En el curso de mítines y encuentros celebrados en Australia, Canadá y Suecia, importantes jueces, abogados y políticos hicieron frente común con activistas seropositivos y las organizaciones de la sociedad civil en la condena del actual enfoque del sistema de justicia penal respecto al no desvelado del estado serológico al VIH, la exposición al virus y su transmisión.
El pasado año, tras una avalancha de nuevas leyes penales en África referentes a la transmisión del VIH, y de un mayor número de enjuiciamientos basados en las leyes existentes, el juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, Edwin Cameron, hizo un apasionado llamamiento para iniciar “una campaña contra la criminalización”, en la ciudad de México. La pasada semana, el juez Cameron acudió a encuentros en Suecia y Canadá para ayudar a que la campaña siguiera en marcha.
En un simposio sobre VIH y derechos humanos, organizado por la Red Legal Canadiense sobre el VIH/Sida (Canadian HIV/AIDS Legal Network), el juez Cameron destacó que Canadá tiene el “dudoso honor” de haber enjuiciado, per cápita, a más personas con VIH que cualquier otro país por no haber revelado el estado serológico al VIH antes de la práctica, por lo demás consensuada, de sexo sin protección.
“El enfoque sesgado que Canadá está aplicando a los delitos de exposición [al VIH] está enviando un mensaje terriblemente retrógrado a otros países, en especial a los de mi propio continente, África”, afirmó durante una exposición pública el viernes por la noche en Toronto (Canadá), antes del simposio del fin de semana.
Esa misma semana, los parlamentarios canadienses Libby Davies, Bill Siksay y Hedy Fry se habían reunido con activistas, personas que viven con VIH y simpatizantes en una concentración realizada en la Colina del Parlamento de Ottawa (Canadá), organizada por el grupo activista de base Legalize AIDS (“Legalizar el sida”), en protesta por la criminalización que el país hace de las personas con VIH basándose en unas leyes sobre revelado del estado serológico al VIH que los activistas consideran discriminatorias.
Durante la concentración, la parlamentaria por Vancouver Este, Libby Davies, afirmó: “Estamos hoy aquí para defender decididamente nuestra postura de que la estrategia de criminalización relacionada con el VIH/sida no va a abordar los asuntos de salud pública con los que tenemos que tratar. No va a plantear las complejas cuestiones del comportamiento humano con las que tenemos que tratar. No va a abordar los temas de sexualidad y cómo enfocamos nuestras responsabilidades individuales, colectivas y sociales”.
También en Australia se están realizando esfuerzos por mitigar el impacto de los enjuiciamientos penales. El pasado jueves, la jueza del Tribunal Supremo australiano, Virginia Bell, ayudó a lanzar una nueva guía dirigida a los abogados referente a la transmisión criminal del VIH y elaborada por el Centro Legal sobre el VIH/Sida de Nueva Gales del Sur (HALC, en sus siglas en inglés).
Respecto a la publicación de dicha guía, David Buchanan, un importante abogado especialista en derechos civiles, señaló que existía una tensión cada vez mayor entre “la extraordinaria variedad y profundidad de las fuerzas de salud pública agrupadas contra las leyes que criminalizan a las personas con VIH” y la opinión pública.
Sin embargo, afirmó que el movimiento contra la criminalización no está bien definido, ya que “el enjuiciamiento de personas con VIH en [Nueva Gales del Sur] potencialmente puede servir tanto para reivindicar el derecho básico de las personas a la protección frente a un daño, como para desbaratar una de las prácticas más exitosas del mundo en lo referente a la protección de la salud pública”.
El pasado martes, el juez Cameron acudió a un encuentro en Estocolmo organizado por HIV Sweden (“VIH Suecia”), para debatir en torno al VIH y la legislación penal en Suecia y otros países nórdicos.
En el encuentro se comentó que, a menudo, las leyes suecas se aplicaban de forma selectiva y discriminatoria, incluyendo el reciente caso de una mujer emigrante africana que había acudido a la policía después de haber sido violada por dos hombres.
No obstante, en vez de a sus agresores, la policía acusó a la mujer por exposición al VIH. El caso sigue abierto.
Peter Gröön, de la Diputación Provincial de Estocolmo, expuso datos que evidenciaban que los emigrantes africanos (diez de las 16 personas enjuiciadas en los últimos cinco años) también recibieron sentencias de prisión más prolongadas que sus equivalentes suecos. El juez Cameron declaró en el encuentro que este tipo de excepcionalismo del VIH, alimentado por el estigma, no debe tolerarse. “Queremos [que el VIH se trate] ni mejor ni peor que cualquier otra enfermedad”, afirmó.
En el encuentro también se comentó que una coalición de organizaciones de base y de la sociedad civil en Noruega podría conducir a la abolición de la actual ley del país referente a la exposición y transmisión del VIH, Sección 155, que ha dado lugar a diez enjuiciamientos en los últimos cinco años.
La ley, que no permite que las personas sin VIH consientan la realización de sexo sin protección y apenas hace distinción entre exposición y transmisión del virus, aplica todo su rigor sobre las personas con VIH para que revelen su estado serológico e insistan en el uso de preservativos, a fin de poder evitar una posible acción judicial.
A través de una campaña -que incluyó el envío a cada parlamentario noruego de información referente a las desigualdades de la ley, y la redacción de un destacado artículo periodístico del juez Cameron (publicado en mayo)-, los representantes de HIV Manifesto y HIV Norway mostraron su esperanza de que la ley fuera derogada durante la revisión del Código Penal del país.
En el encuentro se comentó que este año podría aprovecharse una oportunidad similar en Suecia, durante el debate público que seguirá a una propuesta para alargar las sentencias de prisión por asalto (la ley a la que se apela para realizar los enjuiciamientos penales por exposición y transmisión del VIH en Suecia).
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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