con leyes específicas sobre penalización del VIH o leyes en cuyo contenido mencionan al VIH como una enfermedad cuya transmisión puede ser sancionada por la ley . Hasta el 31 de diciembre de 2018, 29 países habían sancionado a alguna persona con el VIH por medio de una ley de criminalización específica sobre el VIH, 37 países habían hecho lo mismo mediante el uso de leyes más generales, es decir, no específicas para VIH, y seis países habían aplicado ambos tipos de leyes, específicas y generales.

Para estimar dónde se aplica la ley penal de manera desproporcionada, los investigadores analizaron el número de casos recientes y lo pusieron en relación con el número estimado de personas diagnosticadas del VIH de dicho país. Aquellos países en los que el número de casos era igual o mayor a 0,5 por cada 10.000 personas diagnosticadas se definió como punto crítico de criminalización. En total se identificaron 15 países que cumplían estas características: Bielorrusia (139 en 10.000),República Checa (55 en 10.000), Nueva Zelanda (10 en 10.000), Canadá (4 en 10.000), Suecia (4 en 10.000), Rusia (3 en 10.000), Taiwán (3 en 10.000), Ucrania (2 en 10.000), Australia (2 en 10.000), Suiza (2 en 10.000),Inglaterra y Gales (1 en 10.000), Kazajstán (1 en 10.000), EE UU (1 en 10.000), Francia (0,8 en 10.000) e Italia (0,5 en 10.000).

El análisis sugiere que los casos de criminalización del VIH no necesariamente reflejan la demografía local de la epidemia, sino más bien una probable persecución legal motivada por la discriminación en contra de ciertos sectores vulnerables de la población como consecuencia del uso de drogas, el origen étnico, el género, la identidad de género, la situación migratoria, la privación de libertad, la pobreza, el trabajo sexual y/o la sexualidad.

No obstante, durante el período cubierto por el informe, se han producido avances prometedores en la jurisprudencia, la reforma de la ley y las políticas; la mayoría de las veces como resultado directo de la defensa de personas y organizaciones que trabajan para poner fin al uso inadecuado de la ley penal para regular y castigar a las personas con el VIH. Entre ellas, dos leyes de penalización del VIH fueron derogadas; dos leyes de penalización del VIH fueron declaradas inconstitucionales; siete leyes fueron modernizadas; y al menos cuatro leyes propuestas fueron retiradas. Además, seis países sentaron precedentes legales al determinar que este tipo de leyes deben limitarse o su alcance debe ser limitado si se toman en cuenta los recientes avances científicos que han demostrado que el VIH no se transmite bajo ciertas condiciones.

El avance en contra de la criminalización del VIH es el resultado de una incidencia y activismo basados en una amplia gama de estrategias, entre las cuales se incluye la construcción de evidencia basada en la investigación, en particular, la investigación en ciencias sociales para cuestionar los mitos relacionados con el VIH. Otra de las diferentes estrategias consiste en asegurar que las voces de aquellas personas que han sido víctimas de la criminalización del VIH se sumen al movimiento y apoyen, como portavoces y tomadores de decisión, en todas las etapas de los procesos de incidencia para finalizar con la criminalización del VIH.

En España, las personas con el VIH no tienen la obligación legal de revelar a sus parejas sexuales si tienen el virus, a menos que exista riesgo de que la otra persona se infecte. En el caso de se produzca la transmisión del VIH durante las relaciones sexuales, es posible que pueda haber un problema legal si no se han tomado las medidas adecuadas o no se ha informado previamente a la pareja sexual del estado serológico.

Fuente: Aidsmap/Elaboración propia ( gTt-VIH )
Referencia: Sally Cameron and Edwin J Bernard. Advancing HIV Justice 3: Growing the global movement against HIV criminalisation . HIV Justice Network, Amsterdam, May 2019

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