editoriales
El 4 de marzo se celebra el primer juicio de los varios que va a tener que afrontar Enrique B. frente a quienes le han discriminado por vivir con VIH. ¿Su error? Haber comunicado a quienes le atendían por un accidente laboral en el puerto de Barcelona su condición de seropositivo. Una cadena de quebrantos en la confidencialidad condujo a que esa condición fuera del dominio de tod@s sus compañer@s de trabajo y a su despido final.
Sabemos que no es un caso aislado, pero sí significativo. Primero, por la valentía de Enrique de denunciar el caso y no arredrarse ante las tácticas intimidatorias de Terminal de Contenedores de Barcelona, la compañía que lo contrataba. Segundo, porque el origen de la quiebra de la confidencialidad, que aun así no excusa las subsiguientes, se da en quien debía poner especial cuidado en su preservación, l@s profesionales sanitari@s de la aseguradora FREMAP. Y tercero, porque pone de manifiesto que la precariedad laboral imperante en nuestro país se ceba con l@s más vulnerables, en este caso las personas con VIH.
Si las pensiones por invalidez que se otorgan a quien más lo necesita tienen una cuantía irrisoria, no existen estímulos para su contratación y se les expulsa del mercado laboral sólo por ser seropositiv@s, ¿cómo es posible hablar de protección social de las personas que viven con VIH?
La comunidad del VIH espera ver cómo las instituciones públicas más directamente responsables, empezando por el gobierno autónomo catalán, se vuelcan apoyando abiertamente a Enrique, sin timidez, con sus palabras y su presencia. Son las garantes del cumplimiento de la legalidad y de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país y no esperamos menos de ellas.
A la espera de esta reacción, la sociedad civil organizada, las ONG, mostraremos el día 4 nuestra indignación por este hecho, aunque sólo sea para demandar que no se repita nunca más.
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