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“Lo que hay es un recorte de derechos. Se tiene que decir bien claro”, denuncia Montse Pineda, presidenta de la plataforma de organizaciones no gubernamentales catalanas Comitè Primer de Desembre. “Están cambiando el modelo de sanidad pública de manera opaca. Se está haciendo poco a poco, sugiriendo que el actual sistema no es sostenible y que hay que ir hacia el copago, que en realidad sería un recopago. Todo esto es intencionado”.

El alcance de todos estos recortes es difícil de precisar: no hay porcentajes claros, prioridades consensuadas… Cada comunidad autónoma actúa o actuará, en los próximos meses, con sus propias directrices. En Cataluña y la Comunidad de Madrid es donde se han registrado los ajustes más severos, mientras que otras comunidades esperan los resultados de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.

“En Cataluña existe una Comisión Interdepartamental del Sida que es la que debería controlar que todos estos recortes no repercutieran en la calidad de los servicios. Pero desde el año pasado no se reúne. Entonces, ¿quién está tomando estas decisiones? ¿Con qué prioridades?”, se pregunta Pineda, también coordinadora de la asociación catalana Creación Positiva. “La Administración nos tiene poco en cuenta. Y si lo hace, es después de realizar mucha presión”.

Para muchos profesionales del sector, lo importante es que el VIH siga mereciendo un trato especial, y que los pacientes no sean derivados a los centros de atención primaria.

“Nos encontramos ante una infección muy compleja, que va más allá de un virus”, recuerda Montse Pineda. “No estamos diciendo que los médicos de familia no sean capaces de atender estos casos. Lo que creemos es que la formación que reciben y sus condiciones de trabajo no son las adecuadas”.

Lo más preocupante son los recortes que afectan a las personas más necesitadas. Diversas asociaciones catalanas constatan crecientes complicaciones para acceder a la tarjeta sanitaria, aunque la Administración insiste en que solo hace falta demostrar estar empadronado desde hace medio año para obtenerla.

“Ha habido bastantes casos irregulares. A veces, depende del funcionario que te toque”, señala Jose Peñín, la portavoz de SOS Racismo en Cataluña. La Generalitat también acumula retrasos de hasta un año en el proceso para conseguir una pensión no contributiva de invalidez para personas con VIH.

Reivindicando la excepcionalidad

“No se puede negociar con la salud”, afirma con seguridad Udiarraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA). “Lo que tienen que hacer las administraciones es ser muy cuidadosas con el dinero público y no confundir: La salud es un derecho”.

Udiarraga cree que lo vital es que el VIH siga mereciendo una atención especial. “La crisis les va perfecto para recortar. Pero no podemos renunciar a ello, por duro que sea el momento. Sigue existiendo mucha discriminación y, aunque ya no sea una enfermedad mortal, el tratamiento antirretroviral es durísimo. ¡Hay quien lleva 20 años tomando pastillas cada día con unas consecuencias terribles!”.

La responsable de CESIDA defiende la vigencia del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. “De momento, no han recortado ni un solo euro, y me consta que los que trabajan allí han luchado duro para transmitir a sus jefes la importancia del Plan. Pero vienen malos tiempos y un gobierno de derechas podría significar recortes más duros. Solamente hay que ver lo que está haciendo Berlusconi en Italia, ¡es vergonzoso! Pero no me quiero posicionar desde el punto de vista político porque esta es una enfermedad que abarca a personas de todas las ideologías”.

Cree que el estigma social sigue jugando en su contra. “En nuestro colectivo, quitando a cuatro o cinco, es muy difícil dar la cara. Los políticos saben que nunca va a haber grandes reivindicaciones porque nunca lo van a denunciar todos los que deberían. La suerte que tenemos es que hay ONG trabajando muchísimo y que saben que lo más importante es la prevención”.

En el País Vasco, las ONG antisida disponían hasta ahora de una bolsa de subvenciones específica que desaparecerá el año que viene. El Gobierno vasco dejará estas aportaciones sin epígrafe propio pero asegura que mantendrá la dotación de 350.000 euros. “Estaremos pendientes de que cumplan con sus compromisos”, advierte Udiarraga García, también responsable de la asociación vasca Itxarobide.

El Plan de Prevención y Control del Sida del País Vasco sí seguirá conservando su nombre. “Es muy importante que el Plan continúe, fue pionero en Europa”, defiende García. “Entendemos la situación económica y sabemos que hay que ser solidarios. Pero no podemos dejar que se ponga en peligro la excepcionalidad del VIH”, remarca.

