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Tras 40 años de epidemia de VIH continúa siendo necesaria una respuesta a la infección basada en los derechos humanos

El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH es una herramienta clave que puede contribuir a aportar luz y reflejar las sombras que todavía persisten en la respuesta basada en los derechos en España

A pocos días de cumplirse 40 años de la notificación del primer caso de sida en España, la Revista Multidisciplinar del Sida ha publicado en su último número un trabajo en el que se analiza, desde una perspectiva crítica, la respuesta al VIH basada en los derechos humanos a través del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. El Pacto Social adoptado en noviembre de 2018 es el resultado de un trabajo conjunto, abierto y participativo que ha sido realizado por diferentes administraciones sanitarias (principalmente a nivel estatal y autonómico), asociaciones que representan los intereses y derechos de las personas con VIH y otros agentes sociales (sindicatos, universidades, sociedades científicas) y que se plantea como objetivo general eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH. Cierto es que esta herramienta no se trata de una norma jurídica y tampoco es un Pacto de Estado que incluya reformas legislativas, pero el Pacto Social es la primera iniciativa formal que intenta plasmar la construcción de esa respuesta al VIH basada en los derechos y que, además, refleja problemas que son comunes con otras enfermedades crónicas.

La necesaria reflexión sobre la importancia de la publicación del Pacto Social radica en el hecho de que, en España, las personas con VIH, aunque son titulares de los mismos derechos y libertades que el resto de la población, no pueden disfrutarlos en igualdad de condiciones. Esto, indudablemente, ensombrece los logros alcanzados en el ámbito médico y científico e impide que se consiga la erradicación de la pandemia, pues todavía son numerosos los ámbitos en que, debido al estigma social en torno a esta condición de salud, las personas con VIH todavía son discriminadas o ven limitados sus derechos y libertades. Complementar los objetivos 95-95-95 de ONUSIDA para el año 2025 con una buena calidad de vida relacionada con la salud implicaría una mayor igualdad de oportunidades y una menor discriminación y limitación de derechos por razón de VIH.

Los autores del texto explican que el Pacto Social, acompañado de otras medidas normativas, pretende alcanzar la no discriminación y la igualdad de trato a través de una serie de objetivos específicos que se resumen en los siguientes: favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con VIH; trabajar en favor de la aceptación social; reducir el impacto del estigma en las personas con VIH; y generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación. Cada uno de estos objetivos se desarrollan a través de líneas de actuación, que, a su vez, se concretan en una serie de acciones. Se trata, pues, de una respuesta que deja en un segundo plano los aspectos médico-científicos sobre el VIH y centra la mirada en los determinantes sociales y legales del VIH, esto es, de aquellos factores contextuales de orden social y económico que influyen, de forma positiva o negativa, en la salud de las personas y en su calidad de vida, y que pueden modificarse a través de la aprobación o derogación de normas jurídicas con las que en una sociedad democrática se crea un ecosistema jurídico adecuado para que todas las personas disfruten en igualdad de condiciones de su derecho a la protección de la salud en el nivel más alto posible.

Este Pacto Social, como declaración de intenciones, recoge muchas de las propuestas señaladas por el Consejo de Derechos Humanos en la Resolución 38/8 y en la que se plantea la necesidad de realizar cambios estructurales coherentes con las obligaciones universales en materia de derechos humanos. Así, por ejemplo, se instó a los Estados a que reformasen sus leyes, políticas y prácticas para adaptarlas a las obligaciones que dimanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en caso de necesidad, derogasen aquellas que fueran discriminatorias o afectasen negativamente a las personas con VIH, a las que se sospecha que tienen VIH o a las personas que se relacionan con ellas. Esta tarea es harto compleja, pero en España ya han tenido lugar algunas reformas en las leyes que han supuesto el fin, en términos generales, de situaciones de discriminación históricas.

Así, por mencionar algunos ejemplos de estos cambios, y coincidiendo con la adopción del Pacto Social, han ido adoptándose otras medidas que permiten afianzar dicha respuesta al VIH basada en los derechos. La recuperación de la sanidad universal para garantizar que todas las personas que residen de forma regular o irregular en España con VIH tengan acceso gratuito a los tratamientos antirretrovirales ha sido una de ellas; la reforma de la Ley 50/1980 para eliminar la discriminación de las personas con VIH en la contratación de seguros cuando no haya causas justificadas, proporcionadas y razonables que se hallen documentadas previa y objetivamente ha sido otro de los cambios normativos adoptados; la recepción por los tribunales de la evidencia científica que respalda el efecto preventivo del tratamiento antirretroviral –o, dicho de otra manera, el mensaje de indetectable es igual a intransmisible–  ha supuesto un gran avance a nivel de jurisprudencia; o el Acuerdo del Consejo de Ministros para reformar los criterios médicos de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha terminado con las discriminaciones de las personas con VIH en este ámbito laboral concreto.

En el texto también se destacan los problemas que siguen persistiendo, a pesar de estos avances normativos y precisamente por los cabos sueltos que han dejado, por ejemplo, al no incluirse a las personas migrantes con visados de estancia por turismo o por estudios como titulares del derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos, una cuestión que afecta gravemente a las personas con VIH que llegan a nuestro país y no cuentan con los recursos económicos suficientes para costearse el tratamiento.

Fuente: Elaboración propia (gTt-VIH)
Referencia: Ramiro Avilés MA, Ramírez Carvajal, P. El pacto social y la respuesta al VIH basada en derechos humanos. Revista Multidisciplinar del Sida nº23, mayo 2021. Disponible en el siguiente enlace.

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