La injusta legalidad de las aseguradoras


Joan Bertran de Bes

Imagen: Nos quitaron la justicia y nos  dejaron la leyQue algo sea legal no quiere decir que sea justo. Así lo vio, a principios del siglo XX, el escritor español Pío Baroja al decir que “la ley es inexorable, como los perros: no ladra más que al que va mal vestido”, y del mismo modo lo ve, en el XXI, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, al afirmar que “nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley”.

Y lo vemos claramente hoy en día, cuando las compañías aseguradoras niegan a las personas con VIH el acceso a seguros de vida y accidente, al figurar el VIH/sida en su listado de exclusiones previas a la contratación, siendo en muchos casos la única enfermedad que aparece especificada a pesar de su actual carácter crónico en países como España.

La exclusión implica que una persona con VIH no pueda acceder a determinados préstamos en los que la contratación del seguro de vida es una condición indispensable. Es una situación injusta, que coloca a las personas con VIH en una posición de desventaja, y negándoles la posibilidad de acceder a la vivienda por la vía de la hipoteca o el desarrollo de negocios a través del crédito, con la consiguiente exclusión socioeconómica que representa.

Hasta el momento, no se ha rebatido la legalidad de estas prácticas, pues las aseguradoras, como entidades privadas, pueden imponer ciertas condiciones en un contrato de adhesión y tienen la facultad de decir si lo aceptan acogiéndose a la libertad contractual de los operadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las leyes vigentes tienen que ajustarse a derecho, y si vulneran la Constitución, en este caso en su artículo 14 respecto a la no discriminación, su legalidad es, al menos, discutible.

La iniciativa más reciente para revertir esta inequidad viene desde Navarra, donde el Parlamento, a instancia de las ONG locales, aprobó el 24 de marzo una Propuesta de Ley que ya ha sido admitida a trámite en el Congreso para que se declaren “discriminatorias las cláusulas contenidas en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluye de determinadas prestaciones y servicios a personas con VIH/sida” y, por lo tanto, sean “nulas” y se tengan por “no puestas”.
Para rebatir los argumentos de las aseguradoras, que temen las posibles pérdidas económicas, las organizaciones no gubernamentales defienden que los datos que las empresas manejan sobre el VIH/sida han quedado obsoletos. En esta línea, se dispone de estudios recientes que avalan que las personas con VIH no solo pueden llegar a tener una esperanza de vida equivalente a la de la población general, sino también conservar un estado de salud suficiente para hacer frente a cualquiera de las responsabilidades familiares, sociales, profesionales y económicas que quieran asumir.

El Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH ha apoyado la iniciativa de Navarra, haciendo aportaciones a la redacción final de la Propuesta de Ley y está liderando una iniciativa comunitaria que pueda dar una respuesta global a esta problemática. Durante este año, se celebrarán unas jornadas en las que se intentará reunir al los diversos actores implicados (Administración, aseguradoras, personas afectadas, ONG y asociaciones de consumidores) para conseguir que, como mínimo en este caso, la legalidad sea justa.

Casos reales

“Tengo 26 años y soy jardinero. Las cosas me iban bien y decidí comprar un piso. Al hacer la hipoteca, el banco me pidió que contratara un seguro de vida, y para obtenerlo, decidimos, conjuntamente con el empleado bancario, obviar que tenía VIH. Hace unas semanas, sufrí graves lesiones en un accidente, he obtenido la incapacidad permanente y no puedo hacer frente a la hipoteca. El seguro no quiere hacerse cargo, alegando que obvié la información sobre el VIH”.

“Mi marido (con VIH) y yo (sin VIH) contratamos un seguro para cubrir los costes de defunción sin que nos pidieran firmar ninguna declaración de salud. Cuando mi marido murió, la aseguradora me dijo que no cubría las defunciones por VIH y que debía devolver los costes del entierro. Aunque él falleció por un virus adquirido en el quirófano, el médico en el certificado de defunción hizo constar que tenía el VIH”.

Esto es solo una muestra de los casos atendidos por el servicio de asesoría jurídica del Observatorio de DD HH y VIH/sida.

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Joan Bertran de Bes, es Técnico de proyecto del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH observatorio@redvih.org