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La Administración Bush promocionó en 2003 la aprobación de normas legislativas por las cuales ninguna organización extranjera podía recibir dinero público estadounidense a no ser que se opusiera explícitamente a cualquier forma de trabajo sexual.

Recientemente, una circular del Departamento de Justicia hace una nueva interpretación de la Ley del SIDA Mundial y de la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico Humano y establece que tampoco las ONG de EE UU pueden utilizar fondos si no condenan la prostitución.

Esta nueva vuelta de tuerca ha generado el rechazo de los grupos comunitarios del país, que en un número superior a 200 han firmado una carta de protesta que han hecho llegar a la Casa Blanca. Estas organizaciones rechazan la prohibición tanto para sí mismas como para las extranjeras, y argumentan que obligarles a posicionarse en contra de la prostitución amenaza la vida de las trabajadoras sexuales y de las víctimas del tráfico humano.

Jodi Jacobson, Directora Ejecutiva del Centro de Salud e Igualdad de Género, ha declarado: “Ninguna de estas entidades promueve la prostitución. Por el contrario, utilizan estrategias de defensa de derechos para abordar la violencia contra las trabajadoras sexuales, reducir su aislamiento social y aumentar el acceso a los servicios de salud”.

Penny Saunders, de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual, afirmó que cualquier declaración en contra de la prostitución por parte de organizaciones de VIH/SIDA que se dirigen a trabajadoras sexuales llevará a que las personas a las que se intenta atender acaben alejándose, y añadió que había ejemplos de ello en la India, Tailandia y Camboya: en este último país, las ONG abandonaron los planes de proporcionar clases de inglés –que podrían ser una forma de abandono del trabajo sexual– por miedo que se interpretara como “promoción de la prostitución”.

 
Fuente: Gender Health, EE UU