En aquellos primeros tiempos, la respuesta de las autoridades y de la sociedad en su conjunto se movió entre el desprecio y la indiferencia. Una reacción que no sólo acrecentó el dolor y el sufrimiento de quienes se vieron infectados y afectados por el VIH, sino que también sentó las bases para la extensión universal de la que ya se ha convertido en la mayor pandemia que ha conocido la humanidad en toda su historia.

La discriminación hacia las personas con VIH supone una vulneración de los derechos humanos y, por tanto, cuestiona los cimientos de cualquier sociedad democrática, pero además, como ha reconocido ­ONUSIDA, obstaculiza de raíz cualquier esfuerzo en materia de prevención para contener la propagación de la enfermedad.

Sin duda, la situación ha cambiado mucho respecto a los años ochenta, y en gran medida ello ha sido ­posible gracias al trabajo y al coraje de muchas personas afectadas por el VIH. Ahora hay más información y menos miedo, y se ha ganado algo de terreno en materia de derechos.

No obstante, mientras las personas con VIH tengan que seguir ocultando su condición serológica para no sufrir rechazo en su círculo familiar y social, mientras se les vete el acceso a servicios y prestaciones que el resto de la población disfruta por derecho propio, mientras su libertad de movimiento esté en entredicho, es decir, mientras no se respeten los derechos ­fundamentales de las personas con VIH, entonces el estigma y la discriminación seguirán siendo la gran tarea pendiente.