gTt-VIH

Cuando hablamos de inmigración y VIH, se tiende a pensar que estamos hablando de personas procedentes de países en desarrollo, y cuando se habla de expulsión o de denegación de visado por vivir con VIH también se tiende a pensar que hablamos de las políticas de inmigración de Estados Unidos o de China, por mencionar a los más restrictivos en esta materia. Sin embargo, es un tema que no solamente perjudica a ciudadan@s procedentes de países en desarrollo o es un tema exclusivo de las potencias mundiales, sino que también está afectando a l@s ciudadan@s españoles/as y, lo más curioso, es un hecho que está ocurriendo en el continente europeo y precisamente en la casa de al lado, es decir, en el Principado de Andorra.

Andorra, Estado miembro de la ONU desde 1993, no se encuentra dentro del marco comunitario de los 25 de la Unión Europea, pero tiene un estatus un poco especial dentro de este conjunto, ya que la jefatura de su Estado la comparten la Presidencia de la República de Francia y el Obispado d'Urgell (España). Por otro lado, Andorra se adhirió al Consejo de Europa en 1994 (uno de los objetivos de este Consejo es la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales) y ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1995. Sin embargo, en dicha ratificación hace una salvedad, un poco ambigua, en relación con los temas de inmigración, trabajo y servicios sociales excusándose en que es un país pequeño.

Ahora bien, todo esto viene porque a mediados de 2005, el Observatorio de Derechos Humanos (DDHH) de la Red2002 recibió una denuncia realizada por l@s médic@s Alberto de Dios Romero y Gabriela Picco, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Seu d'Urgell, en el pirineo catalán. Según est@s profesionales de la salud, en sus consultas han recibido a ciudadan@s españoles/as expulsad@s de Andorra por motivos de salud absolutamente injustificados.

Al parecer tod@ aspirante a trabajar en Andorra debe someterse a determinadas pruebas serológicas, cuya finalidad es “prevenir y controlar el riesgo social”, según el Reglamento Regulador de las Revisiones Médicas de l@s Inmigrantes publicado en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA núm. 4 -año 10- 28/01/98).

Según denuncian l@s Drs. de Dios y Picco, el Servicio Médico de Inmigración andorrano está realizando pruebas de detección de anticuerpos del VIH sin consentimiento ni información previa a tod@s l@s inmigrantes (españoles/as incluid@s) que soliciten permiso de trabajo y de residencia (esta prueba, por tanto, se considera como un requisito obligatorio previo para la obtención de los permisos). «En caso de ser positiv@s, se les expulsa de Andorra con una carta emitida por dicho servicio, en la que se especifica por escrito que estas personas padecen una enfermedad crónica que evoluciona hacia la incapacidad y que, además, es infectocontagiosa constituyendo un peligro para la salud pública.»

Est@s profesionales han denunciado los hechos ante las autoridades españolas y las autoridades andorranas, solicitando la intervención del Defensor del Pueblo de Andorra, que se ha limitado a actuar como intermediario entre el Ministerio de Justicia e Interior andorrano y l@s denunciantes. Lo más sorprendente de estos hechos es que el propio ministro de Justicia de Andorra confirma por escrito que los procedimientos que originaron la denuncia de l@s médic@s están contemplados en la legislación andorrana y, por tanto, no consideran que incurran en ninguna violación, esto es, Andorra considera el VIH como una infección crónica que incapacita laboralmente y como un peligro para la salud pública. De igual forma, se está procediendo con los virus de las hepatitis y otras enfermedades”, añade el Dr. de Dios.

Sin embargo, las autoridades andorranas niegan que se proceda, de forma explícita, a la expulsión de inmigrantes por motivos médicos. Por otro lado, el ministro de Justicia andorrano se contradice, ya que «la denegación de permisos de trabajo a las personas infectadas
o seropositivas implica la salida automática del país, lo cual constituye un acto discriminatorio por motivos de salud absolutamente injustificable desde la óptica de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas», argumentan l@s profesionales médic@s.

Ahora bien, dado que el país pirenaico se encuentra fuera del marco del Consejo de Europa cabe esperar que estos hechos puedan llevarse al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, donde los Estados pertenecientes al Convenio Europeo pueden ser requeridos en esta materia. Por otra parte, sería más que deseable que el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tomase cartas en este asunto y ejerciera la presión necesaria ante el Consejo y el Tribunal, tanto porque estas medidas están afectando a ciudadan@s españoles, como porque se están violando los derechos humanos en general en sus propias narices.

Fuente: www.observatorio.red2002.org.es ;
Drs. Alberto de Dios Romero y Gabriela Picco