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Ya son nueve los centros penitenciarios españoles que han adoptado un tipo u otro de programa de intercambio de jeringuillas (PIJ) en su recinto. Los PIJ funcionan: evitan infecciones, salvan vidas, mejoran la calidad y economizan enormemente la asistencia. Y el temor de que las agujas serían utilizadas por los internos como arma frente a l@s funcionari@s no se ha cumplido. Por eso va en el interés de tod@s, personas privadas de libertad, profesionales, autoridades y la sociedad en su conjunto, ponerlos en marcha. 

Ya son nueve los centros, pero ninguno catalán (al cierre de la edición de este número de LO+POSITIVO). El gobierno de la única comunidad autónoma española con las competencias penitenciarias transferidas no ha puesto en marcha ningún PIJ en prisiones. ¿Falta de voluntad política? No, dicen sus representantes: falta de acuerdo con l@s funcionari@s de prisiones. Al parecer, éstos ligan su aquiescencia a mejoras salariales. 

Podíamos comprender, aunque no compartir, que un gobierno rechazara los PIJ en los centros penitenciarios por razones de seguridad: se han demostrado infundadas. Podíamos comprender, aunque no compartir, que siguieran negando la evidencia de la existencia de droga en las prisiones: hace tiempo que lo dejaron de hacer. Pero lo que de verdad no podemos comprender es que un gobierno no mande sobre sus funcionari@s, no sea capaz de impartir sus decisiones políticas, no obligue a quienes han sido contratad@s para ello a ejecutar sus programas. No se trata de hurtar el diálogo, sino de no acceder al chantaje que pretende canjear salud de otr@s por dinero propio. 

La imagen de debilidad del gobierno de la Generalitat de Catalunya nos causa estupor y nos obliga a preguntarnos: ¿quién manda en la administración pública catalana?