En la actualidad, las necesidades de apoyo social de muchas personas con VIH en una situación de mayor vulnerabilidad, o directamente en una situación de exclusión social, si bien han cambiado con el tiempo, siguen requiriendo de la respuesta de los diferentes actores: Administración estatal, autonómica y local. No basta con las iniciativas que, de forma muy voluntariosa pero casi anecdótica, se estructuran con escasos recursos desde la sociedad civil, a través de asociaciones laicas u organizaciones religiosas.
Según establece la Constitución española en el artículo 47 de su Título I, sobre derechos y deberes fundamentales: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Lospoderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Más adelante, el artículo 50 sostiene: “Los poderes públicos garantizarán (…) la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad (…) promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
La realidad, sin embargo, queda todavía lejos de este utópico marco legal. En el caso de las personas con VIH, aunque en estos 30 años transcurridos desde los primeros diagnósticos se ha producido un avance incuestionable en el ámbito médico-científico, no se puede decir lo mismo en cuanto a la superación de las desigualdades sociales provocadas por el estigma y la discriminación que se continúan relacionando con el VIH, además de con la homosexualidad, las enfermedades mentales o el uso de drogas.
Con el objetivo de que los recursos sociales (pisos de acogida, comunidades terapéuticas, residencias para personas de la tercera edad, etc.) incluyan a las personas con VIH en igualdad de condiciones que el resto de la población, es necesario contar con celeridad con la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que penaliza todo tipo de discriminaciones por razón de raza, sexo, religión u otra circunstancia. Al cierre de esta edición, parecía peligrar su aprobación antes del fin de la actual legislatura, por las trabas de PP, CiU y PNV.
En la actualidad, las necesidades de apoyo social de muchas personas con VIH en una situación de mayor vulnerabilidad, o directamente en una situación de exclusión social, si bien han cambiado con el tiempo, siguen requiriendo de la respuesta de los diferentes actores: Administración estatal, autonómica y local. No basta con las iniciativas que, de forma muy voluntariosa pero casi anecdótica, se estructuran con escasos recursos desde la sociedad civil, a través de asociaciones laicas u organizaciones religiosas. Máxime, si tenemos en cuenta que la situación de estas personas continuará agravándose por los condicionantes estructurales (crisis generalizada), políticos (falta de leyes antidiscriminatorias y de inserción laboral) y demográficos (envejecimiento de la población con VIH). Junto a la cronificación de la enfermedad, nos encontramos hoy en día con una ‘cronificación a todos los niveles’: una cronificación de la pobreza, una cronificación de las desigualdades y una cronificación de la precariedad con la que los profesionales tienen que abordar estas problemáticas.
La realidad, sin embargo, queda todavía lejos de este utópico marco legal. En el caso de las personas con VIH, aunque en estos 30 años transcurridos desde los primeros diagnósticos se ha producido un avance incuestionable en el ámbito médico-científico, no se puede decir lo mismo en cuanto a la superación de las desigualdades sociales provocadas por el estigma y la discriminación que se continúan relacionando con el VIH, además de con la homosexualidad, las enfermedades mentales o el uso de drogas.
Con el objetivo de que los recursos sociales (pisos de acogida, comunidades terapéuticas, residencias para personas de la tercera edad, etc.) incluyan a las personas con VIH en igualdad de condiciones que el resto de la población, es necesario contar con celeridad con la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que penaliza todo tipo de discriminaciones por razón de raza, sexo, religión u otra circunstancia. Al cierre de esta edición, parecía peligrar su aprobación antes del fin de la actual legislatura, por las trabas de PP, CiU y PNV.
En la actualidad, las necesidades de apoyo social de muchas personas con VIH en una situación de mayor vulnerabilidad, o directamente en una situación de exclusión social, si bien han cambiado con el tiempo, siguen requiriendo de la respuesta de los diferentes actores: Administración estatal, autonómica y local. No basta con las iniciativas que, de forma muy voluntariosa pero casi anecdótica, se estructuran con escasos recursos desde la sociedad civil, a través de asociaciones laicas u organizaciones religiosas. Máxime, si tenemos en cuenta que la situación de estas personas continuará agravándose por los condicionantes estructurales (crisis generalizada), políticos (falta de leyes antidiscriminatorias y de inserción laboral) y demográficos (envejecimiento de la población con VIH). Junto a la cronificación de la enfermedad, nos encontramos hoy en día con una ‘cronificación a todos los niveles’: una cronificación de la pobreza, una cronificación de las desigualdades y una cronificación de la precariedad con la que los profesionales tienen que abordar estas problemáticas.
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