Desde 2001, se han realizado 11 procesamientos en Reino Unido (uno en Escocia, diez en Inglaterra y Gales, con sólo una absolución) por casos de transmisión sexual del VIH. Además, se espera que varios casos más vayan a juicio en Escocia e Inglaterra a lo largo de las próximas semanas y meses. Aunque relativamente pequeños en número, el impacto de estos procesamientos ha sido muy amplio, galvanizando la sociedad civil y resultando en una consulta pública respecto a la confidencialidad por parte del Departamento de Salud, y en una consulta pública sobre la propia política del CPS.
EAGA está integrado por un gran número de los principales asesores sobre VIH y salud sexual de Reino Unido, otros expertos en los aspectos epidemiológicos, psicológicos, legales y de salud pública del VIH, y miembros de organizaciones comunitarias del VIH. El principal papel de EAGA es asesorar sobre VIH y SIDA a los diversos Departamentos de Salud de Reino Unido.
El interés público es algo más que condenar a los supuestos delincuentes
EAGA señala que la idea del CPS respecto a lo que podría ser el interés público “parece ser estrecha de miras” y que el “público tiene más intereses que la condena de delincuentes. Un interés que tiene es el propio control de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo la prevención de futuras transmisiones. Si la ley está constituida de tal modo que los procesamientos, o la posibilidad de que se produzcan, interfieren con la capacidad de los sistemas sanitarios de controlar [las ITS], entonces esto seguramente iría en detrimento del interés público”.
En consecuencia, EAGA sólo “apoya el uso de sanciones penales por la transmisión del VIH bajo ciertas circunstancias en las que exista una amenaza reconocida para la salud pública” y en las que “los beneficios de los procesamientos excedan los impactos negativos sobre la salud individual y pública”. Estos incluyen la infección deliberada e intencional y el “engaño respecto al estado serológico al virus/intento deliberado de engañar, en ausencia de circunstancias atenuantes”.
EAGA sugiere que “en los casos en los que el comportamiento sexual imprudente de una persona haya resultado en la infección de más de una pareja sexual, y en los que ese comportamiento se mantiene, habría una justificación de salud pública más firme para el procesamiento que cuando sólo existe un único afectado”, aunque “el procesamiento debería ser un último recurso, tras agotar otras medidas menos punitivas”.
Los procesamientos tienen un “impacto negativo sobre la salud pública”
EAGA mantiene que en su “experta opinión, basada en la experiencia directa e indirecta de sus miembros, el procesamiento penal de la transmisión imprudente del VIH está teniendo un impacto negativo sobre la salud pública, ya que tal política constituye una gran barrera para la normalización de la enfermedad”.
Señala que “los profesionales de la salud [están] cambiando los consejos que dan a los pacientes con VIH”, ya que “se les plantea un conflicto entre el establecimiento de un marco de confianza con sus pacientes y el hecho de saber que la información que los pacientes aportan sobre sus parejas sexuales y registrada en sus notas individuales podría ser requerida judicialmente y empleada contra ellos en un tribunal”.
Por el contrario, señala que “el riesgo de procesamiento penal puede conducir a” que las personas con VIH no revelen todos los detalles de sus prácticas sexuales, “en detrimento de la notificación de parejas y la salud pública”.
La política del CPS “menoscaba” la política del Departamento de Salud
EAGA señala el inherente “conflicto entre la política gubernamental sobre procesamiento penal y sus objetivos en la prevención del VIH y la promoción de la salud” y afirma que “no aprobaría ninguna política que tuviera el efecto de menoscabar iniciativas integradas en la respuesta del Departamento de Salud contra la epidemia del VIH”.
Sugiere que los procesamientos están aumentando “el estigma y la discriminación contra los afectados e infectados por el VIH” y señala que “los acusados quizá sean ellos mismos víctimas”.
EAGA destaca que “como principio general, es importante que las políticas del CPS apoyen los mensajes de salud pública de que la salud sexual es una responsabilidad compartida y que no debería confiarse en las suposiciones sobre el estado respecto a la infección como medio de protección”.
El CPS necesita comprender la ciencia del VIH
EAGA también desataca que “el CPS necesita reconsiderar el alcance de esta política tanto en términos científicos como prácticos. A fin de implementarla, los fiscales necesitarán tener una buena comprensión no sólo del VIH, sino de cada una de las otras ITS, sus medios y probabilidades de transmisión, etc.”.
