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Los hospitales catalanes recortan el gasto en un 10% 

La Generalitat de Catalunya (gobernada por CiU) quiere ahorrar en Sanidad mil millones de euros, el 10% de los recursos con los que contó el pasado ejercicio. Para hacerlo, el Departamento de Salud informó a los centros de la partida de que disponen para que sean ellos mismos los que apliquen las medidas que consideren más efectivas.

Los principales sindicatos catalanes emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron que estos recortes van encaminados a la privatización de la sanidad, y que esta disminución del presupuesto es “injustificada”, porque Cataluña “dista mucho de dedicar a la sanidad el porcentaje que le corresponde por su nivel de desarrollo en relación con la media de la Unión Europea”.

Desde la Generalitat se quiere luchar contra todo alarmismo, pero no niegan los ajustes. “Estamos en un momento clave”, reconoce Albert Giménez, responsable desde el 1995 del Programa per a la Prevenció i Assistència de la Sida, uno de los pocos que se ha mantenido con las últimas reestructuraciones.

“Que el VIH siga teniendo un programa específico denota la voluntad de que sea prioritario”, arguye. “Pero es cierto que hay que optimizar los recursos para atender las necesidades actuales. Tenemos que aprender a trabajar con recursos limitados sin dejar de hacer frente a las nuevas infecciones”.

Su línea de ayudas se ha rebajado en un 10%, nada que ver con los aumentos de los últimos años. “Intentamos que se note lo menos posible, reduciendo lo mínimo que se pueda en prevención e intervenciones comunitarias. Creemos que la prevención personalizada es la más eficaz. También priorizamos las entidades que trabajan repartidas en el territorio, más allá de Barcelona”.

Los números que más preocupan a las administraciones son siempre los de la factura farmacéutica, con un aumento anual que la Generalitat cifra en un 10%. Según estos mismos datos, el 35% del presupuesto en farmacia de los hospitales catalanes se dedica a antirretrovirales. Con todo, descartan a corto plazo dispensar los combos por separado.

Sí quieren revisar de una manera global la atención médica a personas con VIH. “En Cataluña, tenemos entre 600 y 700 nuevas infecciones anuales y esto está saturando los hospitales. Queremos hablarlo con clínicos y entidades, pero igual tenemos que contar con el apoyo de profesionales de la atención primaria o utilizar nuevas tecnologías, como la atención telemática. El modelo que tenemos es reflejo de una época muy concreta de la epidemia”.
 

En Madrid, un médico por cada 1.000 pacientes

Uno de los casos más difíciles de justificar es la situación en la que se encuentra la Unidad de VIH del Hospital Doce de Octubre de Madrid, con más de 20 años de trayectoria. Solo dos doctores son los responsable de atender a unas 2.000 personas con VIH.

“Es el hospital de España con una tasa de pacientes por médico más elevada”, confirma el doctor Federico Pulido. “Las recomendaciones de calidad indican que un facultativo no debería atender a más de 300 pacientes, pero la dirección del centro hospitalario siempre se ha negado a dotarnos de más personal. Tenemos especialistas en condición de becarios. Asimismo, aprovechan estudios y ensayos clínicos para ahorrar. Aquí ya no se puede recortar nada más”.

La secretaria de la Unidad se ha jubilado recientemente y no ha sido sustituida. “Ahora, está compartida con otro servicio. En eso también hemos perdido. Lo mismo nos pasa con las enfermeras. Las bajas no se cubren, no podemos ni ofrecer atención telefónica. Y tampoco extracciones urgentes; tenemos que derivar a los pacientes”.

Pulido es pesimista. “Intentamos que no repercuta en el usuario o usuaria, pero trabajamos con recursos mínimos. La asistencia se deteriora y la previsión es que vaya a peor: quieren desplazar la Unidad a otro edificio. No será específico para el VIH y dispondremos de menos espacio. Perderemos el archivo del historial clínico. El sistema debería estar informatizado, pero de momento no es el caso. Hay pacientes que tendrán que volver otro día”.

La razón de tantas limitaciones es clara: “Se trata de decisiones políticas. Aquí se ha decidido que los trasplantes y la oncología son la prioridad. Y el VIH no, cae mal”. Por suerte, esto no pasa en todos los hospitales de Madrid, y hay alguno, como el Hospital Universitario La Paz, donde sí se ha apostado para poder atender mejor a las personas con VIH.

Detrás de todo esto se puede adivinar la intención de la Comunidad de Madrid (gobernada por el PP) de trasladar a los pacientes de las unidades especializadas a las no especializadas, con el argumento de que así los médicos estarán más cerca del usuario.

Sea por una razón u otra, los revisiones las están haciendo cada 7 meses. “La agenda no da para más”, suspira Pulido. “Nuestro sistema no se lo recomiendo a nadie. Implica que los médicos estén ‘muy entregados a la causa’ y que, al mínimo problema, ya no se pueda garantizar la atención necesaria”.

El doctor Pulido cree que alargar las visitas no es sinónimo de ahorro. “La consulta médica como tal supone poco gasto. Lo más costoso es la medicación y las analíticas. Con un buen seguimiento y un tratamiento antirretroviral adecuado, muy raramente se va a precisar un ingreso hospitalario”.

