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El Gobierno chino ha tratado, por todos los medios, de que la prensa internacional sólo pusiera sus focos en los próximos Juegos Olímpicos de Pequín, intentado además acallar, por cualquier medio posible, la disidencia pública interna debida a las constantes violaciones de derechos humanos (DDHH) en ese país. Sin embargo, son varios los frentes que se le han abierto, como el de los monjes budistas tibetanos, que aprovecharon el tirón olímpico para denunciar la represión sobre el Tíbet, lo que hizo desviar las miradas del mundo sobre esta situación en particular. No obstante, fue la naturaleza la que mayor acento puso para que se mirara en el interior de China.


Ahora ya no se habla de los Juegos, ni del Tíbet, ni siquiera de los incidentes que se sucedían allá por donde pasaba la antorcha olímpica, y que todos los días abrían los telediarios y llenaban portadas de periódicos. Hoy en día, sólo se habla del terrible terremoto que sacudió a toda una región.

De cualquier modo, en un país con más de 1.300 millones de habitantes, bajo un régimen comunista y con un sistema de gobierno represivo, siguen sucediéndose atropellos a los DDHH de los que la prensa ya no informa. Es el caso de uno de los activistas del sida más conocidos en China, Hu Jia, quien ha sido perseguido por denunciar las constantes irregularidades del Gobierno chino en materia de DDHH. En la actualidad, asociaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights in China han denunciado que Hu Jia ha sido condenado a tres años y medio de cárcel, porque, de acuerdo con el gobierno chino, “incita a la subversión del poder del Estado”. Y este caso no es la excepción, sino la regla general.

Otra activista del sida, Li Xige, también fue detenida a principios de mayo por impulsar una campaña a favor de la liberación de Jia y pedir dinero para ayudar económicamente a la familia de éste. Aunque no es la primera vez; ya en el pasado, al igual que Hu Jia, Li Xige estuvo bajo arresto domiciliario mientras trataba de conseguir el apoyo del Ministerio de Salud chino para que se indemnizase a todas las personas que, como ella y su familia, contrajeron el VIH a causa de transfusiones de sangre infectadas por el virus.

Por otra parte, el Instituto de Educación para la Salud AIZHIXING, con sede en Pequín, informó de que, a principios de abril, once personas VIH positivas y sus familiares, aprovechando la visita del primer ministro chino Wen Jiabao a la ciudad de Shahe (en la región de Xing Tai), solicitaron una reunión con él. La reunión era para explicarle a Wen Jiabao cómo se infectaron a través de transfusiones de sangre realizadas en el hospital de Kang Tai. Estos ciudadanos sólo pedían una compensación y el tratamiento para el VIH, pero fue en vano.

La policía les apartó y reprimió con empujones, porras eléctricas, golpes y patadas. Poco después, vinieron en ambulancias algunas personas con batas blancas (no se sabe si era personal médico o no) y rociaron a los presentes con una sustancia desconocida, causándoles la pérdida de conciencia. Posteriormente, las 11 personas con VIH fueron arrestadas sin un procedimiento legal durante el arresto.

Estos tres casos sólo representan la punta del iceberg de una situación mayúscula que se repite en todo el país. Para AI, la sentencia contra Hu Jia “es un castigo por criticar públicamente las violaciones de DDHH en China, y una advertencia a cualquier activista de China que se atreva a plantear públicamente cuestiones de derechos humanos”. “También convierte en una burla las promesas de las autoridades chinas de mejorar la situación de los derechos humanos en el periodo previo a los Juegos Olímpicos”, añadió.

Amnistía Internacional considera a Hu Jia preso de conciencia y ha exigido su puesta en libertad inmediata e incondicional. La organización insta al Comité Olímpico Internacional (COI) y a los dirigentes mundiales que han apostado por las Olimpiadas a que expresen públicamente su preocupación por la difícil situación que atraviesan tanto Hu Jia como muchos otros tantos activistas pacíficos en China, que han sido silenciados en el periodo previo a las Olimpiadas. De no denunciar la actual situación, según AI, se produciría una “conspiración de silencio”, que las autoridades chinas percibirían como un apoyo tácito a su represión.

Fuente: Elaboración propia.
Referencia: Amnistía Internacional; Human Rights in China; Instituto de Educación para la Salud AIZHIXING.