“Parece que se supone”, señala EAGA, “que la ciencia de la transmisión del VIH es suficientemente robusta como para proporcionar indicios definitivos respecto al tiempo y ruta de transmisión. No se abordan las limitaciones de la evidencia científica. La posición respecto a infecciones bacterianas es aún menos clara”.
EAGA pone de relieve el hecho de que “los casos penales no pueden plantearse únicamente en base a indicios virológicos”, algo que también destacó la doctora viróloga Anna Maria Geretti, actuando como testigo experta en el reciente juicio penal que resultó en un veredicto de no culpabilidad.
“Considerados aisladamente”, afirma, “los indicios que demuestran una semejanza genética entre aislados de VIH de dos personas con VIH no pueden probar la dirección de la transmisión ni excluir la posibilidad de que las dos personas hayan compartido una fuente de infección común. Tales indicios tienen que ser examinados en el contexto de la información clínica y epidemiológica para comprender la probable secuencia de eventos (por ejemplo, el momento del diagnóstico puede ser crítico)”.
La necesidad de definir de forma pragmática el “daño realmente grave”
EAGA señala que “la percepción pública de la infección por VIH como una enfermedad temida con un resultado inevitablemente fatal no se corresponde con la realidad. Los avances realizados en el tratamiento implican que la infección por VIH puede, como muchas otras enfermedades crónicas, ser manejada médicamente con considerable éxito. Existen firmes indicios que demuestran que las personas diagnosticadas de forma temprana en el curso de la enfermedad pueden esperar gozar de una buena calidad de vida y una supervivencia prolongada”.
La consulta de CPS también incluye la referencia a una amplia variedad de infecciones víricas y bacterianas, algunas de las cuales pueden ser adquiridas por vía sexual. EAGA señala que esto es “uno de los aspectos más inquietantes del documento”. Admite que “ampliar la política para cubrir otras infecciones puede ser deseable para evitar la estigmatización del VIH”, pero añade que “existe un peligro de confusión ya que hay significativas diferencias entre las infecciones enumeradas. Cuestiona la comprensión del CPS de la naturaleza de las ITS, cómo se transmiten y si pueden provocar una lesión grave en términos pragmáticos.
Como ejemplo, pone el caso del herpes genital, que “se trata simplemente de una pupa en los genitales, realmente se cree que la mitad de los casos en Reino Unido están provocados por la transmisión del herpes de la boca a los genitales de la pareja durante el sexo oral. El daño corporal grave que provoca es pequeño y la mayoría de las personas que lo contraen no se ven ni siquiera alteradas psicológicamente por él a largo plazo. Aún considerando la definición en el documento, parece ir contra el sentido común que esto pudiera ser considerado como una lesión corporal grave”.
EAGA añade que el VHS, el virus que provoca el herpes genital, a menudo pasa de padres a hijos a través de un beso en la mejilla. “¿Por qué debería considerarse lesión corporal grave infectar a una pareja con herpes genital a través del sexo, pero no cuando un adulto infecta a un niño por un beso en la mejilla, o a otro adulto por besarle en la boca?.”
Destaca que “el CPS tiene que aceptar el asesoramiento de expertos respecto a la gravedad de [las ITS]. En la inmensa mayoría de los casos, pretender el procesamiento de la transmisión sería una respuesta completamente desproporcionada”.
Recomendaciones clave de EAGA
- La política del CPS debería promover comportamientos sexuales y actitudes respecto a la prueba del VIH responsables: afirmando que el uso apropiado del condón es incompatible con una acusación de transmisión imprudente; clarificando que el revelado del estado tras un incidente de exposición para permitir que pueda realizarse profilaxis post-exposición (PEP) constituirá una firme presunción contra el procesamiento por transmisión imprudente; reconociendo el hecho de que (ya que sólo las personas que saben que tienen VIH pueden ser procesadas) esta política puede funcionar como un desincentivo para la realización de la prueba.
- La política del CPS debería respaldar la salud pública convirtiéndola en uno de los factores a tener siempre en cuenta al considerar la prueba del interés público.
- El CPS debería establecer un umbral elevado para su definición de daño grave para desalentar los casos “triviales” y asegurar que el procesamiento sea una respuesta proporcionada.
- El CPS debería establecer criterios mucho más restringidos para valorar la posibilidad de procesar a una persona.
- El CPS no debería procesar a nadie por transmisión imprudente del VIH sólo en base a evidencia virológica.
- La respuesta completa de EAGA (en inglés) a la consulta del CPS puede descargarse de la página web de la respuesta a la consulta de EAGA (http://www.advisorybodies.doh.gov.uk/eaga/responses.htm ).
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt)
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