La contratación de seguros privados por parte de las personas con VIH debe evaluarse desde la perspectiva de los derechos humanos, pues un trato diferenciado puede esconder una discriminación.
La mayoría de edad se alcanza en España a los 18 años, según el artículo 12 de la Constitución, pero en el ámbito sanitario, según dispone el artículo 9.4 de la Ley 41/2002, a partir de los 16 años ya es posible tomar decisiones sobre los tratamientos médicos sin necesidad de contar con el consentimiento de sus representantes legales, que por lo general serán la madre y/o el padre.
La historia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) está estrechamente ligada a la investigación clínica. Los estudios y ensayos clínicos con medicamentos han posibilitado que en un tiempo récord se haya conseguido desarrollar un tratamiento antirretroviral (TAR) que es seguro y eficaz. Los estudios PARTNER han demostrado que la persona con carga viral indetectable gracias a la acción del TAR no transmite el VIH, aunque mantenga relaciones sexuales sin preservativo, es lo que se conoce como Indetectable = Intransmisible (Undetectable = Untransmisible). Más que nunca, gracias a esta evidencia científica, la respuesta al VIH debe estar basada en los derechos.
El acceso a la justicia es uno de los determinantes sociales de la salud, que son todos aquellos factores sociales (condiciones de empleo, exclusión social, políticas de salud pública, desigualdades estructurales entre mujeres y hombres) responsables de las desigualdades en salud. Cuando las personas experimentan situaciones de discriminación estructural, de exclusión social, de inseguridad en el empleo, pues no quieren que se conozca que tienen el VIH, su salud se ve afectada negativamente.
La inclusión de la profilaxis preexposición (PrEP) al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) entre las prestaciones financiadas con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha añadido una nueva herramienta para prevenir la transmisión del virus. No obstante, es muy importante tener en cuenta que la PrEP no protege frente a otras enfermedades de transmisión sexual.
Sí, cualquier persona puede acceder a la función pública porque este acceso se basa en los principios de mérito y capacidad, reconocidos en el artículo 103.3 de la Constitución Española (CE), y en el de igualdad, reconocido en el 14 y 23.2 CE y en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Siempre que se cumplan los requisitos legales, las personas con el VIH, como cualquier otra persona, tienen derecho a una serie de prestaciones de la Seguridad Social.
La confidencialidad con la que ha de tratarse la información personal sanitaria es uno de los aspectos que más preocupa a las personas con el VIH.
La reiteración de consultas realizadas por estudiantes de Ciencias de la Salud y por profesionales sanitarios con el VIH a la Clínica Legal sobre esta cuestión es constante. Su principal duda radica en saber si por el hecho de tener VIH podrán desempeñar su profesión en el ámbito sanitario.
Las personas con el VIH tienen derecho a una serie de prestaciones de la Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos legales. Una de ellas es la prestación por incapacidad laboral.
