lo más negativo
A finales de 2003 el gobierno británico anunció sus planes de limitar los derechos a l@s extranjer@s, inmigrantes y solicitantes de asilo que se trasladen al Reino Unido en busca de asistencia médica y tratamientos que de forma gratuita brinda el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) de ese país.
Según el Secretario de Salud, John Reid, la atención gratuita que ofrecen los NHS sólo será posible para aquellas personas que residan de forma legal en el Reino Unido. Sin embargo, según el propio gobierno británico se seguirá atendiendo de forma gratuita los casos de emergencia así como los tratamientos de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. En cambio, el tratamiento antirretroviral quedará excluido y l@s no residentes que quieran conseguirlo tendrán que pagarlo.
A partir del próximo mes de abril las personas que no tengan derecho a tratamiento gratuito de los NHS tendrán que pagar por él.
Según las autoridades, el motivo principal para tomar esta medida es el coste del tratamiento y de los cuidados de las personas sin residencia en el Reino Unido. La prensa amarilla se hizo eco describiendo a l@s inmigrantes y solicitantes de asilo VIH positivos como una “amenaza para la salud pública”.
La Asociación Médica Británica ha criticado el plan y uno de sus portavoces indicó que esta medida era un error.
Por otro lado, los conservadores de la oposición han atacado el plan por no ir bastante más lejos, y ya han exigido las pruebas del VIH y la tuberculosis a l@s inmigrantes y a l@s que buscan asilo en el Reino Unido.
Asimismo, se entiende que el Gobierno está considerando la introducción de una exigencia según la cual todas las personas que soliciten un visado de entrada al Reino Unido deberán presentar pruebas de su estado serológico al VIH en el momento de la solicitud.
La otra Europa
Aunque no forma parte de la Unión Europea, Suiza es otro de los países que está considerando la posibilidad de imponer la prueba de VIH a las personas que soliciten asilo en ese país, según la Agencia Federal de Salud del país (AFS). Según las autoridades, la medida responde al incremento del número de refugiad@s infectad@s procedentes del África Subsahariana. En 1991, los laboratorios suizos registraron 2.144 pruebas VIH positivas y en 2000 había caído a 586. Sin embargo, el número ascendió al año siguiente, llegando a 632 y en 2001 se incrementó en 791. Este 25% de incremento en sólo 12 meses alertó a la AFS. El informe anual de la AFS declaraba que “la tendencia epidemiológica de la infección por VIH ha cambiado de forma preocupante”. El informe de las estadísticas muestra que 218 de las 791 pruebas positivas se realizaron en personas procedentes del África Subsahariana.
Sin embargo, se trata de una estimación, ya que sólo el 70% de los datos de las pruebas indicaba el origen de la persona. Lo que significa que aunque estas personas procedentes de esta región representan alrededor del 27% de todos los nuevos casos de VIH en Suiza, sólo constituyen el 0,4% de la población total.
Según el director de la división de SIDA de la AFS, Roger Staub, “en el futuro se debería hacer la prueba del VIH a l@s solicitantes de asilo y que reciban el asesoramiento apropiado. Sin embargo, aquell@s que no deseen hacerse la prueba deberán tener la oportunidad de acceder a ésta. Las autoridades no pueden imponer la prueba obligatoria, ya que no existe base legal para ello”. Las pruebas se realizarían en los cinco centros de registro de refugiados de Suiza como parte del control médico que se les da a tod@s l@s solicitantes de asilo. La Oficina de Salud decidirá en febrero si hay que seguir adelante con su plan.
Aids & Mobility y las pruebas obligatorias de SIDA
“A las personas que reciben un diagnóstico de VIH positivo se les debería ofrecer la posibilidad de recibir tratamiento, de lo contrario, existe un riesgo real de que no vean la conveniencia de realizarse la prueba. Además, l@s inmigrantes pueden percibir que a los países anfitriones, particularmente aquellos con políticas obligatorias de pruebas, sólo les interesa identificar a las personas con VIH con el propósito de deportarles, sin ningún compromiso con su salud personal. Por otra parte, las pruebas obligatorias sin una posibilidad de tratamiento, en caso de ser positivas, plantea una grave cuestión ética. También se le debería prestar atención al asunto de las pruebas y los tratamientos, porque esto tiene un impacto sobre la credibilidad en términos generales del trabajo de prevención del VIH entre las comunidades inmigradas.”
“El acceso a los servicios sanitarios debería hacerse bajo un contexto no discriminatorio, basado en una política en igualdad de oportunidades. Se deben abolir las pruebas obligatorias. Así los miembros de las comunidades inmigradas sentirán que hacerse la prueba es para su propio beneficio y no una amenaza para su situación administrativa. Por lo que se deberían abandonar las practicas de deportación basadas en el VIH/SIDA y cualquier otra enfermedad.”
En 1999 A&M publicó la Declaración de Atenas, cuya redacción se realizó tras finalizar un seminario sobre Acceso a los Nuevos Tratamientos para Inmigrantes que viven con VIH y SIDA. Algunas de las recomendaciones de este documento indican:
“El acceso a los nuevos tratamientos debería estar garantizado para todas las personas que residan en la Unión Europea, incluidos inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos con movilidad.
L@s inmigrantes que viven con VIH/SIDA que no tengan un estatus de residencia legal pero que requieran de cuidados médicos, deberían tener acceso a los cuidados sanitarios adecuados. Por lo que no deberían estar sujetos a la expulsión mientras necesiten el tratamiento.
Debería estar disponible en diferentes idiomas la información acerca de la prueba del VIH y de los nuevos tratamientos para el SIDA. El consentimiento informado de la prueba y la confidencialidad de los resultados son derechos básicos y deben mantenerse en todas las situaciones. Se debe aceptar el derecho a decir no a la prueba y al tratamiento...”
Fuente: Lista de distribución de Aegis; www.aidsmap.com; Aids & Mobility Europe
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