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  1. Lo+Positivo 42, primavera 2009
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Trabajo, sanidad y servicios financieros, tres áreas de discriminación

Actual gerente de la Coordinadora Estatal del VIH/Sida (CESIDA), José F. Fernández-Quero es un luchador incansable por los derechos de las personas con VIH. En esta entrevista, nos pone al corriente de las principales iniciativas de CESIDA en materia de estigma y discriminación.

¿En qué consiste el Programa Clínica Legal?
Clínica Legal surge a raíz de algunos contactos entre la Universidad Carlos III y CESIDA a partir del proyecto FIPSE (Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España). El objetivo era mejorar, desde una perspectiva jurídica, las acciones de CESIDA. La Universidad Carlos III nos planteó la posibilidad de adaptar a nuestro ámbito la experiencia de las ‘clínicas legales’, un modelo de formación en Derecho en conexión con la realidad social y jurídica que lleva años practicándose en EE UU.
Intentamos realizar el programa apoyado en tres ejes. En primer lugar, nos preocupaba el asesoramiento a asociaciones y personas con VIH que sufrieran discriminación o bien tuviesen algún tipo de problema ajeno a la discriminación, pero sobre el cual les pudiésemos asesorar (surgió así ISSonline, el Programa de asesoramiento en materia de Seguridad Social y Derecho al Trabajo). En segundo lugar, nos interesaba realizar informes sustentados jurídicamente para defender las reivindicaciones y demandas de CESIDA. Por último, el programa persigue la educación en la universidad sobre aspectos relacionados con la infección por VIH y la sensibilización de los alumnos (en este caso, estudiantes de Derecho y de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III).
Imagen: Web de Cesida
¿Hacéis acompañamiento en tribunales?
Ha habido algunos casos puntuales de discriminación en que se ha optado por realizar un seguimiento de apoyo junto con la persona interesada y sus abogados, pero el proceso no lo llevan los abogados de Clínica Legal, sino aquéllos que la persona afectada contrate o le correspondan por turno de oficio.

Por ejemplo, hace poco hemos iniciado un proceso con informes y con apoyo a una persona por problemas laborales. Se trata de un trabajador cuyo médico de empresa ha desvelado a sus jefes su condición de seropositivo, algo totalmente ilegal. Esta persona tenía un trabajo de cara al público y se le ha cambiado de puesto a causa de su estado serológico. Pensamos que hay muchos casos de esta naturaleza y que podría ser muy útil lograr una jurisprudencia al respecto.

¿En qué ámbito se producen más consultas?
Por la naturaleza del programa ISSonline, suelen ser preguntas relacionadas con pensiones y seguridad social y no tanto con discriminación. Sin embargo, sí hemos encontrado discriminación en aquellos ámbitos donde lo han hecho otras organizaciones, como el Observatorio de RED2002 o los estudios de la FIPSE. Trabajo, sanidad y servicios financieros son las tres clarísimas áreas de discriminación. En algunas ocasiones, es muy complicado para las personas con VIH acceder a determinadas prestaciones sanitarias o servicios financieros.

Por ejemplo, hemos elaborado un informe sobre el acceso a servicios financieros debido al número de situaciones discriminatorias que se denuncian, y que afectan no sólo a personas, sino también a asociaciones (os acordaréis, por ejemplo, del caso en que a una asociación de Zaragoza no le permitían hacer el seguro a personas con VIH para una excursión a los Pirineos).

La búsqueda de empleo también es fuente de importantes escollos para las personas con VIH. La legislación te protege más fácilmente cuando estás en un empleo y te discriminan debido al estado serológico que cuando estás optando a un puesto de trabajo. Por ejemplo, un porcentaje de empresas te pide la primera hoja donde viene el tanto por ciento de minusvalía. Lo que nos llega son personas que nos dicen que el empleador quiere saber la causa. En ese sentido, lo que decidimos a finales del año pasado fue pedir a la Agencia de Protección de Datos que prohibiera a las empresas solicitar esa información. Claro está, no hay nadie con una minusvalía a quien le pidan todo el informe y conteste: “No, eso no me lo puede pedir, y aquí está el informe de la Agencia de Protección de Datos”. Ése es un trabajo que luego tendremos que hacer desde las organizaciones, trabajando con los sindicatos, las comunidades autónomas y los empresarios, porque nadie va a ir diciendo: “No, usted no puede pedirme esto”.

En un reciente estudio conjunto de CESIDA, FIPSE y la Universidad del País Vasco en el ámbito laboral, los empresarios reconocen que los estereotipos sobre las personas con VIH son una causa fundamental de la discriminación en el acceso y mantenimiento del empleo, y también de la ocultación del estado serológico. Sin embargo, cuando se les pregunta si contratarían a una persona con VIH, muchos dicen que no lo saben. Es decir, reconocen el problema, pero luego no saben si contratarían a una persona afectada.

¿En qué estado se encuentra la iniciativa para extender a todas las comunidades autónomas la reparación de la lipoatrofia facial?
En este momento, nos interesa mucho cómo las comunidades autónomas piensan implementar dicha prestación. Aunque el Ministerio de Sanidad ha mostrado voluntad de sacar adelante esta iniciativa, nos hemos dado cuenta de que éste no es el caso de todos los gobiernos autonómicos (Canarias es un caso claro). Cuando las asociaciones canarias han ido a preguntar a la administración autonómica qué pasaba, las han remitido a Bernat Soria. Ese tipo de respuestas indica que no va a ser tan fácil.

