La normalización de la enfermedad y la plena integración social de las personas afectadas distan mucho de lo que sería deseable, por más que los artífices de políticas se empeñen en vaticinar que la cronificación del VIH pondrá fin a la excepcionalidad del sida. Prueba de ello es que los derechos de las personas con VIH continúan siendo vulnerados.

Uno de los ámbitos en el que se hace más evidente la situación de desigualdad por razón del VIH es en el empleo. El desconocimiento general sobre la infección, la realización de pruebas de detección del virus sin consentimiento y la discriminación a la que se ven sometidos trabajadores y trabajadoras con VIH provocan que en este colectivo se dé un nivel de desempleo que triplica el de la sociedad española en su conjunto.

Los datos que confirman esta desigualdad laboral, que tiene que ver con la percepción social de la enfermedad y las actitudes hacia las personas afectadas, son reveladores: un informe reciente mostró que el 30% de la población española se sentiría incómoda si tuviera que trabajar en una oficina con una persona con VIH.

Ante esta situación, no valen ni medias tintas ni los propósitos de enmienda que nuestros políticos repiten, a modo de mantra y año tras año, en sus discursos bien intencionados del día 1 de Diciembre. Ha llegado la hora de un concierto social, con la participación de administraciones públicas, sindicatos, empresarios y sociedad civil organizada, que permita la plena integración de las personas con VIH al mundo del trabajo.