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Las ONG firmantes protestaban por la supresión de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación y del Instituto de Salud Pública, así como por la consiguiente fragmentación de sus competencias. En sintonía con las denuncias de los profesionales de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el comunicado resaltaba que estas medidas van en detrimento de "una visión más integral y social de la salud".

En particular, se destacaba que la política sanitaria del gobierno conservador "implica un riesgo para las estrategias comunitarias de prevención de la trans­misión del VIH, de lucha contra la dis­criminación y de atención integral de las personas afectadas, tanto aquéllas que dependen directamente de la Administración como las que se llevan a cabo de manera conjunta entre ONG y Administración”.

La situación no parece haber mejorado en estos meses. Alberto Martín, vocal de la Oficina Regional de Sida de Madrid y miembro del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la capital (COGAM), ha denunciado recientemente que, del presupuesto total dedicado por la Administración autonómica a combatir la enfermedad, “sólo un 1,19% se destina a prevención y promoción de la salud, y nada (0%) a atender los aspectos sociales derivados de la infección, quedando un plan que, en la práctica, es sólo sanitario”.

Se calcula que casi la cuarta parte de las personas con VIH de España viven en Madrid. Además, esta comunidad se encuentra a la cabeza en casos de sida acumulados desde el inicio de la epidemia y presenta un alarmante retraso en el diagnóstico del VIH. Y, pese a ello, la Administración aún no ha elaborado un nuevo Plan de Actuaciones frente al VIH/sida (el anterior, que continúa sin evaluarse, expiró en 2007).

“La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid –reclama Martín– debe recapacitar sobre la inadecuada e insuficiente respuesta que está dando a la infección por VIH, a los aspectos sociales derivados de la infección y al apoyo a las ONG que llegamos a las poblaciones de difícil acceso”.

No sabemos si la privatización de la sanidad pública madrileña se encuentra entre las prioridades del gobierno de Aguirre, pero lo que es seguro es que tanto la prevención del VIH como la atención de las personas que viven con el virus figuran en los últimos puestos de la lista.