Hoy día, la Publicidad Directa al Consumidor (PCD) de productos y tratamientos médicos a los que puede accederse exclusivamente con receta es legal sólo en dos países, EEUU y Nueva Zelanda. En ambos observamos hoy que estas campañas publicitarias, que son ampliamente reproducidas en televisión y revistas, la mayoría de las veces no ofrecen una descripción equilibrada de los efectos asociados a tomar la medicina: los riesgos y efectos secundarios potenciales no se mencionan o se minimizan.

Estas campañas, obviamente, siguen el comprensible deseo de la industria de maximizar sus ganancias y promover el uso de tratamientos de marca, en vez de concienciar al público general sobre las enfermedades y opciones médicas disponibles. Desde 1997, de hecho, los fármacos más publicitados han contribuido significativamente a incrementar el gasto farmacéutico en EEUU. Este incremento en gasto en la Unión Europea podría amenazar directamente la sostenibilidad financiera de los programas de atención sanitaria nacionales. Es más, el valor educativo de estas campañas publicitarias es, como mucho, muy cuestionable.

Los regímenes antirretrovirales para el VIH/SIDA provocan con frecuencia efectos secundarios que deben monitorizarse estrechamente, y creemos que l@s pacientes deberían estar completamente informad@s sobre los efectos, sean éstos positivos o negativos, que puedan esperar de las píldoras. Los efectos secundarios son la principal causa de falta de adhesión lo que, en ciertos casos, podría conducir al fracaso del tratamiento. Creemos por ello que es de la máxima importancia que todos los efectos secundarios asociados con los tratamientos sean estrechamente monitorizados y documentados con rigor.

La información sobre tratamientos debe basarse en investigación actualizada y fidedigna y en el conocimiento clínico. No debe estar vinculada a ningún interés comercial. Pero además, debe ser fácil de entender para l@s pacientes. Es la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) quien, ya que está asumiendo cada vez un papel más activo en la autorización centralizada de nuevos tratamientos, ha de tomar la iniciativa para mejorar la calidad de la información sobre tratamientos que se pone a disposición de l@s pacientes en Europa.

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A estas alturas, que información y publicidad son cosas diferentes es algo que quien más quien menos lo tiene claro. A veces la línea de separación es difícil de discernir, pero no cuando quien te proporciona la información tiene un interés comercial en ella: estamos ante publicidad sin lugar a dudas. Cuando te llega un comunicado, un artículo o una foto, y ves la marca de una compañía acompañándolo, ¿acaso no sabes que lo que se busca es convencerte de la bondad del producto?

Se trata de si las personas con VIH, y por extensión cualquier persona usuaria del sistema de salud, pueden ejercer como consumidor adulto. Dicen que una compañía farmacéutica no puede ofrecer información imparcial: no creo que nadie pretenda tal cosa. Es más, tengo la convicción de que eso, la información imparcial, no existe, que sólo es posible la información plural, es decir, el contemplar diferentes puntos de vista.

La publicidad de fármacos, se dice también, minimiza los efectos secundarios. Seguro, basta con leer el prospecto que acompaña los envases para inmunizarse, y hasta alarmarse. Pero la prohibición de la publicidad directa a pacientes no está evitando clamorosos fallos en los sistemas de fármacovigilancia, que son los que en todo caso hay que tomar en serio, dotándolos de más y mejores recursos.

La publicidad aporta visibilidad (¿os imagináis un anuncio de Crixivan o Zerit en EL PAÍS?) e interpela al/la paciente como lo que es, un sujeto que toma decisiones. Dicen que esto subiría los precios de los medicamentos. No es lo que los datos muestran: los precios son desorbitados no porque se basen en el coste más un tanto por ciento de beneficio, sino pura y simplemente en el valor que el mercado pueda soportar.

En el fondo de la negativa a permitir información o publicidad directa (ya da igual los términos) a quien vive la dolencia y no decir nada sobre la que recibe el especialista, creo que late el prejuicio de que un/ médic@ es capaz de resistir los mensajes sesgados y un/a paciente no. Ello a pesar de que es el primero el que posee –y poseerá– el monopolio de la prescripción.

Actualmente sólo quienes tenemos acceso a internet y sabemos inglés tenemos la mala fortuna de acceder a la publicidad de medicamentos en las webs. ¿Es eso lo que queremos?