Lisa Power, de la organización Terrence Higgins Trust y Edwin J. Bernard, editor del boletín de NAM sobre tratamientos AIDS Treatment Update, declararon en la conferencia que los juicios penales estaban teniendo muchas consecuencias no deseadas.
Ya se han producido 15 juicios y 13 condenas en Reino Unido. Ocho de ellas resultaron de declaraciones de culpabilidad, lo que suscita preocupación sobre la calidad del consejo legal que están recibiendo los acusados. Tres acusados eran hombres gay y cuatro del África subsahariana, pero han sido incriminadas todo tipo de personas, incluyendo dos mujeres. Power dijo que le constaba la existencia de muchos otros casos de hombres gay investigados, pero que no habían llegado a los tribunales.
Power afirmó que la situación legal interfería en la relación doctor/paciente; casi la mitad de las personas con VIH declararon en una encuesta de la Coalición Personas que Viven con VIH de Reino Unido que eso les haría ser menos sinceros a la hora de tratar temas de sexo con los médicos y sólo el 15% dijo que aumentaría su honestidad. Podría hacer que las personas fueran reacias a indicar a sus parejas que solicitaran profilaxis post exposición (PPE) en caso de accidentes con el condón y el personal clínico se mostró confuso respecto a su responsabilidad legal en caso de que una persona con VIH revelara que había practicado sexo sin protección, o hubiera sido infectada por una pareja identificada.
Dijo que la consecuencia más alarmante en este momento era que la policía local y los fiscales estaban extremadamente confundidos sobre la ley y realizaban "búsquedas inadecuadas de casos infundados", con consecuencias agobiantes para las personas con VIH.
Citó varios ejemplos. En uno, un hombre gay con VIH había tenido una breve relación con un hombre sin VIH, empleando condones. Cuando reveló que tenía el VIH, citando su estado serológico como un motivo por el que creía que la relación no iba a funcionar, su pareja informó de él a la policía, que, durante meses, siguió intentando acusarle de varios "delitos inexistentes".
En otro, un hombre recién diagnosticado de VIH dio el nombre de la persona que creía le había transmitido el virus. La policía se presentó en el hogar de esta persona con una furgoneta antidisturbios y le dijo que sería arrestado si no los acompañaba a la clínica para realizar una prueba del VIH. La prueba resultó ser negativa, pero el hombre se vio profundamente angustiado por la experiencia.
En numerosos casos, una acusación de transmisión, o incluso que alguien con VIH estuviese practicando sexo sin protección, condujo a expediciones "de pesca", rastreando la policía los contactos sexuales de las personas para encontrar un caso de infección.
La ley tiene como diana a los más vulnerables: "La absolución parece estar estrechamente relacionada con la capacidad para manejarse dentro del sistema y obtener ayuda experta", afirmó Power.
“La ley parece mala, los médicos están confusos y divididos, a las personas sin VIH se las anima a ser complacientes [con su salud] y muchas personas con VIH están preocupadas”, añadió.
Edwin J. Bernard, en la sesión plenaria de inauguración de la conferencia, afirmó que el peor impacto de la ley era que perpetuaba las divisiones sociales.
"Enfrenta a la mayoría moral contra las personas con VIH, a los pacientes contra los médicos, a las mujeres con VIH contra los hombres con VIH, a los hombres gay con VIH contra los hombres gay sin VIH y a las personas con VIH "buenas" contra las personas con VIH "malas"", afirmó.
Dijo que existía una contradicción directa entre la ley, que establece que las personas con VIH son 100% responsables de no transmitir a nadie su virus y la política de salud pública, que establece que todos son responsables por igual de atender a su salud sexual.
Bernard también afirmó: "La ley dice a la gente sin VIH : ‘Confía en que las personas revelen su estado serológico para protegerte, ya que están obligadas a ello’. Las campañas de salud pública dicen: ‘No puedes confiar en la revelación del estado serológico’".
La situación legal no ayudó a los hombres gay sin VIH (tres cuartas partes de los cuales esperan que una pareja con VIH revele su estado serológico al VIH antes de practicar sexo) a establecer una idea realista de los riesgos sexuales, declaró.
Añadió que los juicios estaban teniendo ya muchas otras consecuencias no deseadas. Una tiene que ver con la investigación científica, en donde los investigadores ahora evitan preguntar a las personas con VIH sobre los riesgos sexuales que habían tomado, ya que equivaldría a auto-incriminarse.
Aún no se han publicado los resultados de una consulta pública realizada por el Servicio del Ministerio Fiscal de la Corona, a pesar de que se esperaban para febrero de este año y se esperaba que una reciente consulta del Departamento de Salud se hubiera publicado a finales de junio. La consulta del Departamento de Salud incluyó propuestas que podrían ampliar el ámbito de la ley, convirtiendo una posible exposición al VIH en un delito incluso aunque no se produzca la transmisión del virus, como ocurre en algunos países
Bernard coincidió con Lisa Power en que los médicos estaban confundidos sobre qué decir a las personas diagnosticadas de VIH.
"Algunos médicos creen que tienen que aconsejar a todas no sólo emplear condones, sino también revelar su estado serológico. Otros piensan que su deber legal es informar a personas que no son sus pacientes de que su paciente las pone potencialmente ‘en riesgo’ y otros más creen que deberían aconsejar a los pacientes recién diagnosticados que se quejasen a la policía. Nada de eso es correcto", afirmó.
Referencias: Bernard Edwin J. Reckless law? The impact of criminal prosecutions for sexual HIV transmission in the UK. Eighth AIDS Impact Conference, Marseille. Opening plenary presentation 5.7, abstract 656. 2007.
Power L. Unintended impacts of prosecutions for HIV transmission in England and Wales. Eighth AIDS Impact Conference, Marseille. Presentation 47.1, abstract 208. 2007.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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