El turismo sanitario relacionado con el VIH es una de las principales justificaciones del Gobierno británico para aplicar “una política de cobro que es dañina, costosa e inhumana”, indica un nuevo informe de NAT: El mito del turismo sanitario relacionado con el VIH. Los resultados de esa política fueron puestos de relieve en la conferencia por un grupo de expertos compuesto por un especialista en VIH, un abogado especializado en derechos humanos, un médico de medicina general que ha atendido a numerosas personas con el virus que buscaban asilo en el país, un defensor de los emigrantes con VIH y el señor Azad.
Desde abril de 2004, los visitantes extranjeros, las personas a las que se les denegó el asilo, los emigrantes sin documentación y las personas que se quedan en el país después de vencer el visado ya no tienen derecho a recibir terapia y atención del VIH en el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) en Inglaterra, aunque el tratamiento del resto de las enfermedades infecciosas y de las infecciones de transmisión sexual (ITS) sigue siendo gratuito para todo el mundo en la sanidad pública, con independencia del estado de residencia (el NHS en Escocia y Gales tiene distintas políticas).
Este año, una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que las personas con VIH a las que se les rechazó la petición de asilo tenían derecho a recibir tratamiento y atención de la enfermedad durante el tiempo que permanecieran en el Reino Unido. Sin embargo, el juez rechazó el alegato de que el tratamiento del NHS constituía un derecho humano, declarando que cualquier discriminación en las normativas estaba justificada para desalentar el “turismo sanitario”.
Así, en un nuevo informe de NAT en el que “se discierne entre lo que son hechos y pruebas y lo que son miedos y desinformaciones”, se argumenta que no hay datos que demuestren que existe el turismo sanitario relacionado con el VIH en el Reino Unido. El informe declara que las alegaciones de "turismo sanitario del VIH (…) suponen una seria acusación contra la integridad y veracidad de muchas personas emigrantes con VIH en el Reino Unido, ya que, en la práctica, están diciendo que los motivos alegados para emigrar a este país son, en el mejor de los casos, un pretexto y, en el peor, del todo falsos. Dada la discriminación y marginación que sufren muchos emigrantes, debemos cuestionarnos seriamente cualquier afirmación que pueda contribuir a la hostilidad social".
El informe también señala: "La alegación de turismo sanitario ha formado parte central de la política gubernamental de cobrar por la atención sanitaria a las personas cuyo asilo fue rechazado y a otros emigrantes sin estatus legal de residencia." El gobierno argumenta que la atención sanitaria gratuita en el NHS a aquellas personas que se considere que no tienen un motivo legítimo para emigrar al Reino Unido actúa como "efecto llamada", alentando la inmigración ilegal y desincentivando que las personas a las que se les rechazó el asilo se marchen. El cobro a determinadas categorías de emigrantes por la atención en el NHS es una medida introducida para poner fin al "efecto llamada" de la atención sanitaria gratuita y para abordar el denominado problema del "turismo sanitario".
"¿Existen realmente pruebas de turismo sanitario relacionado con el VIH que justifiquen, en términos de políticas de inmigración, que el NHS escoja cobrar la atención centrada en el virus de la inmunodeficiencia humana de entre todas las infecciones graves o de transmisión sexual?", se pregunta NAT. En el transcurso de doce páginas, el documento argumenta sólidamente que no existen pruebas que demuestren que el "turismo sanitario del VIH" constituya "un motivo significativo o real para emigrar al Reino Unido" y sí que hay numerosos datos que demuestran lo contrario, "en especial las menores tasas de prevalencia del virus en comparación con el país de origen, los dilatados retrasos [un promedio de cinco años] entre la llegada al país y el acceso a los servicios de realización de pruebas y atención del VIH, y los datos disponibles sobre las motivaciones reales de los emigrantes que llegan al Reino Unido".
El doctor Le Feuvre, médico de cabecera de Kent, declaró en la conferencia que las conclusiones de NAT coincidían con su propia experiencia. "En los últimos diez años, por East Kent han pasado decenas de miles de [refugiados y personas que solicitan asilo] y yo, personalmente, sólo recuerdo una persona de entre esas decenas de miles que parecía haber venido por el tratamiento médico. Además, la mayoría de las personas diagnosticadas de VIH y que abandonaron [el Centro de Acogida de Dover] lo fueron después de su llegada y no antes."