Momentos de calma tensa

En todas las comunidades autónomas se vive una situación de nerviosismo. “En Andalucía (PSOE) también hay recortes, pero no tan tremendos”, informa Diego García, coordinador de la Asociación Adhara de Sevilla.

Diversas asociaciones antisida andaluzas están teniendo problemas para cobrar las subvenciones que se les asignaron el año pasado. Aunque los principales recortes se producen en el campo asistencial.

“Este verano, los quirófanos de Andalucía no han funcionado por la tarde, a no ser que se tratara de casos muy urgentes. No se hacen sustituciones de personal. Muchos centros no abren sus consultas en horario de tarde. Existen zonas muy mal asistidas de urgencias. Pasan cosas, pero no sabemos si es porque es verano o porque va a haber una peor atención”, se lamenta Diego García.

El periodo de revisiones para personas con VIH se ha dilatado de cuatro a seis meses. “Hemos notado, asimismo, un aumento de los ensayos clínicos, que es una manera que tienen de que los medicamentos salgan gratis. Hay centros, como el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde únicamente dispensan pastillas para un mes, aunque te quieras ir de vacaciones o tengas un trabajo especial”.

El caso más crítico tuvo lugar en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza. Su gerencia decidió cambiar uno de los componentes de un combo por un genérico equivalente. “La propia farmacia del hospital encapsulaba el polvo. Es una práctica legal, pero se hizo de la noche a la mañana, sin consultar a nadie”.

Ni los médicos ni la Consejería de Salud fueron advertidos y se produjo una situación caótica. “Al final, se llegó a un acuerdo con el laboratorio para que rebajara el precio de los combos, con un contrato de dos años. Pero supongo que se llevaran a cabo más medidas de ahorro en los próximos meses”.

En Aragón, hay hospitales que se lamentan de una falta estructural de recursos humanos. “Mi intuición es que, a partir del 20 de noviembre, las medidas serán drásticas. Y esto influye en el ánimo de los facultativos”, asegura la doctora Piedad Arazo, jefa del Servicio de Infecciosos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

En el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, el caso es distinto. Mercedes Gracia Casanova, médica de la Unidad de Infectología del Departamento de Pediatría de dicho centro hospitalario, asegura no haber sufrido ningún tipo de recorte. “Si se diera, dada la profesionalidad e implicación del colectivo médico, intentaremos resolver de la manera más adecuada los problemas que se planteen sin que los pacientes sufran ninguna repercusión”.

¿Hacer más con menos?

“Lo que está muy claro es que cada vez hay más infecciones”, declara Jancho Barrios, de la organización OMSIDA de Zaragoza. “Creo que existen muchos más casos de los que el Estado español reconoce; así evitan tener que ampliar el presupuesto que destinan a la enfermedad. ¿Cuántas personas con VIH hay en Aragón? El Gobierno dice que entre 3.000 y 3.500, pero hay un doctor que calculó que existen 8.000 personas infectadas”.

Las consultas se encuentran progresivamente más saturadas. “En el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza hay un médico más que hace 5 o 6 años. Pero los casos van aumentando. ¿Cómo se pueden atender con los mismos recursos?”.

La pregunta es siempre la misma: ¿Cómo se mide la rentabilidad de un sistema sanitario? “En dinero seguro que no”, responde Barrios. “Se debería medir con la salud de la población. Es un ámbito que no se puede recortar. Tampoco en la asistencia que hacen las ONG, donde hay un volumen de trabajo cada vez mayor. Nos han quitado un 5% del presupuesto de este año, pero el número de personas que atendemos aumenta de manera gradual”.

Barrios cita como caso paradigmático la prueba rápida con apoyo asistido. “Estamos realizando una inversión de futuro. Dar solo el resultado sirve de poco. Pero si hablas con la persona de los riesgos, es más difícil que venga al cabo de un tiempo con un positivo”, añade.

De cara a las elecciones de este noviembre, y si hay cambio de gobierno, Jancho Barrios considera que se debe enseñar el trabajo que se está llevando a cabo. “Es lo que nos avala: nuestro esfuerzo diario. Es la mejor manera de demostrar que lo que hacemos vale la pena. Si no lo conseguimos de esta manera, haremos presión. Estamos acostumbrados a pelear… Seguiremos defendiendo a nuestra gente”.