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  1. Lo+Positivo 38, otoño 2007
  2. Opinión

Yo juzgo, tú juzgas… ¿quién previene?

las más positivas

Para la mayoría de personas que viven con VIH tener cuidado de que otras no se infecten constituye una de sus principales preocupaciones. No debemos olvidar que conocen por experiencia lo difícil que es vivir con el virus y muchas han hecho del trabajo para acabar con la epidemia uno de sus objetivos vitales. En realidad, esta preocupación por evitar el poner en riesgo a otras personas es uno de los factores que precisa de una gran atención tras el diagnóstico, pues trae consigo una carga de miedo y responsabilidad la cual hace que volver a tener relaciones íntimas sea un paso difícil de dar.

“Portar” el peligro


Quizá no todas las personas con VIH toman las precauciones necesarias en todo momento, pero eso queda muy lejos de las escabrosas historias sobre transmisiones intencionadas que se hacen tristemente célebres a través de los medios. No cabe duda de que cualquier conducta que ponga de manera deliberada en riesgo la salud de otra persona es moralmente reprobable, pero la decisión de poner en marcha leyes específicas para “condenar” a estas personas no debería ser tomada a la ligera, sin tener en cuenta las posibles consecuencias negativas, algunas de las cuales es probable que vayan directamente en contra de los beneficios que parecen perseguir.

Ilustración: Mi SIDA / las más positivas
En muchos casos, el proceso de adopción de medidas legales para castigar la transmisión arranca, sencillamente, de los prejuicios mantenidos y alimentados en el seno de la sociedad. A pesar de los avances en la comprensión de los mecanismos de transmisión del virus, todavía perdura la percepción generalizada de que las personas con VIH “portan” el peligro, estableciendo un vínculo engañoso entre virus y persona infectada. Este caldo de cultivo sirve a las autoridades para promover una solución simplista, que deja de lado la enorme complejidad de esta epidemia en una intento vano de “acabar” con ella por medio de la represión, obviando la contradicción evidente entre esta legislación, de la que se deriva que las personas con VIH son responsables de mantener el virus bajo control, y las políticas de salud pública, que establecen que todo el mundo es igualmente responsable del cuidado su propia salud.

Prevención o compensación


Para muchas mujeres, este enfoque resulta peligroso y hasta mortal, pues su vulnerabilidad ante el VIH proviene de profundas desigualdades sociales que no se solucionan con la amenaza de castigo. En general, más del 80% de las nuevas infecciones en mujeres tiene lugar como resultado de la relación sexual con sus maridos o parejas estables. Muchas se sienten legítimamente frustradas por haber sido engañadas por sus parejas a diferentes niveles y por los mensajes de las autoridades que sitúan el riesgo de infección en colectivos que no tenían nada que ver con sus vidas cotidianas. Se sienten, pues, engañadas y desamparadas por una comunidad que no las apoya en sus esfuerzos por recuperar el poder que les permita cuidar de sí mismas, pero luego las condena por haber sucumbido a un virus ante el que muchas veces se encuentran indefensas. El deseo de contar con leyes que ayuden a condenar a quienes las pusieron en riesgo, que hagan pagar a quienes trajeron a su vida sufrimiento, vergüenza, enfermedad y muerte es totalmente comprensible. Pero, ¿es defendible como herramienta de prevención?

Muchas mujeres sienten la necesidad de que se repare el daño que les han hecho, y muchas defensoras de los derechos de las mujeres se suman también a esa reclamación, en la creencia de que la ley podría actuar a favor de las mujeres en situación más desfavorecida. Pero, ¿iría eso a favor de la prevención de futuras infecciones, o por el contrario estaríamos hablando de la compensación moral de daños ya infligidos?

Por otra parte, no debemos olvidar que la regulación de la transmisión no va a depender de quién es la persona más vulnerable sino de quién está en disposición de llevar adelante una denuncia que ponga en marcha el aparato de la ley. Y aquí, nuevamente, nos encontramos con la misma barrera de vulnerabilidad social que impediría que aquellas personas que más pudieran necesitar el amparo de la ley estuvieran en disposición de utilizarla.

Una criminal en potencia


En cualquier caso, las conductas que estas leyes pretenden controlar o castigar son actividades íntimas y profundamente humanas que no tienen cabida de manera natural en términos legales. ¿Cómo se prueba una intención? ¿Cómo se investiga el nivel de comprensión de lo que se sabe? ¿Información es lo mismo que conocimiento?

Estas leyes están encaminadas a culpabilizar, vengar y castigar; no tienen en cuenta el elemento consensual del sexo y niegan la responsabilidad personal de las personas VIH negativas. En algunos casos contados, la responsabilidad criminal de la persona que transmite el VIH podría estar muy clara, pero sería desastroso que los casos individuales llevaran a la conclusión de que, por el mero hecho de vivir con el VIH, la persona se convierte en una criminal en potencia.

Por otra parte, si una persona no sabe que es VIH positiva, no será posible acusarla de transmisión voluntaria. ¿No nos llevaría esto a evitar la prueba? O, por el contrario, el paso siguiente sería tener que legislar también la obligatoriedad de someterse a la prueba del VIH de manera periódica, a realizar certificados de “comunicación de diagnóstico”…

Legislar sobre la transmisión

Imagen: Destacado Maternidad VIHEn muchos lugares, las mujeres son culpadas por la transmisión del VIH cuando su único “crimen” es el de ser las primeras en conocer su seroestatus al acudir a los centros de atención antenatal. La obligatoriedad de la prueba del VIH en mujeres embarazadas (expresada de maneras diferentes, aunque obligatoria en la práctica en la mayor parte del mundo) es aceptada de manera generalizada sin apenas controversia, e incluso las propias mujeres consideran inadecuado cuestionar una práctica en cuya argumentación se utiliza la seguridad de sus hijas e hijos. Una vez más, la maternidad se usa como justificación para la regulación del cuerpo femenino, y legisladores, jueces y el público en general hacen uso de ella como argumento para juzgar la conducta de las mujeres y decidir sobre el ejercicio de sus derechos.
Para las mujeres (y hombres) con limitada capacidad de comunicar su diagnóstico y/o tomar precauciones que reduzcan el riesgo de transmisión, en lugar de servir de protección la ley de criminalización de la transmisión puede añadir una carga adicional, situándolas ante un doble riesgo: ante el VIH y ante la violencia que suele derivarse de la comunicación del diagnóstico en el seno familiar o de la comunidad.

Imponer sanciones por la transmisión o el riesgo de transmisión del VIH sería especialmente injusto en circunstancias en las que las opciones de la personas VIH positivas para evitar el daño o el riesgo de infligirlo son limitadas, algo que es una constante en el caso de muchas mujeres VIH positivas. En cualquier caso, resulta contradictorio que muchos gobiernos estén planteándose legislar sobre la transmisión del VIH –o ya lo han hecho– mientras mantienen una tolerancia obscena ante la muerte de millones de personas por falta de la adecuada atención sobre la base de argumentos económicos o de propiedad intelectual.

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