Dicho esto, la controversia sobre la inmigración no es la única “patata caliente” política relacionada con el VIH rondando en este momento. Para comprender por qué un país con un registro ejemplar en prevención, tratamiento y derechos humanos relacionados con el VIH ha adoptado súbitamente una actitud intolerante, podría ser útil una cierta comprensión del trasfondo político.
A lo largo de los últimos meses, Australia ha pasado de un estado de tolerancia sobre el VIH a un frenética actividad política, hecho impulsado por dos casos destacados que implicaron a personas que han sido acusadas de transmitir el VIH de forma deliberada o imprudente a varias personas. Y, en un extraordinario giro de los acontecimientos, un reciente aumento de las tasas de infección por VIH en numerosos estados de algún modo se transformó en un llamamiento del Primer Ministro para revisar las leyes de inmigración australianas.
El VIH en el trasfondo legal australiano
La respuesta de Australia al VIH es complicada por la división de competencias entre el gobierno nacional (Commonwealth) y los estados. El cuidado sanitario se financia conjuntamente por ambos niveles de gobierno (así como por los pacientes/receptores en muchos casos).
Cada estado y territorio cuenta con sus propias leyes sobre salud pública que podrían ser aplicadas a la transmisión del VIH y son administradas por departamentos de salud basados en distintos estados. De forma similar, el gobierno nacional y los estados tienen responsabilidad en distintos aspectos de la ley.
El derecho penal que podría aplicarse a la transmisión del VIH por lo general es responsabilidad de los estados. De nuevo, estas leyes varían entre las jurisdicciones y son administradas por agencias estatales (policía, departamentos de Asesoría legal, oficinas de la Fiscalía General y por juzgados de los estados). En resumen, cada estado y territorio posee sus propias leyes sobre salud pública y derecho penal que podrían aplicarse a la transmisión del VIH y estas leyes varían de un estado a otro (se puede consultar un breve resumen [en inglés] aquí: http://www.afao.org.au/view_articles.asp?pxa=ve&pxs=103&pxsc=127&pxsgc=139&id=561). Aunque existen similitudes concretas, también existen auténticas diferencias.
La confianza de Australia en una respuesta de salud pública al VIH ha creado el entorno favorable para el excelente registro en prevención y gestión del VIH del que goza el país.
Hasta hace poco, las leyes penales y de salud pública han convivido en una especie de incómodo status quo, ya que podría haberse recurrido a cualquiera de los dos aspectos de la ley para tratar situaciones específicas donde el comportamiento de una persona tiene/o corre riesgo de provocar daño a otros. Las leyes penales han sido empleadas tan raramente que, en la mayoría de las jurisdicciones, la relación entre estos dos aspectos de la ley (informados por dos enfoques muy diferentes para abordar los comportamientos difíciles de las personas) no ha sido examinada detenidamente, por no decir probada. Ahora todo esto ha cambiado.
El caso de Michael Neal
Michael Neal fue arrestado en Victoria en mayo de 2006. Ahora ha sido acusado de más de 100 delitos, incluyendo el intento de infectar a otras personas por VIH, violación y posesión de pornografía infantil. Brevemente, los cargos se refieren a un número de "víctimas", al menos una de las cuales ha dado positivo al VIH. La policía afirma que a pesar de saber que tenía VIH, Neal práctico sexo sin protección con numerosos hombres entre 2000 y 2005. Previamente había tenido una relación con uno de estos hombres, a quien presuntamente drogó y con el que después práctico con amplitud sexo sin protección.
Los medios de comunicación australianos han citado a "un oficial de policía" que dijo que Neal alardeó sobre el número de personas que había infectado y que pidió al menos a una persona que le ayudará a propagar la enfermedad.