Una de las recomendaciones del documento es que, "dado que la provisión de tratamiento gratuito para el VIH no tiene relación con las tendencias de emigración, la justificación de la política gubernamental de cobrar por el tratamiento del VIH carece de todo fundamento. Se ha demostrado en otros lugares que la política, realmente, aumenta los gastos del NHS y pone en peligro la salud pública. El gobierno debe revisar su política a este respecto, de modo que se exima de pago al tratamiento del VIH".
El impacto de esta política fue abordado con decisión en la conferencia de la BHIVA por la profesora Jane Anderson, del hospital de la Universidad Homerton (al este de Londres), quien presentó un estudio de caso para ilustrar la desesperación en la que se encuentran los emigrantes con VIH indocumentados en Inglaterra. Habló de una mujer del este africano, de unos 35 años de edad, a la que un equipo médico de fuera de Londres rechazó extenderle una receta cuando sólo le quedaban antirretrovirales para tres días y carecía de medios para volver a su país de origen. "Le extendimos inmediatamente una receta para los fármacos antirretrovirales (…), y le dimos una tarjeta de viaje de nuestro fondo de beneficencia para que pudiera conseguir comida y apoyo de otras fuentes de beneficencia", declaró la profesora.
Asimismo, argumentó que la atención del VIH en el Reino Unido debería extenderse a todo el mundo y señaló que las nuevas directrices británicas sobre la realización de la prueba del virus, que incluyen una lista de “enfermedades indicadoras” que aconsejan que se ofrezca la prueba tipo “exclusión voluntaria” (opt-out), “sólo son éticamente aceptables si las personas con VIH son referidas de inmediato a servicios de tratamiento y atención de la infección”. Y añadió: “Aun así, se supone que tenemos que enviarlos a un sitio en el que contraerán una gran deuda. ¿Es ésta una práctica adecuada?”
Adam Hundt, un abogado especialista en derechos humanos ofreció una visión general de la complejidad de las normas y regulaciones que afectan al acceso al tratamiento y atención secundarios en el NHS, que describió como “una especie de campo de minas”. Señaló que existen situaciones, personas y enfermedades exentas de las regulaciones de pago, incluyendo el tratamiento realizado en los departamentos de urgencia, treinta y cuatro enfermedades infecciosas (incluyendo la tuberculosis y la hepatitis viral) y todas las infecciones de transmisión sexual excepto el VIH, a lo que se refirió como “una decisión política”.
Indicó que existe también mucha confusión entre los médicos respecto a lo que constituye un “tratamiento inmediatamente necesario” que deba ser ofrecido a cualquier persona con independencia de su posibilidad de pago. “Básicamente, especifica que si alguien necesita un tratamiento porque su enfermedad pone en riesgo su vida, porque si no lo recibe tratamiento de manera inmediata su vida correría peligro o porque podría producirse un daño permanente y grave si se retrasa la terapia, entonces esas personas deberían recibir cuidados con independencia de que puedan pagarlos o no y se les cobraría por ellos más adelante.”
De manera reciente, el doctor Ian Williams, presidente de la BHIVA, escribió al Departamento de Salud para argumentar que la atención al VIH debería considerarse inmediatamente necesaria, del mismo modo que lo es la atención por maternidad. “Creo que lo más importante es recordar que se trata de una cuestión de juicio clínico que no debería ponerse en cuestión por personal administrativo”, señaló el señor Hundt.
En el debate posterior, la profesora Anderson puso de manifiesto la paradoja de que un departamento gubernamental (el Departamento para el Desarrollo Internacional) respalde el acceso universal a los servicios de tratamiento y atención del VIH en el extranjero, pero otros dos departamentos (el de Salud y el de Interior) “niegan esa atención gratuita aquí, y además, a través de diversas decisiones legislativas y legales, envían a personas de vuelta a lugares donde no existe atención sanitaria. ¿Por qué no podemos tener políticas domésticas que coincidan con las que defendemos en el extranjero?”, se preguntó la profesora.
Referencias: National AIDS Trust. The myth of HIV health tourism.NAT, October 2008.
BHIVA Plenary Session 2. Treating migrant populations: eligibility for care. BHIVA Autumn Conference, London, 2008.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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