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Real Decreto-ley 16/2012

Foto. Acto de protesta contra el Real Decreto-ley 16/2012Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar el Sistema Nacional de Salud es el título de un decreto-ley que aporta una serie de elementos nuevos en la sanidad española. Entre ellos, reintroduce el concepto de ‘asegurado’ en lugar del de ‘ciudadano’, lo que no sólo aparta a algunos sectores de la población del sistema público de salud, sino que, según los expertos, apunta hacia diversos niveles de aseguramiento, incluido el privado, a semejanza de otros países europeos.

Foto: Zaragoza, mayo 2012

La medida preocupa sobre todo por la manera en que van a ser tratadas las personas más vulnerables. ¿Los inmigrantes sin papeles tendrán derecho a los antirretrovirales? ¿Dependerá de la comunidad autónoma en la que vivan? ¿Hasta qué punto el copago puede afectar a las personas con VIH? ¿Limitar a un colectivo el acceso a la sanidad pública a través de urgencias, no puede resultar aún más costoso? ¿No debería el gobierno hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis? ¿El país puede abandonar la recesión disminuyendo el estado del bienestar de sus personas? ¿No se fomentan las desigualdades?

Estas nuevas medidas han ido acompañadas de la desaparición de las partidas destinadas al Plan Nacional sobre el Sida en los presupuestos generales del Estado y las que se transferían a las comunidades autónomas para la misma finalidad.

Empezaron las movilizaciones


Frente a estas decisiones, siete ciudades españoles acogieron, el pasado 9 de mayo y de forma simultánea, distintos actos reivindicativos coordinados a través de la Alianza de Plataformas del VIH para exigir al Gobierno una respuesta “comprometida, eficaz y sostenida” en la lucha contra el VIH en nuestro país.
Las 300 entidades estatales y autonómicas que, durante 30 años, han estado trabajando —junto con otros agentes sociales— para erradicar la epidemia del VIH y sus consecuencias sociosanitarias, redactaron un manifiesto en el que denunciaban la “falta de políticas claras”, además de advertir de las “nefastas consecuencias” que tendrá la nueva Reforma Sanitaria y los recortes económicos en la atención del VIH.

Foto: Acciones en mayo 2012

“Este Gobierno, o carece de estrategia, o está falto de voluntad política. Existe una incertidumbre total”, denunció Julio Gómez, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH y Sida del Estado español (REDVIH). “A día de hoy, no hay una persona responsable del Plan Nacional sobre el Sida y, además, este año finalizará la vigencia del ‘Plan Multisectorial frente a la infección por VIH’, que marca las directrices a seguir. Los recortes pueden ser del 50% o incluso más”.

Estas movilizaciones han puesto en alerta a las organizaciones que luchan contra el VIH/sida. “Tenemos una capacidad de ir juntos que nos diferencia de otros movimientos”, explica Juan Ramón Barrios, presidente de la asociación zaragozana OMSIDA y miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA. “Aunque esto no significa que nos tengan en cuenta. Cuando decidieron eliminar la partida dedicada a la lucha contra el VIH que había en los presupuestos, no nos consultaron para nada”.

Imagen: Destacado de textoBarrios teme que el Plan Nacional sobre el Sida tenga los días contados. “El Gobierno intentó eliminarlo, pero al final colgaron en el Twitter que no desaparecía, lo que es una informalidad. Sin embargo, van a desmantelarlo poco a poco”. Ante esta situación, las ONG deben reinventarse. “Tenemos que ser realistas y ver qué servicios podemos ofrecer. Vamos a tener que dar unos pasos atrás, que las organizaciones se basen en personas implicadas, activistas, voluntarios… Nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias”.

Y seguir luchando. “Tenemos que unirnos con colectivos de inmigrantes, el 15M, la comunidad LGBT; hay que hacer un frente común… y hacer todo lo posible para evitar la criminalización del VIH y políticas racistas como la que niega la asistencia sanitaria a los inmigrantes”.

