lo más negativo. A un año del nuevo crack económico mundial, para nadie es un secreto que, desgraciadamente, la crisis está haciendo estragos a todos los niveles y afectando a todos los sectores de la sociedad. Los programas sociales y de ayudas han sufrido, sobre todo, las consecuencias de esta recesión económica.
En España, por ejemplo, este año se ha producido una reducción del 10% del presupuesto total que el Gobierno central destina a las Comunidades Autónomas y a las asociaciones comunitarias para el desarrollo de programas en la prevención y atención en el campo del VIH/sida. Y esto es así a pesar de que el propio presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, anunciase reiteradamente que el gasto social no se vería afectado por la actual situación.
Este nuevo escenario de recorte de la financiación pública coloca a las ONG españolas ante un dilema: la desaparición de programas o la reducción de éstos a la mínima expresión. Una cuestión difícil de resolver, teniendo en cuenta que, en nuestro país, por ejemplo, siguen incrementándose los nuevos casos de diagnóstico de VIH y, por consiguiente, continúan siendo más que necesarios los programas de prevención, atención y cuidados para personas infectadas por el virus y la población general.
Esta situación no es un hecho aislado, sino la tónica general que se está repitiendo a escala mundial, pero que está perjudicando principalmente a los más desfavorecidos. Un reciente informe del Banco Mundial señala que la crisis pone en peligro el tratamiento de 1,7 millones de personas en el mundo. Según sus cálculos, la reducción de fondos afectará la continuidad del tratamiento antirretroviral, perjudicando a cerca del 70% de las personas con VIH/sida en el este y sur de África, al 50% de los pacientes en la región Asia-Pacífico, al 35% en el Caribe y al 25% en Europa del Este y Asia Central.
Voces de alarma similares pudieron escucharse en Cáceres, durante la celebración de la Conferencia de Donantes del Fondo Mundial contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, cuyo objetivo era conseguir que los gobiernos aportaran 5.000 millones de dólares para el período 2009-2010, que lograsen completar los 15.000 millones necesarios para el desarrollo de programas en los países donde mayormente afecta esta epidemia. Pese a los esfuerzos y las demandas de la sociedad civil, el encuentro se cerró sin ningún compromiso económico nuevo que permitiese salvar la brecha de los 5.000 millones de dólares. El Fondo Mundial ha anunciado que puede enfrentarse a un déficit de 4.000 millones de dólares en 2010.
Una vez más, contemplamos atónitos, pero no callados, cómo en situaciones de crisis los más desfavorecidos y necesitados son quienes salen peor parados. Parece un hecho tristemente aceptado que, en épocas de recesión, los gobiernos tengan que meter la tijera al gasto social en lugar de subir los impuestos a los que más tienen, los cuales gozan del privilegio de que el grifo nunca se cierra. Hemos podido comprobar cómo, en aras de evitar la caída del sistema capitalista, se ha visto beneficiado el sector financiero-empresarial a través de la inyección de capital y creación de fondos de recuperación a costa de las arcas públicas. Todo ello en un año en que parece que pese más el pragmatismo acomodaticio de la sociedad que las necesidades reales de la población y, en especial, de las y los más desfavorecidos.
En definitiva, parece que la escasa visión de muchos gobiernos no les deja ver que el recorte social no es, ni de lejos, la mejor de las soluciones, aunque sea sólo coyuntural, ya que el tiempo que perdure la recesión sólo hace que se incrementen más las diferencias y que se agrave la situación de crisis permanente en muchos de los países que dependen de ayudas extranjeras. El recorte no es la solución, sino parte del problema.
Fuentes:
Más diagnósticos y menos recursos
Este nuevo escenario de recorte de la financiación pública coloca a las ONG españolas ante un dilema: la desaparición de programas o la reducción de éstos a la mínima expresión. Una cuestión difícil de resolver, teniendo en cuenta que, en nuestro país, por ejemplo, siguen incrementándose los nuevos casos de diagnóstico de VIH y, por consiguiente, continúan siendo más que necesarios los programas de prevención, atención y cuidados para personas infectadas por el virus y la población general. Esta situación no es un hecho aislado, sino la tónica general que se está repitiendo a escala mundial, pero que está perjudicando principalmente a los más desfavorecidos. Un reciente informe del Banco Mundial señala que la crisis pone en peligro el tratamiento de 1,7 millones de personas en el mundo. Según sus cálculos, la reducción de fondos afectará la continuidad del tratamiento antirretroviral, perjudicando a cerca del 70% de las personas con VIH/sida en el este y sur de África, al 50% de los pacientes en la región Asia-Pacífico, al 35% en el Caribe y al 25% en Europa del Este y Asia Central.
Sin nuevos compromisos
Voces de alarma similares pudieron escucharse en Cáceres, durante la celebración de la Conferencia de Donantes del Fondo Mundial contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, cuyo objetivo era conseguir que los gobiernos aportaran 5.000 millones de dólares para el período 2009-2010, que lograsen completar los 15.000 millones necesarios para el desarrollo de programas en los países donde mayormente afecta esta epidemia. Pese a los esfuerzos y las demandas de la sociedad civil, el encuentro se cerró sin ningún compromiso económico nuevo que permitiese salvar la brecha de los 5.000 millones de dólares. El Fondo Mundial ha anunciado que puede enfrentarse a un déficit de 4.000 millones de dólares en 2010.
Una vez más, contemplamos atónitos, pero no callados, cómo en situaciones de crisis los más desfavorecidos y necesitados son quienes salen peor parados. Parece un hecho tristemente aceptado que, en épocas de recesión, los gobiernos tengan que meter la tijera al gasto social en lugar de subir los impuestos a los que más tienen, los cuales gozan del privilegio de que el grifo nunca se cierra. Hemos podido comprobar cómo, en aras de evitar la caída del sistema capitalista, se ha visto beneficiado el sector financiero-empresarial a través de la inyección de capital y creación de fondos de recuperación a costa de las arcas públicas. Todo ello en un año en que parece que pese más el pragmatismo acomodaticio de la sociedad que las necesidades reales de la población y, en especial, de las y los más desfavorecidos. En definitiva, parece que la escasa visión de muchos gobiernos no les deja ver que el recorte social no es, ni de lejos, la mejor de las soluciones, aunque sea sólo coyuntural, ya que el tiempo que perdure la recesión sólo hace que se incrementen más las diferencias y que se agrave la situación de crisis permanente en muchos de los países que dependen de ayudas extranjeras. El recorte no es la solución, sino parte del problema.
Fuentes:
- Aidsmap; Europa Press.
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