gTt-VIH

Una sala de venopunción se enfrenta al rechazo vecinal en Barcelona

En España las personas con VIH siguen falleciendo en proporciones relativamente elevadas: si sólo contamos las que mueren a causa de enfermedades que definen SIDA, estamos cerca de 2.000 al año; si contamos también otras que están relacionadas, como el fracaso hepático, pero que no son oficialmente SIDA, podríamos presumi­blemente estar cerca del doble. En este último caso, las muertes achacables directa e indirectamente al VIH entre adultos jóvenes (18-49 años) serían en nuestro país las segundas en número después de los accidentes de tráfi­co (también cerca de las 4.000 anuales).

En otras ocasiones hemos llamado la atención aquí sobre el hecho de que la no contabilización de las muertes por fallo hepáti­co distorsionaba seriamente la foto del impacto del VIH/SIDA en nuestro país.

Esta vez queremos llamar la atención sobre ese par de miles de personas que cada año fallecen en España por condiciones que defi­nen SIDA. Aunque no hay un estudio completo que abarque todo el territorio del Estado, informantes médicos aclaran que la mayoría son pacientes que llegan a urgencias hospitalarias en estado muy avanzado por dos razones: o bien han tenido síntomas persistentes y progresivos de SIDA que no han sido reconocidos en los servicios de atención primaria (porque por ejemplo la persona no pertenezca a los falazmente denominados ‘grupos de riesgo’), o bien son per­sonas en situación de alta vulnerabilidad social, como l@s sin techo o l@s usuari@s de drogas.

El acceso a cuidados y tratamientos de l@s usuari@s activ@s de drogas inyectables (UADI) es una de las asignaturas pendientes de la protección sociosanitaria. Con frecuencia, la denegación de terapia antirretroviral o para la hepatitis B o la C a un/a UADI tiene más de deficiencias del modelo organizativo, escasez de recursos o bien simple prejuicio que de constatación real (véase La Noticia del Día 16/06/05). Cierto es que l@s UADI tienen problemas de adhesión a los tratamientos y otras prácticas de gestión de la salud, pero nadie ha demostrado que sean insalvables si se pone a su disposición el servicio adaptado adecuado.

En Barcelona, España, el Ayuntamiento de la ciudad ha tomado la iniciativa de instalar una sala de venopunción en el recinto del complejo hospitalario de la Vall d’Hebron, lugar en el que se ubica uno de los grandes hospitales con servicio de atención en VIH. Una sala de venopunción ofrece a l@s UADI un espacio de inyección lim­pio, con material desechable, profesionales sanitarios y de apoyo psicosocial, y la posibilidad de asearse, descansar brevemente y tomar alimentos. Ya existe otra en la ciudad que lleva seis meses de experiencia, y hay otras dos programadas a corto plazo.

La idea de crear una sala de venopunción en un recinto hospita­lario es especialmente atractiva ya que l@s UADI pueden presentar patologías múltiples: VIH, hepatitis, otras ITS, endocarditis, afeccio­nes cutáneas, desnutrición o enfermedades mentales, por ejemplo. La cercanía a los servicios clínicos puede facilitar el trabajo de l@s mediadores, y que ést@s elaboren estrategias para el cuidado de la salud de estas personas, como por ejemplo la adhesión a la toma de terapia antirretroviral o antihepatitis.

Sin embargo, l@s vecin@s del entorno están protestando agre­sivamente contra la puesta en marcha del servicio. Alegan que no han sido consultad@s y que además en la zona no hay problemas de adicción a drogas inyectables. Responsables municipales les han ase­gurado que cada año 300 conciudadan@s residentes en ese distrito de la ciudad piden ayuda relacionada con el uso de drogas, número suficiente para justificar la creación de la sala. Estas razones no han sido suficientes, y ayer mismo algun@s ciudadan@s exaltad@s cau­saron destrozos importantes en los alrededores.

La experiencia del primer espacio inaugurado, en Ciutat Vella, así como los estudios de otras salas de venopunción existentes en Europa, demuestran que éstas no generan más inseguridad, antes al contrario, canalizan la distribución espacial del uso de drogas, lo que redunda en un mayor control. Además, las salas están en coordina­ción permanente con las fuerzas policiales.

Pero existe otra razón no explicitada para oponerse a la sala de venopunción en el barrio: el temor a que los pisos en propiedad pierdan valor en el mercado inmobiliario. L@s vecin@s probable­mente piensan que cuando quieran vender sus casas éstas habrán bajado sustancialmente de precio porque será más difícil que alguien quiera irse a vivir al lado de un espacio que frecuentan UADI.

En el fondo, piensan, es injusto que la solidaridad social conlle­ve una merma de su patrimonio. Sin embargo, el resto de barcelo­neses hemos sido solidari@s con ell@s: hace tres años que el metro se prolongó por esa parte de la ciudad, la Vall d’Hebron, tras inver­siones multimillonarias que pagamos entre tod@s, algo que sin duda hizo crecer el valor de sus propiedades: ¿no es el momento de que ejerzan su responsabilidad colectiva aceptando, con todas las garan­tías, un equipamiento pensado para atender las necesidades vitales de l@s miembros más vulnerables de nuestra comunidad?