gTt-VIH

En Argentina, la legislación vigente garantiza el acceso de la población a detección voluntaria y tratamiento de la infección por VIH, tanto en el sistema de salud público como privado. En consecuencia, el Estado, las Obras Sociales y las empresas de medicina prepaga deben proveer tratamiento a todas las personas que reciben sus servicios.

Esta legislación, pionera en la región y producto de años de lucha de las organizaciones de base comunitaria locales, procuró que el acceso tanto a la medicación antirretroviral a partir de su aparición en el mercado, como a aquella necesaria para el tratamiento de todas las enfermedades relacionadas con el VIH, se hiciera efectivo en todo el territorio nacional. 

Su aplicación, sin embargo, no ha estado exenta de problemas, ligados a conflictos de intereses de diversa índole, a la situación general del país y a circunstancias particulares de las provincias que lo integran. 

La crisis que atraviesa la Argentina, con más de la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza, ha hecho que la realidad de la infección por VIH se vea superada por otras: la pobreza extrema y la desnutrición en amplias zonas del país. 

El aumento del desempleo provocó que vastos sectores de la población perdieran los beneficios de sus Obras Sociales. Asimismo, la caída del poder adquisitivo impidió a un gran número de personas continuar afrontando los costos de un sistema de salud privado. Situaciones que determinaron la sobrecarga del sistema público. 

La crisis económica favoreció la violación de las leyes y en reiteradas ocasiones las personas en tratamiento debieron y deben recurrir a la Justicia a causa de interrupción en el suministro de las drogas. 

Al igual que la interrupción forzada de los tratamientos, la pobreza también crea graves dificultades en el sostenimiento de una buena adherencia, facilitando la aparición de fallo terapéutico, con las complicaciones que ello implica. 

Atazanavir, tenofovir y T-20, recientemente aprobados en nuestro país, no están aún disponibles en el Programa Nacional de SIDA para las personas que los requieran a causa de multirresistencia, siendo utilizadas como drogas de rescate lopinavir/ritonavir. Las primeras han sido incorporadas al vademécum de las obras sociales y algunas prepagas las cubren bajo presión del afiliado o del médico tratante. Tampoco se ha incluido en el vademécum interferón pegilado para el tratamiento de las personas con coinfección VHC/VIH. 

Con respecto al control de calidad de los productos antirretrovirales que debe garantizar el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica) existe, desde el año 2001, normativa que exige la verificación de equivalente eficacia terapéutica en todos los productos que se comercializan en el mercado local, mediante estudios de biodisponibilidad/ bioequivalencia. No obstante, dicha normativa fue pautada a través de un cronograma, cuyo plazo de cumplimiento ha sido prorrogado, año tras año, a pedido de la industria farmacéutica y en perjuicio de las personas en tratamiento, a pesar de las reiteradas denuncias realizadas desde la comunidad de personas afectadas por el VIH y de las presentaciones ante la Justicia efectuadas por la Fundación Spes y la Asociación Redes Nueva Frontera. 

Esta situación motivó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, quien a comienzos de este año produjo una Resolución recomendando al Ministro de Salud, a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga, distribuir a las personas en tratamiento únicamente aquellos productos que contaran con estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia aprobados por ANMAT. 

Hasta la fecha, la ANMAT ha declinado informar si existen productos con estudios de bioequivalencia aprobados, aduciendo la vigencia del plazo establecido por la prórroga del tercer cronograma, que vence en el próximo mes de octubre. Lo que determina la afirmación de que los medicamentos antirretrovirales copias que se distribuyen y consumen en Argentina no poseen el status de auténticos medicamentos genéricos, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.