Se han producido denuncias de denominadas "fiestas de conversión" organizadas para infectar hombres sin VIH desprevenidos. En este punto es vital señalar que el caso aún no ha salido a juicio (sólo se ha realizado una vista judicial –commital hearing–, de modo que ninguna de las horripilantes denuncias aún no ha sido probada ante un tribunal y el tribunal podría no encontrarlas verosímiles
El caso de Neal ha tenido un efecto crucial sobre la gestión del VIH en Australia y ha puesto de relieve la distancia existente entre las leyes de salud pública y penales y su administración en un estado australiano en particular, con repercusiones en el resto. Se sabe que el Departamento de Servicios Humanos de Victoria recibió quejas de que Neal estaba "propagando deliberadamente el VIH" en 2001. Se recibieron nueve quejas más a lo largo de los cinco años siguientes.
Desde de julio de 2004, el departamento realizó una serie de órdenes judiciales contra Neal, las cuales no acató. En enero de 2006, el Panel Asesor de Casos de VIH de Victoria recomendó al responsable de salud del estado que se detuviera a Neal en interés de la salud pública. El departamento no empleó su autoridad para detenerlo o informar a la policía. Neal fue arrestado por la policía unos cuatro meses más tarde, un período durante el cual supuestamente intentó infectar al último hombre al que se refieren los cargos.
El portavoz de la Oposición en temas de Salud de Victoria y el presidente del Comité Asesor Ministerial nacional sobre SIDA, Salud Sexual y Hepatitis, solicitó el cese del responsable de salud. El ministro defendió sus acciones afirmando que resultaron de una "falta de comunicación entre el panel asesor y el responsable de salud" esto es, el responsable de salud no era consciente de la recomendación del panel. El ministro negó tener ningún conocimiento del caso.
El caso Neal ha revelado la ausencia de procedimientos apropiados entre los funcionarios del Departamento de Salud y la policía. La policía obtuvo el historial de Neal del Departamento de Salud mediante una orden judicial y también intento hacerse con archivos de agencias de salud basadas en la comunidad, como el Victorian Aids Council, sin una orden.
Se ignora exactamente qué sucedió, pero por error, a la policía se le dieron los historiales referidos no sólo a Neal, sino a Neal y otras diez personas con VIH que habían sido motivo de preocupación por parte del Departamento de Salud a lo largo de las últimas dos décadas. La policía ya ha acusado a una segunda persona por haber causado un daño grave de forma imprudente al no declarar su estado serológico al VIH a una pareja sexual femenina.
Esta serie de eventos ha motivado el inicio de una revisión interna y confidencial de los procedimientos del Departamento de Salud para tratar con personas con VIH que se implican en comportamientos problemáticos.
El caso de Stuart McDonald
En abril de 2007, Stuart McDonald fue detenido sin cargos en función del Acta de salud pública de Australia del Sur. Ya ha sido acusado de poner en peligro vidas en siete casos y ha sido puesto en libertad bajo fianza. De nuevo, los comportamientos que supuestamente tuvieron lugar no han sido probados y podrían haber sucedido o no.
Supuestamente McDonald se encontró con los hombres implicados empleando alias en el servicio de citas de internet "Gaydar". La acusación lo ha descrito como "un manipulador activo" y alega que en algunas ocasiones se quito el condón durante la práctica sexual. Se han empleado pruebas filogenéticas, declarando las autoridades que actualmente once hombres portan su cepa de VIH, que no se registró en el estado hasta 1998 cuando el acusado se trasladó allí. Aún no se ha demostrado si McDonald fue la fuente directa de todas estas infecciones o simplemente el vector que introdujo una nueva cepa de VIH en el estado.
En este caso también ha tenido un efecto significativo sobre la opinión australiana respecto a la conexión entre salud pública y derecho penal respecto al VIH y ha suscitado un interés político significativo. Se ha declarado que hace algún tiempo se informó al Departamento de Salud de que McDonald había infectado conscientemente a alguien y que una segunda persona también había presentado una queja.
Antes de su detención, McDonald fue objeto de una orden supervisora y, tras algún retraso, compareció ante un panel de expertos en octubre de 2005. Las autoridades ahora creen que McDonald continuó con sus actividades inseguras.