Defendiendo a los más vulnerables


Hay personas que se verán especialmente afectadas por esta limitación de derechos, como el colectivo de trabajadores y trabajadoras sexuales. Existen entidades, como la catalana Stop Sida, que, sabiendo de su alta movilidad geográfica, disponen de un programa para, entre otras acciones, facilitar a dicho colectivo el acceso al sistema sanitario. Está financiado por el ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Plan Nacional sobre el Sida.
“Hasta el momento, conseguíamos con relativa facilidad tarjetas sanitarias por un año, renovables, sin necesitar un certificado de empadronamiento. Pero los trámites se complican cada vez más. También ofrecemos el servicio de prueba rápida del VIH y sífilis, acompañamientos al hospital… Todo esto está en claro riesgo por la situación económica de la entidad”, advierte Adriana Morales, técnica de proyectos de Stop Sida.

“Recibimos muchas llamadas de preocupación de personas que quieren saber cómo les va a afectar, qué les va a pasar. Hay una falta de información permanente. Por otra parte, nosotros trabajamos con mujeres transexuales que, además, tienen barreras culturales. Para las procedentes de Latinoamérica, en sus países se discrimina a las personas con VIH en los centros de salud; una vez aquí, muestran un desconocimiento del circuito sanitario y de las asociaciones que pueden ayudarles… Hay chicas, aunque son la minoría, que llevan mucho tiempo en España y no saben que el empadronamiento es importante. La tarjeta sanitaria les suele quedar lejos. Nosotros intentamos darles este asesoramiento”, añade.

TranSex2010, un estudio de Stop Sida con mujeres transexuales trabajadoras del sexo de hace dos años, mostró que un 17% habían comunicado haber dado positivo en la última prueba del VIH.

“Es un colectivo vulnerable, por la competitividad, la relaciones conflictivas, la inmigración, la soledad afectiva y social, la discriminación y el rechazo, la falta de oportunidades laborales… Muchas veces, no tienen un domicilio fijo, incluso les es difícil empadronarse”.

En la entidad, también han notado un aumento de trabajadores sexuales autóctonos que asisten a las actividades que organizan: servicios de inserción laboral, talleres preventivos, información personalizada sobre salud sexual… “Hay trabajadores y trabajadoras sexuales que vienen a recoger preservativos y lubricantes. Son personas que antes no acudían porque ya tenían recursos para conseguirlos por su cuenta”, explica Luis Villegas, de Stop Sida.

“Estamos empezando a percibir un aumento de jóvenes autóctonos de 19-20 años que se dedican al trabajo sexual. Muchos brasileños han vuelto ahora a su país. Aunque el colectivo con el que nos es más difícil trabajar sigue siendo el de los hombres de Europa del Este y del Magreb que, al no identificarse como gais, tienen mayor resistencia para acudir a nuestra organización”.

Lo que también ha aumentado es la competencia en su actividad. Los precios bajan y algunos necesitan irse unas semanas de viaje por Europa en busca de nuevos clientes, pero mantienen su residencia fija en Barcelona. Los circuitos de trabajo en España siguen localizándose entre Madrid y Barcelona y, en verano, en la costa y las islas.
Foto: Acción Zaragoza, mayo 2012
“Lo que constatamos es que, los que viven con VIH, debido a los viajes y a las relaciones que a veces establecen con los clientes, tienen dificultades de adhesión al tratamiento. Si, además, añadimos los problemas económicos y la ausencia de una legislación coherente, su prioridad no siempre puede ser la salud. Esta situación les hace más vulnerables”.

El trabajo de Stop Sida, asimismo, no se centra en trabajadores sexuales de alto standing, sino en los que se mueven en saunas, por la calle, en internet... “Si se dificulta el acceso a los condones y los lubricantes, la información sobre salud sexual, los talleres… les añadimos un problema más y les hacemos más vulnerables. Hace unos años que estamos trabajando para empoderarlos, para que tomen decisiones sobre el cuidado de su salud como colectivo… y este trabajo se podría ver interrumpido”.

