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El pasado mes de diciembre, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció públicamente las prácticas de detección inmigratoria del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU (DHS, en sus siglas en inglés), por poner en peligro la salud y la vida de los inmigrantes detenidos que viven o pueden estar viviendo con VIH.

Se supone que el DHS, junto al Servicio de Control de Aduanas (ICE), entidad ejecutora del primero, tienen no sólo la obligación de controlar, detener1 y procesar a inmigrantes ilegales tanto en el [interior del] país como en sus fronteras, sino que también tienen el compromiso de proveer las necesidades mínimas de atención sanitaria a las personas detenidas que estén enfermas durante su detención, además de respetar sus derechos.

En este sentido, la denuncia que presentó HRW vino acompañada de un completísimo informe de 76 páginas titulado: Indiferencia crónica: Servicios de VIH/sida para personas inmigrantes detenidas en Estados Unidos. El informe es demoledor y contundente: el DHS no vela por que se suministre un tratamiento apropiado, ni siquiera sabe cuántas personas detenidas tienen VIH; asimismo, sus políticas y procedimientos están por debajo de los estándares mínimos requeridos para brindar atención médica que pueda salvar vidas. Según este informe, casi 30.000 personas inmigrantes, ya sean ilegales, con residencia legal permanente, solicitantes de asilo o familias, además de niñas y niños no acompañados, se encuentran detenidas en centenares de prisiones y centros de detención inmigratoria en todo el territorio estadounidense.

“El gobierno no tiene idea alguna de cuántas personas viven con VIH o SIDA, cuántas requieren tratamiento y cuántas están recibiendo seguimiento médico”, indicó Megan McLemore, del Programa de VIH/sida de HRW.

El informe detecta todos estos fallos graves e incumplimientos del DHS a través de las experiencias de las propias personas que viven con VIH/sida que han sido puestas bajo “custodia inmigratoria” y cuyo tratamiento para el VIH les fue denegado, demorado o interrumpido. Esto ha traído como consecuencia un riesgo grave y, a menudo, daños para la salud. La investigación llevada a cabo por HRW incluyó entrevistas a personas que habían estado o estaban detenidas, a funcionarios del DHS y de los centros de detención, así como una revisión médica independiente del tratamiento proporcionado.

El informe revela que los centros de detención (muchos de ellos son subcontratas de cárceles o centros locales) que alojan inmigrantes que viven con VIH no proporcionaron la medicación antirretroviral de forma constante, no realizaron pruebas de laboratorio de seguimiento, no garantizaron la atención médica, ni tampoco aseguraron la confidencialidad ni la protección frente a la discriminación.

Condiciones durante la detención

Según el informe, las quejas por abusos, descuido y condiciones inhumanas en la detención inmigratoria continúan, a pesar de la emisión de normas internas. En junio de 2007, los diarios The New York Times y The Washington Post investigaron las 62 muertes ocurridas bajo detención inmigratoria a partir de 2004. Desde que se publicaron esos reportajes, otras cuatro personas inmigrantes murieron bajo detención.



En este sentido, el informe destaca la muerte de Victoria Arellano, una mujer transgénero, de 23 años de edad, que vivía con VIH y que murió en julio de 2007 después de haber permanecido sin cuidados médicos durante ocho semanas en un centro de detención en San Pedro (California). También se relatan otros casos, entre los que figura el de una mujer alemana de 61 años de edad que no consiguió tratamiento para prevenir una neumonía.

Por último, el informe aporta una serie de recomendaciones dirigidas tanto al DHS como al ICE y otros organismos con competencias en inmigración, como el Congreso de EE UU. “El Departamento de Seguridad Nacional debe optimizar sus políticas, así como vigilar más cuidadosamente y asegurar que las personas inmigrantes detenidas que viven con VIH o sida reciban un tratamiento eficaz. De lo contrario, estas personas continuarán sufriendo, e incluso morirán, mientras se encuentren bajo custodia del Gobierno de EE UU”, puntualizó McLemore.

Fuente: www.hrw.org ­/ Elaboración propia.

1 No se conoce con certeza la duración media de la detención inmigratoria. Un informe del ICE de abril de 2006 asevera que las personas detenidas provenientes de “países en desarrollo” son recluidas, por término medio, 89 días.