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  1. Lo+Positivo 39, primavera 2008
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El derecho al trabajo

Editorial

Si algo nos enseña la historia de la epidemia de VIH/sida es que el avance en el reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por el VIH, como el de tantos otros colectivos sujetos a estigma y discriminación, no ha sido un regalo caído del cielo, sino el fruto de una lucha ardua y constante. Quizá llegue el día en que la medicina logre erradicar el virus, o en que estar infectad@ por el VIH deje de verse como una tara moral y se entienda como lo que realmente es: una cuestión de salud. Pero mientras esto ocurre, no se puede bajar la guardia. A pesar del camino recorrido, la discriminación a causa del VIH no es cosa del pasado, sino una realidad cotidiana.

Por desgracia, el laboral es precisamente uno de los ámbitos donde la discriminación ha demostrado ser más pertinaz. Distintos informes y testimonios dan prueba de los obstáculos que las personas con el VIH se ven obligadas a salvar para poder ejercer su derecho al trabajo. Las pruebas obligatorias del VIH para conseguir o mantener un empleo, la violación de la confidencialidad sobre los resultados de los exámenes médicos o el despido o cambio en las condiciones de trabajo por razón del estado serológico son prácticas discriminatorias que la legislación vigente –la Constitución española, el Código Penal y el Estatuto de los Trabajadores– condena sin reparos y que, sin embargo, se producen con indeseable asiduidad. La reciente y meritoria campaña de la Generalitat catalana para concienciar a la opinión pública sobre este problema es una manera implícita de reconocer su existencia. Los poderes públicos deben asumir su responsabilidad y velar por el cumplimiento de las leyes: de ahí que sean tan necesarias más iniciativas de este tipo.

La experiencia diaria indica que la ley es necesaria pero no suficiente. Es preciso que todos los agentes implicados -las distintas administraciones públicas, ONG, sindicatos, empresarios-, así como las propias personas afectadas por el VIH, se movilicen para hacer de la no discriminación y del derecho al trabajo una realidad. Sólo un enfoque global, que abarque medidas legales, pero también sociales y educativas, podrá de verdad abordar la raíz del problema.

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