La entidad ve peligrar el futuro de ese tipo de programas; con el apoyo de donaciones individuales y de empresas no pueden seguir adelante. “¿Quién quiere colaborar económicamente con un programa de atención a los trabajadores y trabajadoras sexuales? ¡Pero si el colectivo LGBT ya es difícil de financiar desde el sector privado de por sí! Sin la administración pública, estos servicios pueden desaparecer. Aunque siempre nos quedará el voluntariado”.
Pero hay quien, desde un despacho, considera que el trabajo de Stop Sida no es ‘rentable’. “¿Y quién va a atender a las personas que, gracias a la labor de entidades como la nuestra, reciben información para acceder a la profilaxis postexposición, reducir los riesgos en sus prácticas sexuales y tomar decisiones sobre el propio cuidado? La administración no valora suficientemente el trabajo que hacemos”.

¿Cómo medimos la rentabilidad?


Entre los servicios para personas con VIH que más dificultades atraviesan, están los dedicados a la prevención. Es el caso de Sida Studi, el único centro de documentación y recursos pedagógicos en VIH/sida del Estado Español. “La situación es difícil”, suspira David Paricio, director de una entidad que, ahora, está a punto de cumplir los veinticinco años.

“En la primera etapa de la lucha contra el VIH, había una confrontación entre la prevención y la atención. ¿Hay que invertir en salvar vidas o en prevenir nuevas infecciones? En aquel entonces, estábamos hablando de vidas. Pero ahora, debemos sólo considerar un dato: ¿Qué precio tiene un tratamiento antirretroviral por persona y año? ¿Y en comparación, cuánto se dedica a prevención? No se trata de escoger entre una cosa u otra. Hay que garantizar una atención médica de calidad; pero invertir en prevención va a significar un ahorro de futuro”.
Aunque claro, ¿cómo se puede medir qué prevención es eficiente y cuál no? “En los congresos, hay estudios validados empíricamente sobre una medicación u otra. Pero en prevención, esto no pasa, es difícil calcular los impactos, y, por este motivo, estamos en inferioridad. Ahora, pagamos esta falta de argumentos. Por eso, nosotros, desde hace tres o cuatro años, estamos elaborando estudios que demuestran que nuestros programas tienen un beneficio. Lo que pasa es que, normalmente, es a más largo plazo y esto no interesa a nuestros políticos”.

Tampoco a la empresa privada. “Muchas te dicen que no quieren ni hablar de política, o que no creen en la importancia de la educación sexual en la escuela. No todos nuestros proyectos son financiables. Por esta razón, no me gusta cuando alguien nos acusa de estar viviendo de las subvenciones públicas. Es cierto que de ellas procede el 90% de los fondos de las entidades que conozco, pero también es así porque estamos haciendo un trabajo que las administraciones deberían asumir. En verdad, nos han subcontratado sus responsabilidades a un coste inferior. Nos hemos convertido en un proveedor de servicios de la administración, hemos cubierto unas políticas que, sin nosotros, no hubieran existido; ha habido un beneficio mutuo. La duda es si con los recortes, la administración asumirá estas responsabilidades”.

Las medidas de austeridad de estas entidades no van a impedir que algunas cierren en los próximos meses. “El dinero se acaba y muchas no lo están resistiendo. Lo que más nos preocupa es que estos recortes no se guíen por criterios técnicos, objetivos”.

Paricio considera que este punto de inflexión tendría que servir para repensar el sistema de subvenciones públicas, que se convocan a mitad del año en curso. “Es un sistema perverso. Tú empezabas a trabajar en enero y sabías que, antes de verano o justo al volver, había una resolución, así que podías pedir unos préstamos. Desde 1996 que trabajo en Sida Studi, siempre hemos funcionado de este modo; nosotros hemos asumido los intereses de estos créditos. La diferencia es que, ahora, aunque presentemos un proyecto de calidad, no tenemos la certeza de poder recibir financiación, y esta vez, sí cobramos, será a final de año”.

