editoriales
Varias ONG gallegas han llevado a los tribunales la creación del Sistema de Información de Nuevas Infecciones VIH o “SINIVIH”, lo que se ha conocido como el registro de casos de VIH. El tema toca la esencia de la defensa de los derechos de las personas con VIH, ya que afecta a la confidencialidad de los datos íntimos. En su momento, las autoridades sanitarias insistieron en que el modelo preservaría dicha confidencialidad, algo que las ONG pusieron en duda. Pese a ello, los gobiernos central y autonómicos decidieron la puesta en marcha del servicio, y el movimiento comunitario se sintió resignado. Menos Galicia.
El caso está siendo visto por la Audiencia Nacional, y las últimas noticias al cierre de esta edición de LO+POSITIVO es que un informe pericial presentado por l@s demandantes desmonta una por una las alegaciones del Ministerio de Sanidad de que el SINIVIH respeta la confidencialidad. Habrá que esperar a la sentencia para saber qué grado de relevancia jurídica se le da a tal informe, y también a los previsibles recursos al Supremo y al Constitucional para ver dónde acaba esta historia.
Nadie niega la necesidad de contar cuántas personas viven con VIH en nuestro país, si no la forma de hacerlo. Por ello sería de desear que las autoridades tomaran la iniciativa e invitaran a las ONG a negociar un nuevo modelo anónimo que hiciera innecesario continuar la batalla legal y sus consecuencias; es decir, que la discusión volviera al terreno del esfuerzo por alcanzar un acuerdo social, de donde nunca debería haber salido.
