gTt-VIH

CAXPOU son las siglas de Comisión de Asesoramiento Jurídico Penitenciario de Ourense. Una joven abogada de esta comisión, que lleva funcionando desde el año 90, nos cuenta la importante labor que realizan de asesoramiento jurídico gratuito a personas que están en prisión. Pocas asociaciones en nuestro país ofrecen un servicio similar.

L+P: ¿Cómo surge vuestra asociación?
CAXPOU: Porque de la misma manera que la ley dice que tene­mos derecho a un abogado de oficio, l@s pres@s no tienen derecho a asistencia judicial gratuita para los temas penitenciarios propios. Entonces esta comisión surge como reivindicación por parte de abo­gadas y abogados de que haya asistencia judicial gratuita para l@s pres@s que la demanden, y de que se cree en todos los colegios un turno penitenciario.

L+P: ¿El trabajo es voluntario?
CAXPOU: Sí, lo cual hace que la gente que se dedique sea poca, pero motivada.

L+P: ¿Cuáles son los temas más recurrentes según vuestra experiencia?
CAXPOU: De todo tipo. Uno de los temas más recurrentes es que les contactemos con sus abogad@s, porque no reciben informa­ción de quién es, su nombre, teléfono... y no mantienen el contacto permanente. Otras veces cuando consigues ponerte en contacto, la otra persona no está en condiciones de quedarse con tu nombre aunque le des tu tarjeta. También puede resultar que tengan causas pendientes en Murcia, Cartagena... Y luego, sobre todo, está el tema del régimen, tener expedientes disciplinarios, peticiones a la junta, regresión de grado, temas de puesto de trabajo, de pensiones, etc. Actualmente tenemos entre 300 y 400 casos de personas ahí dentro. El año pasado tuvimos unas 1.300 consultas.

L+P: ¿Cuántas personas sois en la comisión?
CAXPOU: Trece. Subimos de dos en dos, y cada vez vemos a una media de treinta intern@s. Tenemos un sitio allí y hablamos como lo estamos haciendo tú y yo, sin cristal ni nada, en una habitación char­lando sin problemas. Pueden consultar los temas más íntimos. Hicimos más de 600 peticiones de distintos recursos. A veces nos confunden con los servicios de orientación penitenciaria. Los hay en algunas cárceles. L@s reclus@s tendrían que solicitarlos, para eso están y son gratuitos. Muchas veces tenemos que avisar que nosotr@s no tenemos nada que ver con la prisión, sino todo lo con­trario.

L+P: ¿Tenéis constancia de la vulneración de los derechos a la salud de las personas privadas de libertad?
CAXPOU: Sí, principalmente en relación con los problemas de salud mental, de psiquiatría, con las medicaciones, de cómo se dan, la falta de tratamiento psiquiátrico y psicológico, la salud dental, las visitas extrapenitenciarias al especialista…

L+P: ¿Crees que sería necesario mejorar las consultas con el especialista?
CAXPOU: Hay casos de pres@s que llegan a estar bastante enferm@s y no se les baja al especialista hasta al cabo de tres meses o más. Se vulneran sus derechos. Puede suceder también que se pro­duzca el traslado y no llega todo el expediente médico completo. Entonces la gente se traslada de prisión en prisión sin las pautas de medicación, sin la pauta de la metadona: hacen el traslado peniten­ciario, pero no el médico.

L+P: ¿El historial llega parcelado?
CAXPOU: Llega a trozos. Durante unos cuantos días, tienes que depender de la buena voluntad del/la funcionari@ para que llame al centro de referencia... Es un problemón. Porque, además, para tras­ladarte de Barcelona a Galicia no te llevan directamente, sino que tardas 20 días y te hacen pasar hasta por Cádiz. La medicación dia­ria en estas condiciones se hace imposible y no la toman. Esto es terrorífico.

L+P: ¿Consideras que l@s reclus@s conocen sus derechos?
CAXPOU: Creo que conocen bastante sus derechos. Otra cosa es que luego sepan por dónde tirar. La gente se va autorresponsibi­lizando de su vida. Tú subes arriba, les ayudas y ell@s aprenden, por­que tienen tiempo y ganas. Conocen el servicio que damos para así hacer valer sus derechos; aquí es donde echas una mano. Generalizando, conocen lo que es la literalidad, pero en prisión la literalidad de la ley es la que menos se cumple.

L+P: ¿Conocéis la resolución de casos que habéis llevado?
CAXPOU: No lo sabemos. El juzgado de vigilancia se encuentra en Pontevedra y es común para la prisión de la A Lama en Pontevedra y la de Pereiro en Ourense, con lo cual no tenemos acce­so al expediente. Trabajamos de manera muy precaria en muchos aspectos, no tenemos acceso a resoluciones...

L+P: Es decir, que resulta difícil hacer un seguimiento.
CAXPOU: A nosotr@s nos es difícil por esta circunstancia.

L+P: Sería una de las cosas que se podría mejorar.
CAXPOU: Sí, claro. Se tendría que cumplir lo que dice la ley, y la ley dice que donde haya un centro penitenciario tiene que haber también un juzgado de vigilancia. En nuestra provincia existe centro, pero no juzgado.

L+P: ¿Existen experiencias similares a la vuestra en otros puntos del país?
CAXPOU: Sí, en el País Vasco hay comisiones, en Pamplona tam­bién, en Madrid. En Andalucía hay en Córdoba, Sevilla, Málaga, Cádiz y en Huelva. Pero lo que deberíamos hacer es intentar que en todos los sitios haya una subcomisión que suba a todas las prisiones. No lo conseguimos en Castilla la Mancha. En Cataluña empieza a funcionar ahora, una propia en Barcelona y otra que aglutina los 14 colegios de Barcelona y provincias.

L+P: Algo más que quieras añadir...
CAXPOU: Me parece interesante que l@s pres@s sepan que en determinados sitios hay servicios y que tienen que preguntar por ellos, que pregunten si hay colegio de abogados, y que pregunten por un/a abogad@. También habría que forzar a los colegios a que empiecen a prestar asistencia jurídica. Muchas veces los colegios están motivados por el tema de extranjería, de violencia doméstica..., pero el tema de prisión se olvida. Recomendaría a l@s pres@s que soli­citen información, que reclamen sus derechos, que soliciten un abo­gado...