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La ley de la selva

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Desde finales de los años 90, con la introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) –que, en general, ha propiciado un aumento de la calidad y esperanza de vida de las personas con VIH– se ha extendido la idea de que esta infección otrora mortal estaba ya controlada y pasaba a ser una enfermedad crónica. Esta visión simple y atrevidamente optimista, a la que han contribuido los medios de comunicación de masas propagando informaciones poco contrastadas y presentando el descenso de los casos de SIDA como un éxito en el control de la pandemia, también caló en las autoridades del momento y se tradujo en una infravaloración de las discapacidades asociadas al VIH. Las secuelas de las enfermedades oportunistas, los efectos secundarios a largo plazo del tratamiento, otras complicaciones como los cánceres, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las hepatitis y los factores asociados al estigma y la exclusión social, como la lipodistrofia, fueron subestimados.

El anterior gobierno conservador no sólo estrechó los criterios para otorgar el grado de discapacidad necesario para obtener una pensión (centrándolo en el recuento de linfocitos CD4), sino que revisó pensiones ya concedidas. Se retiraron ayudas sin tener en cuenta las posibilidades de reinserción de esas personas. El movimiento asociativo del VIH en España hizo oír su voz creando una mesa estatal de minusvalías y alcanzó un acuerdo, para algunos suficiente y para otros de mínimos, para una valoración más amplia de la discapacidad asociada al VIH. Hoy por hoy, sin embargo, se siguen revisando casos y retirando pensiones anteriormente otorgadas.

Además el sistema de retribución, indiferente al color de gobierno, sigue siendo un sistema que no sólo no intenta redistribuir la riqueza, sino que deja a las personas excluidas ahí y a aquéllas con riesgo de exclusión al borde de ésta. De no haber estado cotizando suficientes años o no haber tenido un sueldo decente en el pasado, habrá que conformarse, con suerte, con una paga pírrica: la pensión no contributiva en 2005 es de 288 euros al mes. Ni tan sólo el salario mínimo interprofesional. Y con el agravante de que, además, tener VIH significa ser automáticamente excluido de servicios que las personas sin VIH pueden usar, como centros psiquiátricos o geriátricos. ¿Cómo queremos que personas con un pasado difícil, con problemas que arrancan en la infancia, historia de uso de drogas, desarraigo, indigencia, pero ahora con ganas de vivir y salir adelante, se las apañen así? ¿Es este un sistema de protección social? Más bien da toda la impresión de ser un sistema que premia a los ganadores y castiga a aquéllos con más carencias. Lo más parecido a la ley de la selva.

 

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