La "gestión" del caso de McDonald es atípica en muchos aspectos. Es la primera persona detenida sin cargos en Australia del Sur en base al Acta sobre Salud Pública y Medioambiental.
Después de haber sido acusado penalmente, la policía se opuso a la concesión de una fianza, pero el magistrado decidió establecer unas condiciones de fianza onerosas, incluyendo el requisito de portar un aparato de seguimiento electrónico, la prohibición de acceso a internet, someterse a pruebas de alcohol o drogas y prohibir cualquier visita no autorizada. También se le prohibió abandonar su propiedad, excepto para realizar consultas médicas, momento en que debe estar acompañado por una persona designada por el departamento.
A continuación, el asesor legal de gobierno "realizó un llamamiento para redactar un informe" sobre la concesión de la fianza, pero el director de la fiscalía pública le aseguró que dadas las "inusualmente estrictas" condiciones de fianza impuestas a McDonald, su oficina afirmó que "está segura de que tanto la comunidad como las supuestas víctimas están adecuadamente protegidas". La portavoz sobre ley y orden de la oposición afirmó públicamente que las condiciones de la fianza tenían que ser endurecidas.
Reveladoramente, el gobierno de Australia del Sur encargo un informe urgente al abogado Stephen Walsh, que incluyó asesoramiento sobre la idoneidad de la legislación y directrices empleadas para tratar con estos casos. El informe de Walsh contiene 18 recomendaciones entre las cuales están:
- convertir en delito que una persona con VIH tenga relaciones sexuales sin revelar su estado serológico e informar a la otra persona del riesgo de contraer el VIH;
- exigir que los trabajadores sanitarios notifiquen al departamento cualquier circunstancia en la cual las personas con VIH no estén tomando todas las medidas razonables para prevenir la transmisión;
- desarrollar directrices formales sobre cuándo el departamento debería contactar con la policía.
A pesar de las cuestiones sobre las limitaciones del informe, por ejemplo, no hubo una investigación o revisión que implicara una exhaustiva búsqueda y consulta literaria, el gobierno de Australia del Sur ha dicho al Departamento de Salud del estado que tome acción inmediata para implementar las recomendaciones y también ha solicitado consejo legal sobre una posible responsabilidad con respecto a una posible acción civil.
Revisiones nacionales
Todos estos casos se produjeron frente a un aumento del 41% de las infecciones por VIH en Australia a lo largo de los últimos cinco años, una cifra políticamente sensible en el contexto de una inminente elección federal con el gobierno por detrás en los sondeos de opinión.
Los casos, y su tratamiento inadecuado, encendieron las luces de alarma en todas las jurisdicciones por miedo a que aparecieran casos similares "en su propio patio". Todos los Departamentos de Salud ya han realizado revisiones de las directrices relevantes sobre el manejo de personas con VIH que han puesto a otras en peligro, el tema figura en la agenda del próximo encuentro del Consejo de Ministros de Sanidad Australianos (AHMC) y están en marcha dos revisiones nacionales, cuyos informes se espera sean presentados en el encuentro AHMC:
- El subcomité de Virus Sanguíneos e Infecciones de Transmisión Sexual (un organismo intergubernamental previamente conocido como "IGCHARD") ha estado trabajando para desarrollar directrices consecuentes a escala nacional para el manejo de personas con VIH. Robert Griew, profesor asociado en la Facultad de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad de Nueva Gales del Sur, que recientemente revisó las directrices de Nueva Gales del Sur, ha recibido el encargo de trabajar en este proyecto.
- El Departamento de Salud y Envejecimiento del gobierno nacional también ha iniciado una revisión, que se pretende sea independiente, de las estructuras y procesos existentes para responder al VIH. La revisión está siendo realizada por el profesor John McNeil, director del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash.
