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Campaña inquisitoria

El pasado mes de octubre, algunas organizaciones del VIH sudafricanas alertaron de que la masiva campaña gubernamental, que se ha difundido a través de todos los medios posibles para llegar a todo el país, atenta contra los derechos humanos fundamentales. Esta campaña, que bajo un prisma de tolerancia, concienciación, normalización y promoción de la salud podría ser eficaz, ha sido calificada de inquisitoria y discriminatoria por los activistas del VIH, entre ellos Priti Patel, abogada del Proyecto VIH/Sida para el Southern Africa Litigation Centre, una organización con sede en Johannesburgo.

Coincide con Patel el Centro Legal de las Mujeres de Sudáfrica, que denunció que la citada campaña es, más bien, una cruzada contra las personas con VIH, apoyándose en hechos contundentes y documentados, como por ejemplo la esterilización sin consentimiento de una docena de mujeres seropositivas; práctica que parece contar con el apoyo de un plan gubernamental que intenta poner freno a la transmisión del VIH de madre a hijo.

Políticas negacionistas

Por su parte, voces afines a esta polémica campaña han publicado en diarios digitales que se tomen “medidas excepcionales” para impedir que la epidemia afecte a las nuevas generaciones. En otras palabras, secundan el viejo adagio popular de que “el fin justifica los medios”.

La reciente historia del VIH en Su­dáfrica se vio empañada por las políticas negacionistas del sida del gobierno del ex presidente Thabo Mbeki. Uno de los ejemplos más sonados fue el de la doctora Remolacha —referido a la ministra de Sanidad, Manto Tshabalala-Msimang—, quien no sólo se negó rotundamente a promover el acceso a los antirretrovirales, sino que, además, se atrevió a recomendar el uso de remedios caseros como el ajo, la remolacha y el limón para combatir el sida. Como consecuencia de las políticas de Mbeki y su gabinete, según la organización sudafricana Campaña de Acción en Tratamientos (TAC), se produjeron en Sudáfrica dos millones de muertes por sida, de las cuales al menos 300.000 pudieron haberse evitado si se hubieran implementado las medidas necesarias.

Optimismo y preocupación

El presidente Zuma, durante su primer discurso dirigido a la nación, prometió el acceso al tratamiento antirretroviral a, como mínimo, un 80% de las personas con VIH, preferentemente mujeres embarazadas. Una medida en consonancia con las directrices mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, y que hubiera supuesto un cambio radical en las políticas sanitarias respecto a la anterior administración. Sin embargo, no es un reto nada fácil y menos en plena recesión mundial. Se calcula que, para el próximo año, se necesitarán unos 90 millones de euros adicionales para hacer accesible el tratamiento a la mayoría de sudafricanos que lo requieren. TAC considera que la solución del problema pasa por seguir el modelo de otros países, como Brasil, la India o Tailandia, que han apostado por la producción de antirretrovirales genéricos.

En su momento, las organizaciones sudafricanas acogieron con optimismo las palabras de Zuma y su objetivo de reducir a la mitad las nuevas infecciones por VIH. No obstante, ahora preocupan sobremanera los medios que se van a utilizar para lograrlo, como por ejemplo promulgar leyes para la esterilización de las mujeres con VIH.

Es responsabilidad tanto de la comunidad del VIH como de los organismos internacionales vigilar ésta y otras posibles medidas que puedan atentar contra los derechos humanos fundamentales de las personas seropositivas.


Fuente:

• El Periódico de Catalunya.