EE UU promete procesos “racionalizados” para los visados de turistas con VIH

Edwin J. Bernard

La Casa Blanca ha anunciado que aliviará (pero no eliminará) unas restricciones que tienen 20 años de antigüedad que obstaculizan la entrada a EE UU a los visitantes temporales con VIH. Sin embargo, el anuncio sólo afecta a las personas que viajan con visados de turistas y de negocios, que permiten la entrada por hasta 60 días y no altera en esencia la política inmigratoria estadounidense. No está claro tampoco si los turistas con VIH aún tendrán que declarar su estado serológico al VIH a los funcionarios de EE UU para beneficiarse de las nuevas normas.

Un informe de la Casa Blanca generado para el Día Internacional del SIDA titulado: “El presidente está dedicándose a poner fin a la discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA”, realizaba la siguiente afirmación: “El presidente se dirigirá al Secretario de Estado para que solicite, y al Secretario de Seguridad Doméstica para que inicie, una reglamentación que propondría un documento de exención categórico para las personas con VIH que pretendan entrar en Estados Unidos con visados temporales”.

Sin embargo, la declaración no explica cómo este “documento de exención categórico” permitiría a las personas con VIH entrar en EE UU para visitas cortas aparte de afirmar que se trataría de un “proceso racionalizado”. Actualmente, las personas con VIH pueden solicitar un documento de exención categórico de corta duración que les permite entrar en EE UU bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, solicitar este visado único con un documento de exención requiere la realización de una entrevista en una embajada de EE UU; las decisiones llevan varios meses, durante los cuales se retiene el pasaporte por la embajada y, de ser concedida, el visado con documento de exención resulta un sello permanente (y estigmatizante) en el pasaporte.

La prohibición a los visitantes e inmigrantes con VIH se hizo efectiva en julio de 1987, como parte de la tristemente conocida “Enmienda Helms” del senador republicano Jesse Helms. Aunque la principal (y devastadora) intención de esta enmienda del político derechista y fundamentalista cristiano era evitar que el gobierno de EE UU pagase cualquier material de prevención o educación del SIDA que “promoviera o animara, directa o indirectamente, actividades sexuales homosexuales” y también añadió la infección por VIH a la lista de “enfermedades peligrosas y contagiosas” del Sistema de Salud Público (PHS en sus siglas en inglés), que excluye la entrada de personas en EE UU por motivos de salud pública. El presidente Reagan ya había añadido el SIDA, pero no el VIH, en la lista un mes antes.

La exclusión fue ampliamente publicitada tras un masivo boicot de la VI Conferencia Internacional de SIDA de 1990 en San Francisco. En 1992, la Conferencia Internacional de SIDA se trasladó de Boston a Ámsterdam (Holanda), y EE UU no ha albergado una Conferencia Internacional de SIDA desde entonces.

Aunque durante su campaña electoral de 1992, el presidente Clinton prometió poner fin a la prohibición con una orden ejecutiva, finalmente consagró la política en ley al firmar el Acta de Reautorización NIH de 1993, que incluía una enmienda que añadía de forma permanente el VIH a la lista PHS.

Desde entonces, la política de inmigración de EEUU respecto al VIH/SIDA ha recibido una amplia reprobación por parte de grupos civiles sociales, que argumentan que disuade la realización de la prueba del VIH y el tratamiento de los inmigrantes que puedan estar ilegalmente en EE UU. En una mesa redonda de discusión celebrada el pasado mes por Global Health Council, Nancy Ordover de GMHC afirmó que la política estadounidense es una “violación de los derechos humanos y una amenaza para la salud pública en EE UU y el extranjero”.

Varios estudios británicos han puesto de relieve los efectos adversos de esta política incluso en la adhesión al tratamiento y la salud mental de los visitantes temporales. Los resultados de un estudio de Brighton de 2004, así como estudios de Londres y Manchester han descubierto que viajar a EE UU a menudo constituyó una “experiencia práctica y emocional negativa”.

Las reacciones a la declaración de la Casa Blanca han sido enmudecidas. El doctor Donald Abrams, uno de los organizadores de la VI Conferencia Internacional del SIDA afirmó al San Francisco Chronicle que constituía “un paso que serviría para situarnos con el resto del mundo civilizado”, pero no estaba seguro si era suficiente como para persuadir a los organizadores de la Conferencia Internacional de SIDA que celebren futuras conferencias en suelo estadounidense.

“Es un paso que nos aleja de una política discriminatoria e inadecuada, pero no ha ido lo suficientemente lejos”, añadió Leonard Rubenstein, director ejecutivo de Médicos por los Derechos Humanos. “Es una enfermedad tratable. Si quieres eliminar el estigma del SIDA, tienes que ir hasta el final y eliminar todas las restricciones de entrada a EE UU para las personas con VIH”.

Sin embargo, un portavoz de la congresista demócrata Barbara Lee (coautora de los proyectos de ley que crearon PEPFAR y el Fondo Global) declaró en el encuentro de Global Health Council el mes pasado que pensaba introducir una legislación durante el CX Congreso que revocaría totalmente la prohibición tanto para inmigrantes como visitantes temporales.

Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt)

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