edito
Tailandia es uno de los países con pocos recursos en el que el gobierno ha tomado la iniciativa, amparándose en la legislación internacional, de emitir licencias obligatorias de varios antirretrovirales, entre ellos lopinavir potenciado por ritonavir, el conocido Kaletra®. Tras varias negociaciones fracasadas, la compañía propietaria del medicamento, Laboratorios Abbott, decidió en represalia retirar la solicitud de comercialización de varios nuevos medicamentos en el país, incluyendo la nueva formulación de Kaletra® que no requiere refrigeración. Hasta aquí un capítulo más del bizarro conflicto mundial entre intereses económicos, innovación en investigación y necesidades de salud.
Pero el frustrante episodio de lo acontecido entre Tailandia y Abbott ha tenido un epígono más inquietante si cabe. Como respuesta a la postura de la multinacional con sede en Chicago, el grupo activista ACT UP París organizó un boicot a su portal de internet que tuvo suficiente éxito como para interrumpir algunos servicios de la compañía, como la venta en línea de productos nutricionales. La reacción de la empresa ha sido apelar a la ley antiterrorista francesa y llevar a juicio a la organización comunitaria por su ataque cibernético pidiéndole daños por valor de entre 75.000 y 100.000 dólares.
Una medida claramente desproporcionada y carente de sentido, que puede volverse en contra de la propia compañía. Para la comunidad del VIH va a resultar muy difícil de entender que Abbott abuse de su poder y ponga contra las cuerdas, hasta el punto de amenazar con su desaparición, a una organización que sólo pretendía llamar la atención sobre una situación que es, a todas luces, injusta. Al fin y al cabo, se esté de acuerdo o no con las tácticas de ACT UP París, bloquear una web no es muy diferente a manifestarse y encadenarse a las puertas de las sedes centrales de los laboratorios impidiendo la entrada del personal, una seña identidad del activismo del VIH desde finales de los 80.
Precisamente, una portavoz de GlaxoSmithKline, la primera en “sufrir” acciones directas cuando todavía era sólo Burroughs Wellcome, ha recordado estos días que entre la industria farmacéutica existe el acuerdo tácito de dialogar con los grupos activistas, e implicarlos en las discusiones para encontrar soluciones conjuntas, y no enfrentarse a ellos, ya que resulta improductivo.
Abbott se ha saltado dicho acuerdo, lo que no conviene a ninguna de las partes. La compañía debería reflexionar y retirar la demanda a ACT UP París, ya que ello implicaría el reconocimiento de que el poder de una multinacional sobre la vida de millones de seres humanos debe tener mecanismos de control social, y que sus intereses comerciales han de tener límites basados en valores humanos universales.
Pero el frustrante episodio de lo acontecido entre Tailandia y Abbott ha tenido un epígono más inquietante si cabe. Como respuesta a la postura de la multinacional con sede en Chicago, el grupo activista ACT UP París organizó un boicot a su portal de internet que tuvo suficiente éxito como para interrumpir algunos servicios de la compañía, como la venta en línea de productos nutricionales. La reacción de la empresa ha sido apelar a la ley antiterrorista francesa y llevar a juicio a la organización comunitaria por su ataque cibernético pidiéndole daños por valor de entre 75.000 y 100.000 dólares.
Una medida claramente desproporcionada y carente de sentido, que puede volverse en contra de la propia compañía. Para la comunidad del VIH va a resultar muy difícil de entender que Abbott abuse de su poder y ponga contra las cuerdas, hasta el punto de amenazar con su desaparición, a una organización que sólo pretendía llamar la atención sobre una situación que es, a todas luces, injusta. Al fin y al cabo, se esté de acuerdo o no con las tácticas de ACT UP París, bloquear una web no es muy diferente a manifestarse y encadenarse a las puertas de las sedes centrales de los laboratorios impidiendo la entrada del personal, una seña identidad del activismo del VIH desde finales de los 80.
Precisamente, una portavoz de GlaxoSmithKline, la primera en “sufrir” acciones directas cuando todavía era sólo Burroughs Wellcome, ha recordado estos días que entre la industria farmacéutica existe el acuerdo tácito de dialogar con los grupos activistas, e implicarlos en las discusiones para encontrar soluciones conjuntas, y no enfrentarse a ellos, ya que resulta improductivo.
Abbott se ha saltado dicho acuerdo, lo que no conviene a ninguna de las partes. La compañía debería reflexionar y retirar la demanda a ACT UP París, ya que ello implicaría el reconocimiento de que el poder de una multinacional sobre la vida de millones de seres humanos debe tener mecanismos de control social, y que sus intereses comerciales han de tener límites basados en valores humanos universales.
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