En Melbourne, la policía está considerando la posibilidad de establecer un grupo de operaciones para investigar a varios hombres gay por “propagar deliberadamente” el VIH después de obtener inadvertidamente sus archivos médicos confidenciales mientras ejecutaban un mandamiento judicial para investigar a un hombre que actualmente se enfrenta a un juicio por exposición y transmisión del VIH.
Esto está creando mucha “inquietud” entre la comunidad gay de Melbourne, según el diario de la comunidad gay y lesbiana Melbourne Star, y suscita numerosas cuestiones sobre la confidencialidad y los papeles respectivos de los encargados de aplicar la ley y los profesionales sanitarios en la “protección” de la salud pública.
En Adelaida, el propio VIH está en juicio, después de que un juez de la Corte Suprema de Australia del Sur reservase dos semanas para permitir que los argumentos “negacionistas de SIDA” fueran empleados por el equipo de la defensa, que está intentando invalidar una condena previa del hombre por exposición y transmisión del VIH.
La publicidad resultante del denominado “Perth Group”, que han empleado el banquillo de los testigos para atacar lo que denominan el “mito del VIH”, está llevando a una más amplia difusión de información errónea, que un destacado experto calificó de “lunática”.
Melbourne: Confidencialidad frente a salud pública
A finales de la semana pasada, el Melbourne Star informaba que la policía de la segunda mayor ciudad de Australia está investigando a “cuatro o cinco personas” sospechosas de “propagar deliberadamente el VIH” entre la comunidad gay.
La historia insinúa la existencia de tensiones entre la policía y las autoridades de salud pública (el Departamento de Servicios Humanos [DHS en sus siglas en inglés]) respecto a sus respectivos papeles en la protección de la salud pública de la ciudad.
También afirma que el DHS “inadvertidamente” otorgó acceso a la policía a registros médicos confidenciales de 17 hombres mientras estaban investigando el caso de un hombre de 48 años que actualmente está en juicio por “propagar deliberadamente el VIH”.
Sin embargo, por los comunicados de los medios, no queda claro si el hombre enjuiciado está acusado por exposición y transmisión del VIH imprudente o deliberada, además de los cargos de violación y pornografía infantil. El periódico de Melbourne, The Age, declara que el hombre “está acusado de intentar infectar por VIH a 16 hombres por practicar con ellos sexo sin protección entre octubre de 2000 y marzo de 2005. Dos de las supuestas víctimas han dado positivo en la prueba del VIH desde entonces.
Según el Melbourne Star, el DHS conserva historiales de personas que consideran suponen un riesgo para la salud pública, incluyendo personas con VIH que han declarado a trabajadores de los centros de salud que tienen dificultad en practicar sexo seguro de forma constante. El DHS parece tener “considerables atribuciones para manejar el comportamiento” de estas personas. Éstas van desde counselling a la aplicación de “comportamiento apropiado” por el encargado en jefe de salud que “puede ordenar un régimen cada vez más estricto de seguimiento y control, desde toques de queda hasta detenciones a tiempo completo”.
Según The Age, supuestamente el hombre enjuiciado “había recibido una orden del DHS de no practicar sexo sin protección o acudir a “beats” (lugares públicos en donde se reúnen hombres gay para practicar sexo), debido a su estado al VIH cuando practicó sexo con dos de sus supuestas víctimas”.
Sin embargo, cuando los policías tuvieron acceso a los ficheros de este hombre, descubrieron otros “17 casos que les dieron motivos de grave preocupación”.
“Los archivos confidenciales se relacionaban con la investigación y seguimiento de las personas cuyas circunstancias o comportamiento poseían el potencial de suponer un riesgo para la salud pública”, afirmó Bram Alexander, portavoz de DHS al Melbourne Star. “Ninguno de estos archivos está activo actualmente y el departamento está convencido de que cada tema fue tratado adecuadamente de acuerdo con la Ley de Salud. No se considera que ninguno de estos casos constituya un riesgo para la salud pública.”
De cualquier modo, el periódico declara que la policía “sigue considerando que once de los casos requerían investigación policial [y de que la policía] estaba preocupada porque la situación podría requerir el establecimiento de un gran y costoso grupo de operación”. El reporte de prensa añade que la policía está “investigando de forma activa cuatro o cinco casos que describen como “muy preocupantes” [ya que] su obligación de velar por el público les obligó a actuar sin más dilación”.
Inquietud en la comunidad
Sin embargo, Melbourne Star también declara que la “comunidad [gay] se siente incómoda” respecto a estas investigaciones policiales y cita a Mike Kennedy del Victorian Aids Council, que advierte que “el peligro de emplear sanciones penales es que las personas podrían volverse reluctantes a revelar sus comportamientos [a los trabajadores sanitarios] y a cooperar”.
Greg Iverson de Personas que viven con VIH/SIDA añadió que estos temas de confidencialidad podrían alentar “la desaparición de la franqueza en torno al VIH con doctores y personas que realizan counselling, lo que no será de ayuda en el manejo de la epidemia” y señaló que “existe el peligro de que las personas puedan ponernos a todos en el mismo lote, y consideren que todos somos así de irresponsables, y no lo somos”.
Adelaida: VIH a juicio
Mientras tanto, el periódico nacional The Australian, informa que John Sulan, un juez de la Corte Suprema de Australia del Sur, ha reservado dos semanas para permitir que se escuchen argumentos en la corte de apelación de unos denominados “expertos” que consideran que el VIH no es la causa del SIDA.
Aunque el periódico añade que los fiscales objetaron la consideración de estos testigos como “expertos, Justice Sulan afirmó que atenderá la objeción después de que se escuchen sus evidencias”.
Este mismo año, según el periódico, un hombre fue condenado “por poner en peligro las vidas de tres mujeres y se enfrenta 15 años de prisión. Una de las mujeres ahora tiene VIH”.
Durante la audiencia para la apelación del hombre, la pasada semana, su abogado argumentó que “la condena de su cliente no puede mantenerse si el VIH está basado en argumentos científicos endebles” y convocó a varios “testigos expertos” conocidos “negacionistas del SIDA”.
El principal testigo, Elena Papadopulo-Eleopulos (una ingeniera médica cofundadora del denominado “Grupo Perth”) afirmó a la corte que el “VIH no era un retrovirus y que no podía transmitirse a través de relaciones sexuales”.
Sin embargo, uno de los cinco testigos expertos de la acusación, el profesor Andrew Grulich del Centro Nacional de Epidemiología e Investigación Clínica del VIH, describió las afirmaciones del grupo como “lunáticas. Mantienen un argumento muy largo y complicado que ha sido refutado de forma exhaustiva numerosas veces”, afirmó ante la corte.
“Lo que dicen es escandaloso y bastante peligroso”, añadió el profesor Grulich, “ya que anima a que las persones no se preocupen por la transmisión”.
Consultas en Reino Unido: se acerca la fecha límite
El 31 de octubre era la fecha límite para la consulta política del Departamento de Salud sobre la confidencialidad de los historiales sobre VIH y salud sexual y las circunstancias en las que puede realizarse su revelado sin la autorización del paciente.
La fecha límite de la consulta pública del Servicio Fiscal de la Corona (CPS) sobre sus políticas de procesado de casos que implican la transmisión sexual de infecciones que provocan daños físicos graves es el viernes 3 de noviembre.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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