El responsable de Sida Studi se teme lo peor. “Si de aquí unos años nos encontramos en un repunte de la pandemia, ¿decidirán entonces reaccionar? ¿Por qué no actuamos ahora a partir del conocimiento acumulado? Lo que reivindicamos va más allá del VIH”.

Repensando el modelo


El trabajo que durante estos 30 años han efectuado centenares de entidades e incontables personas en la lucha contra el VIH/sida es incuestionable. Pero hay quien lamenta que no se haya creado una verdadera base social.
“Si le preguntas a un jubilado qué le parece que vayan a eliminar el Plan Nacional sobre el Sida… igual no sabe qué decirte. No hemos sabido trabajar con la población general; parece que la lucha contra el VIH sea sólo la preocupación de unas personas concretas. Ahora, necesitamos el apoyo de muchas personas para hacer frente a los recortes, pero no hemos trabajado bien esta parte. Tenemos que ser autocríticos y desarrollar un sistema alternativo”, defiende Jesús Edison Ospina, miembro del grupo coordinador de la REDVIH.
“Tendríamos que trabajar como organizaciones de base comunitaria. Dejar claro que las y los afectados no somos sólo nosotros, sino la población general”, añade el también coordinador del programa de Agentes Comunitarios de Salud para poblaciones inmigrantes de Barcelona, dentro del Servicio de Epidemiologia de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).

“El modelo ha hecho aguas desde muchas vertientes. Las ONG se han acostumbrado a vivir de recursos de la administración, y esta es la gran hecatombe que estamos viviendo. En este momento, no podemos asumir el papel de víctimas en un sistema del que éramos también cómplices. Podríamos haber buscado otras vías de financiación: entidades privadas, fundaciones… Hay que asumir una posición autocrítica y mejorar pensando en el futuro. Observando otros modelos que no dependen exclusivamente del sector público”.

Para Ospina, la situación actual es una lucha por los derechos fundamentales. “No es sólo el VIH, sino todas las enfermedades infecciosas y crónicas. Estamos viviendo un golpe de estado sobre un logro colectivo de la población española. El sistema gratuito y universal deja paso a un sistema de sanidad privado. Esta política de recortes destruye un derecho fundamental en beneficio del clasismo, la discriminación y más desigualdades sociales. Deja la puerta abierta a enfermedades que pueden causar la muerte. Pero claro, el Gobierno español dispone de la legitimación democrática para actuar como considere”.

¿Y a partir del 1 de septiembre, qué puede pasar? “Pueden desencadenarse muchas situaciones, como que haya personas que acudan al médico con la tarjeta sanitaria de otra persona. Puede pasar que un paciente tenga registradas en su historia clínica enfermedades que no ha padecido”. Ospina también cree que podrían expandirse algunas afecciones. “En los mapas de la OMS, se relaciona de manera directa la precariedad con, por ejemplo, una mayor incidencia de tuberculosis”.

Ospina pone en duda los dos grandes argumentos de la reforma sanitaria: el ahorro y la rentabilidad. Considera que limitar la atención a los inmigrantes no regularizados a las urgencias va a aumentar la presión hospitalaria a través de urgencias y a impedir el seguimiento de los tratamientos. Además, considera lógico que un sistema sanitario produzca deuda.

“El interés y la plusvalía de un sistema sanitario universal suponen la buena salud de la población. ¡Pero si el sistema sanitario español ya es menos costoso que el de los otros países de Europa! Si se compara con el sistema sanitario norteamericano, que es privado y no garantiza el acceso universal, ¡les resulta más caro! Y si el problema es conseguir dinero, ¿por qué no se buscan otras fuentes como las grandes rentas o se persigue de forma equitativa el fraude fiscal? Para rescatar un banco con 24.000 millones de euros, el gobierno da la cara sin ningún problema. Pero, en el caso de mantener el estado del bienestar, cualquier argumento sin la debida seriedad y sin el necesario rigor son válidos y se legitima gracias a la mayoría absoluta”.

