La corte suprema del estado de California (EE UU) ha dictaminado que las personas con VIH pueden ser demandadas por transmitir el VIH a una pareja sexual, incluso en el caso de que no conozcan su estado serológico al VIH. Al fallar en un caso en el que los abogados habían exigido que un hombre revelara su historial sexual previo a fin de probar si había infectado o no a su mujer por VIH, los jueces de California decidieron ayer que el acusado debería haber sido consciente de que estuvo en riesgo de haber adquirido el VIH.
El caso fue formulado como resultado de una acción legal emprendida por Bridget B, que se casó con John B en el año 2000. Demandó a su antiguo marido para compensar la angustia emocional y engaño sufridos tras descubrir que tenía VIH en octubre de 2000, cuatro meses después de casarse con John B.
Los abogados de John B declaran que el estado serológico de éste aún era negativo al VIH seis semanas antes de que su mujer diera positivo en la prueba del VIH y que adquirió la infección a través de su mujer. Los abogados de Bridget B afirman que cuando preguntaron a John B sobre su estado al VIH, un año después de que Bridget B hubiera sido diagnosticada de VIH, admitió que había practicado sexo con hombres antes de su matrimonio.
Se pidió a la corte suprema de California que decidiese si una persona que tiene motivos para saber que puede tener VIH (el denominado “conocimiento constructivo”) debería estar obligada a revelar su historial sexual previo en una acción legal. No se le pidió que determinara específicamente si la transmisión involuntaria del VIH podría ser motivo de responsabilidad en un caso civil ni que determinara si la transmisión involuntaria del VIH constituye un delito (sólo el poder legislativo de California tiene la facultad de tomar tal decisión).
La decisión fue criticada en un “informe de minoría” realizado por dos miembros de la corte suprema del estado, uno de los cuales afirmó que la sentencia contradecía la política del estado, pero en la opinión mayoritaria, el juez Marvin R. Baxter argumentó que permitir acciones legales basadas en el conocimiento constructivo (cuando es razonablemente previsible por un actor razonablemente inteligente que sus acciones pueden producir daño), creaba los incentivos correctos para la realización de la prueba del VIH. De otro modo, concluye, las personas podrían evitar realizar la prueba para asegurarse de que no podrán ser demandados por sus parejas.
El juez Carlos Moreno, discrepando de la opinión mayoritaria, predijo que la sentencia conduciría a “una avalancha de acciones legales en venganza planteadas por demandantes cuya motivación no es tanto descubrir cómo adquirieron el VIH como forzar acuerdos económicos o acosar a una antigua pareja sexual”.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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