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Reproducción humana asistida en España: un derecho pendiente

Imagen: Portada LMP44 Otoño 2009LO+POSITIVO 44, otoño 2009. Editorial. Los progresos en el ámbito de la reproducción humana asistida y en el conocimiento y manejo de la infección por VIH han permitido a muchas personas seropositivas plantearse la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, el acceso a las técnicas reproductivas, que posibilitan reducir espectacularmente el riesgo de transmisión horizontal y vertical del virus, continúa estando limitado para la población seropositiva.

El sistema sanitario público español —que adolece de problemas estructurales en materia de reproducción asistida— está siendo incapaz de responder con eficacia a las demandas asistenciales de las personas con VIH con deseos reproductivos. Las comunidades autónomas están incorporando —a un ritmo más lento de lo deseable— las técnicas dentro de las prestaciones sanitarias en las unidades de infertilidad de los centros hospitalarios, por lo que, mientras siga sin concretarse su extensión universal, muchas parejas que no puedan asumir el gasto en la sanidad privada se verán obligadas a afrontar un embarazo de mayor riesgo.


 Si este acceso limitado pone a las personas seropositivas en un plano de desigualdad respecto a la población general, la situación todavía es más flagrante en el caso de las mujeres con VIH, a las cuales, con frecuencia, todavía hoy se las excluye por su estado serológico en muchas unidades de reproducción asistida. Los esfuerzos de la sanidad pública por promover los derechos reproductivos de las personas con VIH se han centrando en facilitar el acceso de los hombres con VIH y sus parejas seronegativas a las técnicas reproductivas, y han dejado a un buen número de mujeres seropositivas sin la posibilidad de ejercer, de forma real y efectiva, su derecho a la maternidad.

El acceso de hombres y mujeres con VIH a la reproducción humana asistida en la sanidad pública en igualdad de condiciones que el resto de la población requerirá en los próximos años superar, más que dificultades técnicas, las barreras de la discriminación asociada con la infección por VIH. Las administraciones públicas deberán garantizar y promover, mediante sus acciones en materia de salud, el reconocimiento real del derecho fundamental a la reproducción, y apartar del camino los obstáculos que dificultan a las personas seropositivas ejercer de forma plena un derecho que legítimamente les corresponde.

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