Foto: Acción Madrid, abril 2012

Sin perder la capacidad de influencia


Creación Positiva es una entidad, situada en Barcelona, que trabaja desde hace diez años para las personas que viven con VIH desde una perspectiva de género. Ahora, peligra su continuidad, a la espera de cómo se resuelvan las convocatorias de ayudas de este año.

Mª Luisa García, coordinadora de servicios y atención de Creación Positiva, teme que detrás de estos recortes haya una reestructuración encubierta de la función que cumplen las ONG. “Hasta ahora, hemos estado haciendo un papel muy importante de advocacy, en la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH. Hemos defendido y exigido el establecimiento y cumplimiento de políticas sanitarias públicas que den respuesta a las necesidades y la realidad del VIH. ¿Hasta qué punto este nuevo ‘modelo’ también pasa por desactivar esta parte, para que las ONG pasemos a tener, a partir de ahora, una función de beneficencia?”.

La defensa de los derechos, sus intervenciones en prisiones, la perspectiva de género en la atención de las personas con VIH… La organización trabaja en ámbitos difíciles de financiar más allá de la administración pública. Y no quiere mermar la calidad de su trabajo.

“No creo que continuemos igual. La sensación es de incertidumbre total, pero no sabemos ni qué, ni cuándo, ni cómo se van a producir los cambios y cuál será el impacto final. No es tanto lo que nos pueda pasar a nosotros/as como organización, sino que se continúe con políticas que precarizarán aún más lo precario en cuanto a recursos sanitarios y sociales. Lo que más nos preocupa es que todo esto permita una vuelta atrás en unos derechos que, a la humanidad, nos había costado muchas décadas de conseguir”.

En una situación también muy delicada se encuentra la asociación Lazos Pro Solidaridade de El Ferrol (La Coruña). A finales de mayo, sólo disponían de una subvención confirmada, la del ayuntamiento, de 3.000 euros, lo que representa una reducción del 70%. Aún están a la espera de la resolución del Gobierno gallego, pero saben que la partida dedicada a las ONG se ha reducido un 15%, lo que representa el 50% respecto al 2010.

En Galicia, los recortes se han producido también de forma unilateral. “Muchas entidades ya han cerrado y otras van a tener que hacerlo”, lamenta Carlos Varela, responsable de Lazos Pro Solidaridade. “En Galicia, estamos siendo el laboratorio de otras reformas que, después, han llegado a otras partes de España. Desde septiembre del año pasado, las personas extranjeras en situación administrativa sin regularizar ya no tienen acceso a la tarjeta sanitaria. Unas entidades lo denunciamos al defensor del pueblo autonómico y estatal y, hace quince días, nos respondieron que ya se había pasado el plazo para recurrir. Es una manera de quedarse con la cáscara del asunto y no entrar a valorar la inconstitucionalidad de una ley que afecta a los más débiles”.
Imagen: Destacado de texto
Su intención es ir más allá para conseguir que esta situación se extienda. Actualmente, ya tienen constancia de personas sin recursos con enfermedades mentales, hipertensión o diabetes que se han quedado sin acceso a la medicación.

“Estamos sorteando estas situaciones como podemos, pero es difícil entender cómo alguien con una pensión no contributiva, de 340 euros al mes, tiene que abonar parte del transporte si quiere desplazarse para hacerse una diálisis, recibir una quimioterapia o acudir a rehabilitación. Esto mermará la calidad de vida de muchas personas”, esgrime Varela.

El derecho a la salud está en duda. “Las personas con VIH/sida estamos discriminadas y tenemos que seguir defendiendo, más que nunca, nuestros derechos y la excepcionalidad de nuestra situación. Afecta a las personas más vulnerables, a las que necesitan especial protección”.

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Anónimo (no verificado)

España necesita un cambio, a todos aquellos inmigrantes sin papeles se les deniega el tratamiento. La única manera que ve el actual gobierno es que el país de donde procedan, se haga responsable.

responder 9 Agosto, 2012 – 11:37am

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