La doctora Fabienne Hariga, de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delitos, y el doctor Alasdair Reid, de ONUSIDA, remarcaron las desalentadoras estadísticas de salud referentes a las personas que están en la cárcel. Según Hariga, hasta el 65% de algunas poblaciones carcelarias están infectadas por VIH.
Además de esto, afirma Alasdair Reid, las tasas de tuberculosis en las prisiones son hasta 50 veces superiores a las registradas en la población general. Se observan tasas más altas en los reclusos que han cumplido sentencias más largas, lo que relaciona el hecho de adquirir la tuberculosis con el tiempo pasado en prisión. Los internos tienen, asimismo, más posibilidades de morir por tuberculosis y/o falta de tratamiento que la población no encarcelada.
La doctora Hariga insiste en que estos malos indicadores no sólo suponen una amenaza para la salud de los reclusos, sino también para la salud pública, ya que, al ser puestos en libertad los internos, el VIH y la tuberculosis pueden propagarse con facilidad en las comunidades.
El personal de prisiones, además, se ve afectado por la elevada incidencia de ambas infecciones. En referencia a los proyectos relacionados con estas dos enfermedades en cárceles (patrocinados por el Departamento de Correccionales de Sudáfrica y el Instituto Aurum), Salome Charalambous señala que gran parte de los funcionarios de prisiones se sometieron a más pruebas, tratamientos y control de las infecciones por las preocupaciones sobre su propia salud.
“Las cárceles no están aisladas de la comunidad”, advierte Fabienne Hariga. Y añade: “Hay personas trabajando en ellas y existe una elevada frecuencia de reclusos que entran y salen”.
Sin embargo, a pesar de las desalentadoras estadísticas de salud, las reformas penales eficaces, que incluyen un aumento de los servicios sanitarios para los reclusos, están lejos de ser una realidad. La especialista indica que “existe una falta de interés” entre los artífices de políticas, lo que se traduce en una escasez de fondos para abordar los problemas de salud de los internos. “En muchos lugares del mundo, no existen programas sanitarios en las prisiones”, afirma.
La compleja naturaleza de las poblaciones reclusas también contribuye a que haya un número reducido de programas. La doctora Charalambous mencionó problemas logísticos que dificultan la realización de pruebas y la administración de tratamiento a los prisioneros en el estudio sudafricano, que con frecuencia son desplazados de una cárcel a otra o puestos en libertad, lo que interrumpe el seguimiento y tratamiento del VIH y la tuberculosis.
En gran parte debido a su movilidad, se perdió el seguimiento del 21% de los pacientes que iniciaron la terapia antirretroviral en el marco de uno de los programas del estudio. En otra cárcel, siete de los 22 que fueron convocados para un seguimiento habían sido transferidos a otro centro antes de realizar la revisión.
Para mejorar las bajas tasas de retención en los programas, el ensayo en marcha sólo inscribe a internos con una sentencia de cuatro meses como mínimo. Los responsables, además, “etiquetan” a las personas inscritas, alertando a las autoridades penitenciarias para que no las transfieran a menos que sea esencial para los propósitos del estudio.
Por otra parte, el uso de diagnósticos basados en síntomas para identificar posibles pacientes con tuberculosis resulta difícil entre las poblaciones carcelarias. En el estudio sudafricano, el 46% de los pacientes mostraron algún síntoma de tuberculosis, mientras que el 37% presentaron tres.
Sin embargo, Charalambous conjetura que parte de esto puede atribuirse al entorno carcelario en general, más que a la infección por tuberculosis específicamente y, en consecuencia, indica: “El chequeo de los síntomas podría no ser tan eficaz en este ambiente”.
Pese a estos retos, la doctora Charalambous se muestra esperanzada en que los reclusos suponen un ‘público cautivo’ para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y el VIH. Su estudio sugiere que los internos pueden mostrarse receptivos a dichos programas: en una sede, el 98% de los reclusos aceptaron inscribirse. El doctor Reid coincide en esto y considera que los reclusos ofrecen oportunidades únicas para tratar a poblaciones marginadas.
Para estimular la realización de más programas sanitarios en prisión, el doctor Reid insta a llevar a cabo más estudios que valoren la tasa de infección por VIH y tuberculosis en las cárceles: aunque los datos que demuestran la elevada tasa de infección por ambas dolencias entre la población carcelaria están fácilmente disponibles, resultan más difíciles de encontrar las cifras que señalen a las prisiones como entornos propicios a su propagación.
A fin de promover la voluntad política, Reid aprueba la “defensa, identificación y puesta en evidencia” de los países que potencian algunos de los peores indicadores respecto a la superpoblación carcelaria, el VIH y la tuberculosis y las violaciones de los derechos humanos. “El informe mundial es esencial para conseguir que los países se tomen esto en serio”, concluye.
Referencias: Charalambous S. TB-HIV in prisons and the community response: the case of South Africa. Presented at the 40th Union World Conference on Lung Health, 2009.
Hariga F. Access to HIV and TB services in prison setting, injecting drug users in prisons: myths and realities. Presented at the 40th Union World Conference on Lung Health, 2009.
Reid A. Guidelines and advocacy: HIV/TB, prisons, IDU and poverty. Presented at the 40th Union World Conference on Lung Health, 2009.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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