Al mismo tiempo, el organismo asesor ministerial se ha reunido para considerar las ahora bastante divergentes tasas de infección por VIH en tres grandes estados. El encuentro se produjo después de un intensivo reanálisis de todos los datos epidemiológicos, sociales y de comportamiento de los últimos diez años, en un intento de clarificar por qué las tasas de Nueva Gales del Sur han permanecido estables mientras que las de Victoria y Queensland han aumentado en más del 50% en los últimos cinco años.
El Primer Ministro entra en el debate
En medio de un entorno mediático ya altamente cargado, generado por la vista judicial de Michael Neal, el gobierno de Victoria informó de sus estadísticas anuales sobre notificaciones del VIH para 2006, que revelaron un aumento del 17% de las infecciones por VIH a lo largo del año anterior.
Probablemente en un intento de desviar la presión política, el ministro de Salud anunció que, de estas notificaciones, casi la mitad se refirieron a "inmigrantes" al estado, lo que llevó al Herald Sun de Melbourne a proclamar "Flujo de emigrantes con VIH en el estado".
Esa mañana coincidió que el primer ministro estaba en la radio, donde se le preguntó si se debería permitir la emigración de personas con VIH, a lo que éste respondió: "Bueno, me gustaría recibir algo más de consejo y asesoramiento sobre esto. Mi reacción inicial es que no. Deben existir algunas consideraciones humanitarias que podrían matizar esto en algunos casos, pero prima facie, no".
De hecho, la referencia del Ministro de sanidad de Victoria a los "inmigrantes" agrupó a aquellos que habían sido diagnosticados fuera del país y a aquellos que fueron diagnosticados en otros estados australianos.
Cincuenta de los 70 "inmigrantes" fueron personas que habían sido diagnosticadas previamente en otro estado. De los 20 casos registrados como provenientes del extranjero, la inmensa mayoría provenía de países con baja prevalencia, como Nueva Zelanda, Reino Unido y similares, o personas nacidas en Australia que habían viajado y fueron diagnosticadas en el extranjero, según reveló Margaret Hellard del Instituto Burnet.
A pesar de esta aclaración, el Primer Ministro siguió adelante. El 1 de junio, declaró que debería prohibirse la entrada a Australia a las personas con VIH:
"Mi punto de vista es que lo mejor sería que no se permitiera la entrada en el país a ningún tipo de estas dolencias… Voy a revisar la actual situación y quiero que se realicen los trámites para que, en la medida de lo posible, esto no suceda. Examinaremos esto la próxima semana o así".
El periódico Age ha declarado que la campaña del Primer Ministro sigue adelante a pesar del consejo de sus ministros de Salud e Inmigración, que recomendaron que no debería impedirse a las personas con VIH/SIDA que se trasladen a Australia y que la inmigración no ha tenido un impacto significativo en la infección por VIH en Australia.
Australia ya realiza rigurosas pruebas del VIH a aquellas personas que desean inmigrar de forma permanente. Si se descubre que una persona tiene VIH, es rechazada automáticamente y debe apelar. En la práctica, muy pocas personas tienen éxito. El Departamento de Inmigración ha afirmado que ha permitido quedarse a 64 inmigrantes con VIH, "principalmente parejas: maridos o mujeres o parejas del mismo sexo de ciudadanos australianos".
Postscript
Desgraciadamente, esta semana (26 de junio de 2007), un hombre de Sudán con VIH que entró en Australia en julio de 2006 “de forma indefinida por motivos humanitarios”, fue puesto en prisión preventiva acusado de haber practicado de forma imprudente sexo sin protección. Supuestamente infectó a su pareja, que está embarazada de él, mantuvo sexo sin protección con otra mujer cinco veces y practicó sexo sin protección en diez ocasiones con una chica de 16 años, siendo forzada al menos una de las veces. De nuevo se encuentra bajo la vigilancia del Departamento de Servicios Humanos de Victoria.
En el actual ambiente, probablemente esto tenga amplias ramificaciones.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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