En una noticia hecha pública ayer, la organización benéfica Medical Justice relató una serie de fallos significativos en el tratamiento de 35 personas cuyos casos les fueron denunciados. Sin embargo, como veintinueve de esos 35 incidentes se refieren a una instalación concreta (Yarl’s Wood en Bedfordshire), es posible que sean problemas localizados, en lugar de tratarse de una experiencia constante para las personas detenidas en Inmigración.
La Agencia de Fronteras del Reino Unido (UK Border Agency, parte del Ministerio del Interior) se encarga de supervisar diez Centros para la Deportación de Inmigrantes [IRC, en sus siglas en inglés]. Son instalaciones similares a cárceles y se utilizan para albergar a personas detenidas cuya solicitud de asilo está siendo estudiada, a aquellas que han visto denegada dicha solicitud y a inmigrantes a los que la agencia pretende expulsar del país.
Al igual que los presidiarios, los inmigrantes detenidos tienen derecho a recibir una atención sanitaria ‘equivalente’ a la que normalmente estaría disponible a través del Servicio Nacional de Salud (NHS). Se trata de un “estándar de actuación” de las empresas privadas que gestionan los IRC en nombre del gobierno.
La atención primaria se proporciona en el IRC por parte de compañías privadas, que deberían facilitar el acceso al tratamiento anti-VIH y a cualquier otra atención secundaria dispensada en los hospitales locales.
En 2009, la Asociación Británica del VIH (BHIVA) y la organización National AIDS Trust (NAT) ofrecieron asesoramiento sobre la provisión de atención del VIH en la detención de inmigrantes. Su objetivo era resumir los pasos que deberían darse para garantizar que la atención realmente fuera igual a la proporcionada por el NHS.
No obstante, la Agencia de Fronteras no acepta que dicho consejo constituya una directriz a la que deban ajustarse. Además, Medical Justice (una organización benéfica que se centra en la atención sanitaria de las personas inmigrantes detenidas) muestra su preocupación porque el consejo de BHIVA/NAT no se está implementando de forma coherente. En su informe, se describen numerosas violaciones de dicho asesoramiento.
Incumplimientos del asesoramiento
Un total de veintiuno de los 35 casos derivados a Medical Justice habían experimentado interrupciones en el acceso a los medicamentos. Cuando las personas llegaban a los IRC, se confiscaban sus fármacos y no siempre se les ofrecía un suministro adecuado de medicamentos.
Algunas personas detenidas no fueron llevadas a sus citas médicas, lo que condujo a que se produjeran interrupciones de tratamiento. Los autores pudieron examinar un documento donde se resumían las prioridades de los IRC en referencia al transporte de detenidos, y descubrieron que los traslados a las citas médicas eran considerados como de baja prioridad.
Medical Justice señala que las interrupciones forzadas de tratamiento tienen el riesgo de provocar el desarrollo de virus resistentes a fármacos, que pueden precisar el uso de unos regímenes farmacológicos más complejos que, quizá, no están disponibles en el país al que esa persona es deportada.
Debido a la desesperación por la amenaza de ser enviadas a la fuerza a su país de origen, varias personas detenidas intentaron suicidarse. En tres casos, acumularon su medicación anti-VIH hasta que consideraron que tenían una cantidad que resultaría mortal si se tomaba como una sobredosis.
Un total de veintitrés de los 35 detenidos experimentaron incidentes (aparte de la interrupción de la medicación), lo que el equipo de investigadores considera que equivale a un tratamiento sanitario inferior a los estándares del NHS. Las personas se vieron obligadas a compartir celdas con otras que tenían tuberculosis u otras infecciones, o fueron obligadas a acudir a citas médicas encadenadas a guardias. El estado serológico al VIH de cinco personas fue hecho público, incluyendo un incidente en el que un miembro del personal del IRC informó a dos niños de que sus padres tenían el VIH, una revelación que el padre afirmó que “les había roto el corazón”.
Algunas personas enfermaron gravemente, pero no se investigaron de manera adecuada sus síntomas. Esto incluyó a personas cuyo VIH estuvo sin diagnosticar durante un prolongado período de tiempo. Ocho individuos no fueron sometidos a las pruebas necesarias (por ejemplo, las de resistencia) o no obtuvieron sus resultados. Un médico del IRC le dijo a un hombre que no podría recibir los resultados de sus pruebas él mismo, sino que tendrían que dárselos a la Agencia de Fronteras.
El principal grupo de problemas (que afectó a 26 detenidos) se relacionó con el incumplimiento de los consejos sobre la deportación de las personas. Aunque los consejos de BHIVA/NAT indican que las personas deportadas deben estar en condiciones de viajar y mantener un estado médico estable, varios inmigrantes que acababan de empezar un nuevo régimen de tratamiento o que estaban esperando los resultados de pruebas importantes fueron expulsados o lo habrían sido si no hubieran intervenido los abogados.
Además, se constató que se ignoraron de forma generalizada las recomendaciones de que (para evitar interrupciones de tratamiento) las personas deportadas deberían recibir un suministro de medicamentos para tres meses, detalles de contacto de organizaciones de apoyo en el país y una carta dirigida al médico de VIH que les vaya a atender en el futuro.
Un total de 20 personas apoyadas por Medical Justice fueron expulsadas o se enfrentan a una posible expulsión con un suministro de fármacos que cubre menos de tres meses. En ocasiones, esto se debió a que los especialistas en VIH no fueron informados por parte del IRC de que se iba a producir una expulsión inminente, aunque en otros casos estos médicos realizaron prescripciones por 28 días en lugar de para 3 meses (la duración normal para los pacientes del NHS en la misma clínica). Los autores señalan que esta discrepancia podría suponer una discriminación ilegal. Asimismo, existe un riesgo muy real de que se produzcan interrupciones de tratamiento, considerando los problemas para acceder a la atención del VIH presentes en numerosos países africanos.
Medical Justice cree que debido a esta falta de atención clínica adecuada, las personas con una infección por VIH diagnosticada no deberían ser detenidas. NAT juzga que será necesario realizar una auditoría más amplia de la atención sanitaria a las personas seropositivas en todo el ámbito de los Centros para la Deportación de Inmigrantes.
Una de las personas detenidas cuyo caso está incluido en el informe comentó: “La investigación pone de relieve que las personas como yo no son tratadas como seres humanos cuando están detenidas (…) Creí que iba a morir en Yarl’s Wood cuando se negaron a darme mi medicación. Fue como si estuvieran desenchufando la máquina para mantenerme con vida”.
Referencia: Burnett J, et al. Detained and Denied: the clinical care of immigration detainees living with HIV. Medical Justice, 2011.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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