En la actualidad, alrededor de unos 67 países tienen restricciones de entrada para personas con VIH, una medida que atenta contra el derecho fundamental a la libre circulación que discrimina por motivos de salud.
Entre estos países se incluye todavía EE UU. En julio de 2008, el antiguo inquilino de la Casa Blanca, George Bush, firmó una normativa que parecía iba a ser el fin de la prohibición legal de entrada al país norteamericano de personas con VIH, que ha estado en vigor desde 1987. La noticia fue recibida por las organizaciones internacionales de lucha contra el sida y por la ONU como una muestra de cambio en una de las leyes más restrictivas y discriminatorias en la política de inmigración estadounidense. Sin embargo, hasta la fecha y con la nueva administración Obama la situación no parece haber mejorado.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU (DHHS, en sus siglas en inglés), organismo final encargado de aplicar el levantamiento de la prohibición, va por libre y aún no lo ha hecho. Tampoco ha retirado la infección por VIH de la lista de enfermedades infectocontagiosas que impiden la entrada a ese país.
Desde la firma revocatoria de Bush hasta ahora, son varios los casos de personas con VIH a las que se les ha denegado la entrada al país, incluidos pasajeros en tránsito (aquéllos que llegan a EE UU para viajar desde allí a otro país).
Entre éstos, destaca el caso reciente del activista británico Paul Thorn, invitado como orador a una conferencia sobre salud en Seattle (EE UU), que decidió no mentir y solicitar el visado de entrada para PVVS que se exige actualmente para ingresar en este país. Las autoridades estadounidenses denegaron la petición de visado a pesar de que la solicitud estaba avalada por dos senadores del Congreso de EE UU.
Hasta que los DHHS no cambien la regulación, la única medida de cambio que se ha implementado es que las personas con VIH que quieran visitar EE UU deben solicitar un visado especial, de 30 días máximo, en cualquier consulado estadounidense, demostrando, suficientemente, que no representan un riesgo para la salud pública norteamericana.
En este sentido, varias organizaciones, como por ejemplo la Red Mundial de Personas que viven con VIH/sida (GNP+, en sus siglas en inglés), entre otras, han denunciado que este trámite obligatorio para las PVVS no supone ni un inicio real de cambio en las restricciones de entrada, ni mucho menos un simple control migratorio sanitario, sino una medida discriminatoria encubierta que tampoco garantiza a estas personas que se les autorice el visado, tal como le sucedió al activista Thorn. La decisión última sobre quién entra y quién no, la toma de forma subjetiva el oficial consular de turno que realice la entrevista.
Por este motivo, las organizaciones internacionales como GNP+ piden a la administración Obama que EE UU se una al resto de países que permiten la libre circulación de personas con VIH y que cumpla la promesa que hizo, en su momento, de eliminar por completo dicha prohibición.
Es contradictorio que la nueva administración estadounidense, que ha tomado medidas progresistas en materia de investigación con células madre, en el levantamiento de restricciones en los fondos federales para la ayuda internacional en la lucha contra el sida, impuestas por la anterior administración, o a favor de los derechos de personas homosexuales, no haya consolidado aún la derogación absoluta de la vergonzosa normativa de entrada. Parece, pues, que en el país del ‘¡Yes, we can!’, no todos pueden decir lo mismo.
Puedes obtener más información sobre las restricciones de entrada que imponen algunos países a personas con VIH en las páginas centrales de este número de LO+POSITIVO o en el sitio web www.hivtravel.org (sólo en inglés).
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