Discriminaciones, en EspaÑa


 

Recientemente, en un número de su diario, pude leer un extenso artículo sobre la represión en China, basado en un documento de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), el colmo de la expresión de dicho atentado contra los derechos humanos era que a l@s drogadict@s de ese país se les analiza sin son portadores del virus del SIDA (VIH) sin su consentimiento. 

El número del 13 de septiembre de 2003 del periódico médico British Medical Journal (BMJ) insiste con dureza y justicia en la denuncia de esa discriminación. Yo, en mi condición de médico de hospital público en activo, soy consciente, sin embargo, como mis compañer@s, de lo que plenamente habitual y generalizado es que en España se hace extracción y determinación del VIH a innumerables personas/pacientes (preoperativos y otros problemas o procedimientos) sin que se les solicite consentimiento ni conozcan en absoluto tal hecho, como está legalmente establecido. Esta discriminación, junto a las otras muchas discriminaciones e inequidades sociales que se dan en la sociedad española, me hace dudar de si en realidad esta sociedad "nuestra" se rige por los principios democráticos por excelencia: "libertad, igualdad, fraternidad", o coexistimos con una amplia hipocresía moral y social. ¿Qué dicen públicamente las autoridades sanitarias españolas sobre la práctica real en las entidades sanitarias acerca del VIH y el consentimiento informado? 

Benito Otero Martínez, médico, Gijón Carta al Director de ‘El País’, publicada el 20 de septiembre de 2003. 

Tal y como informa el Dr. Benito Otero en su carta publicada en El País, la realización de la prueba de detección del VIH/SIDA sin el consentimiento informado del paciente se está generalizando en la práctica clínica de los hospitales españoles. En el Hospital del Valle de Hebrón de Barcelona, según fuentes cercanas al centro hospitalario, la prueba de detección del VIH se realiza sistemáticamente a todas las mujeres en el tercer mes de embarazo sin el consentimiento escrito de la paciente. Esta práctica irregular también se podría estar dando en otros hospitales catalanes y probablemente del resto del país al amparo de un tema de salud pública y protección a terceros. 

Esta medida viola los derechos fundamentales de l@s pacientes recogidos en los artículos 9, 10, 11 y 66 de la Ley General de Sanidad del 25 de abril de 1986 (Ley 14/1986) y en concreto el derecho del consentimiento informado según el cual se requiere el  consentimiento escrito del/la paciente para cualquier intervención.