La Administración tiene que establecer cuáles son los hospitales de referencia donde se va a practicar la intervención y, a partir de ahí, tiene que fijar un protocolo de obligado cumplimiento. Por otra parte, en algunas comunidades autónomas existe un protocolo que, sobre el papel, parece adecuado, pero luego su implementación deja mucho que desear.

En ese sentido, necesitaremos la colaboración de las asociaciones para que nos digan si se está llevando a cabo. El movimiento asociativo es muy importante para vigilar a la Administración cuando no cumple.
Un segundo problema asociado a esta prestación es cómo llegar a todas las personas que realmente la necesiten. Bernat Soria decía que se iban a poder beneficiar unas 14.000 personas, pero ni todas estas personas acuden a ONG ni todas reciben la información adecuada en las consultas. Tenemos que intentar llegar a todo el mundo, a todos los hospitales. Nos han comentado el caso de un médico internista, en una comunidad autónoma donde sí se presta este servicio, que se enteró, por medio de sus pacientes, de que se podía hacer la intervención, ya que a él nadie le había informado. Es decir, el protocolo estará hecho, pero ni lo sabe todo el mundo, ni sabe quien lo tiene que saber. En resumen, es importante que la gente sepa que tiene derecho a esta prestación y que este derecho se cumpla.

¿Qué puede hacer una persona con VIH a quien se le niega la cirugía reparadora?
Un informe realizado por Clínica Legal dice claramente que cualquier persona a la que se le deniegue la prestación por lipodistrofia puede acudir a diferentes instancias, como atención al paciente, e incluso a los tribunales.

La reproducción asistida es otra prestación importante para mucha gente con VIH; ¿hay alguna novedad?
Se trata de un caso semejante al de la prestación de la cirugía reparadora para la lipoatrofia facial. Pensamos que la denegación de cualquiera de estas dos prestaciones supone una clara vulneración de derechos de las personas con VIH. Por ello, hemos trabajado en un informe (que ya se ha mandado al Ministerio de Sanidad y Consumo [MSC] y a los grupos parlamentarios) para que esta prestación se realice en todas las comunidades autónomas (CCAA) a través de su incorporación a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Ahora, sólo se practica en algunas (por ejemplo, en el País Vasco se viene realizando desde 2006). Nosotros pedimos que se realice en todas las CCAA, a hombres y mujeres, en todo el territorio nacional. Hay evidencia científica suficiente para decir que, con el tratamiento adecuado, no se le debe impedir a nadie acceder a esta prestación por el hecho de vivir con VIH.

El Ministerio de Sanidad ya ha contestado a nuestra solicitud y señala que no existe restricción para que las personas con VIH puedan acceder a dichas técnicas. En otras palabras, da la razón a las reivindicaciones que desde las asociaciones mantenemos. Sugiere, asimismo, acciones para conocer la situación exacta en las CCAA. Conviene recordar que la carta en la que se solicita la información al respecto ya la hemos enviado a las Administraciones autonómicas y que, por tanto, coincidimos con la línea que nos sugiere el MSC.
Por tanto, creemos que la información que nos proporciona el MSC es muy valiosa y se puede utilizar en caso de ser denegada la prestación en cualquier CCAA. Por supuesto, si fuera necesario, podrían emprenderse acciones legales. En este sentido la sociedad civil podría presentarse como parte en los procesos que se llevasen a cabo.

¿Qué otros ámbitos de actuación son prioritarios para CESIDA?
En prisiones, estamos trabajando en distintos aspectos. Por ejemplo, la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud establece el traspaso de la Sanidad Penitenciaria al sistema público de salud de cada autonomía, pero aún no se ha cumplido. También nos preocupa el tema de las condiciones de excarcelación de las personas inmigrantes. La legislación española dice que una persona con problemas graves de salud no puede ser expulsada si en su país no hay garantías de tratamiento, pero sabemos que la ley tampoco se está cumpliendo.

En el terreno de los seguros y los servicios financieros, estamos valorando acudir a diferentes organismos para presentar el informe que hemos realizado y que recoge las distintas situaciones discriminatorias que, sobre esta cuestión, sufren las personas con VIH, por ejemplo, al no poder acceder a una hipoteca o contratar un seguro de vida.

El cambio de catalogación del VIH como infección transmisible no casual es otra prioridad, pero es un asunto muy complicado en el que seguimos trabajando.

Asimismo, estamos contemplando la posibilidad de extender a las personas con VIH la protección frente a la discriminación que ofrece la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU) a las personas con una discapacidad. Si vivir con VIH pudiese dar acceso a la minusvalía del 33%, eso haría que una persona con VIH, al ser discriminada, pudiera acceder a todos los beneficios que permite dicha ley a efectos de defensa frente a la discriminación.

Es un tema muy importante, porque una discriminación por VIH no es lo mismo que una discriminación por minusvalía. Actualmente, es la persona infectada por el virus quien tiene que demostrar que ha sido discriminada por razón de su estado serológico, mientras que, en el caso de una persona con una minusvalía reconocida, es el empresario quien tiene que demostrar que no la ha discriminado por esa minusvalía. En un juicio, la inversión de la carga de la prueba daría una seguridad adicional a las personas con VIH que hoy en día es inexistente.

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