Su hospital es, además, el único de la Comunidad de Madrid donde han retirado algunos combos. “Según qué paciente y qué circunstancias, puede no ser muy importante, pero es una vuelta atrás. Se abre así una vía que interfiere que el médico pueda prescribir con libertad de acuerdo con el paciente. Además, es posible que el impacto crezca conforme vayan apareciendo nuevos genéricos”.
 

¿Los combos en peligro?

La simplificación de la medicación antirretroviral, a través de pautas más sencillas y fáciles de tomar, ha supuesto uno de los avances más importantes en el tratamiento de la infección por VIH y en la mejora de la calidad de vida de las y los pacientes. Las principales sociedades científicas y organismos oficiales recomiendan tratarse, siempre que sea posible, con combinaciones de antirretrovirales coformuladas.

“Si se imponen medidas como ‘romper combos’ o utilizar fármacos del siglo pasado, será pan para hoy y hambre para mañana”, afirma con seguridad la doctora Piedad Arazo, jefa del Servicio de Infecciosos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. “Habrá más efectos adversos, más abandonos de tratamiento, menor eficacia, más resistencias… Esto significa más ingresos hospitalarios y más gasto, aunque sea de otra ‘cajita’”.

Lo mismo advierte el doctor Federico Pulido, del Hospital Doce de Octubre de Madrid. “Ahorrar limitando las opciones terapéuticas no será bueno. Hay que tener en cuenta a cada paciente. Existen personas al límite de la tolerancia que, tomando una sola pastilla, ya hacían un gran esfuerzo”.

Como cada centro sanitario dispone de autonomía para cuadrar sus propias cuentas, el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona decidió, hace unos meses y sin ningún consenso, dispensar por separado los componentes de los combos.
La denuncia pública que inmediatamente hicieron las ONG antisida catalanas sirvió para que dicho centro hospitalario reconsiderada su decisión y negociara unas mejores condiciones con las compañías farmacéuticas, en lugar de perjudicar a los pacientes.

La posibilidad de negociar

El aumento de fármacos —ahora son 25— y la competencia que ejercen unas compañías con las otras permite que exista la posibilidad de avaluar el coste de cada tratamiento y, si es el caso, negociar con los laboratorios.

En la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) creen que la mejor manera de ahorrar es potenciando la adhesión al tratamiento, evitando siempre tener que recurrir a las terapias de rescate. También defienden las ventajas de los combos, pero consideran que su precio debería ajustarse.

“Lo importante es que las farmacéuticas tengan claro que no deben dejar de invertir en investigación, que a su vez es una vía para obtener futuros beneficios. La reducción de los precios difícilmente será de tal magnitud que no les compense investigar”, explican Maite Martín y Aitziber Illaro, coordinadoras del grupo de VIH de la SEFH. Creen que la entrada de genéricos puede ayudar a rebajar los precios. “Cuentan con las mismas garantías de eficacia y seguridad que la marca original”, indican.

El caos de la renta mínima en Cataluña

El Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (conocido como PIRMI) se creó en 1997 como una prestación dirigida a las personas con más problemas económicos, para que pudieran sobrevivir y facilitar su reinserción social y laboral. Con la crisis, se ha convertido en el refugio de muchas personas que han agotado su prestación de paro.

Una revisión en pleno mes de agosto de todos los casos y diversos errores burocráticos dejaron a muchas personas sin esta ayuda de supervivencia. La Generalitat también ha aprovechado la situación para crear un nuevo decreto que endurece las condiciones para obtener la ayuda, que solo podrán recibir quienes tengan “una dificultad social añadida”.

Duro tijeretazo a las asociaciones antisida en Galicia

El Gobierno gallego recortará en más de un 40% sus presupuestos destinados a subvencionar las asociaciones. La Xunta (gobernada por el PP) se escuda en la situación de crisis para pasar de 255.000 a 149.000 euros de presupuesto. Subraya que la incidencia de casos en Galicia “sigue en disminución continua desde 1996”, y presume de los “datos positivos” que demuestran “el trabajo que se está realizando en las diferentes políticas sanitarias”. La medida ha sido criticada por los principales partidos de la oposición.

Según el BNG, el principal problema es la discrecionalidad de los recortes y las contradicciones del Gobierno gallego. “Es difícil de entender que la propia Consellería diga en la convocatoria de ayudas que la infección por VIH y el sida continúan siendo uno de los principales problemas de salud pública que padece nuestra sociedad y que luego recorte de una forma tan importante las ayudas”, denunciaron en un comunicado.

El PSOE se comprometió a exigir al Gobierno gallego que cese “su política de recortes a los programas y a las entidades sociales de la ciudad”.

Para el portavoz de IU en A Coruña, César Santiso, “con estos recortes, la Xunta logrará que la cantidad de personas con VIH aumente, con el coste humano y económico que eso supone. Esto no es austeridad, es sacrificar vidas humanas para engordar los bolsillos de las compañías farmacéuticas”.

Hay previstas varias manifestaciones de denuncia. La primera ya se hizo el pasado 22 agosto delante del Ayuntamiento de Ferrol, organizada por la asociación Pro Solidariedade (pionera en implantar en Galicia la prueba rápida y gratuita de detección del VIH) con el apoyo del Colectivo Moucho y la Federación Estatal de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el VIH (Faudas), además de representantes del PSOE, BNG e IU.