gTt-VIH

ALGUIEN DIJO UNA VEZ que el infierno está lleno de buenas intenciones. A pocas cosas se puede aplicar esta sentencia mejor que a la ayuda humanitaria y a la cooperación al desarrollo, en especial en lo que tiene que ver con el VIH/SIDA. Desde la Conferencia de Durban, en 2000, se han multiplicado las iniciativas para paliar en lo posible la situación de las poblaciones más azotadas por la pandemia. Pese a que el principal problema sigue siendo la escasez extrema de recursos frente a la desproporción de la crisis a abordar, otros aspectos como la descoordinación, el colonialismo político, la estrechez de miras y la falta de habilidades amenazan el éxito de lo poco que se puede llegar a hacer. El itinerario o track E de la Conferencia de Bangkok dedicó buena parte de sus discusiones a este escenario. 

Pongamos el caso español. El Gobierno central apenas ha dedicado hasta ahora atención al VIH/SIDA en su precaria política de cooperación al desarrollo. Pero el Gobierno central no es el único donante español en esta área: están las comunidades autónomas, los ayuntamientos, consejos comarcales y mancomunidades, universidades, fundaciones, centros de salud públicos, semipúblicos o privados, ONG de desarrollo y/o ayuda humanitaria, ONG de VIH/SIDA, ONG de carácter religioso y tantas otras, sindicatos, cajas de ahorro y un larguísimo etcétera. A eso hay que añadir los organismos multilaterales como la OMS, Naciones Unidas y su Fondo Global, UNICEF, UNIFEM y el resto, además de los diferentes órganos de la Unión Europea: en todos ellos España participa en la contribución y asignación de presupuestos. 

O sea, el dinero es escaso y no está coordinado. Esta situación produce deficiencias varias, pero la más llamativa es la carga que supone para el país y la comunidad receptores de ayuda. Cada donante establece su propio formulario de solicitud, sus propios criterios de concesión, sus propios plazos, áreas de interés o prioridad, tiempos de ejecución, cantidades disponibles, aportación límite, contribución local, modalidades de pago, partidas subvencionables, fichas de seguimiento, modelos de evaluación de impacto o de memoria económica y, sin ánimo de ser exhaustivos, sus propias visitas programadas. Todos estos requerimientos, pensados para satisfacer la burocracia del donante y garantizar un uso no fraudulento y eficaz de los recursos transferidos, supone una alta carga para quien debe afrontar cotidianamente la catástrofe humana y social que provoca el VIH/SIDA. 

Algunos países se ven obligados a recibir más de 30 visitas anuales de duración variable, una cada quince días, que no son más que inspecciones por parte del donante. Esto consume un tiempo precioso y genera repeticiones innecesarias. Además de ignorar con frecuencia las necesidades expresadas como perentorias por quien trabaja en el terreno, porque las políticas establecidas en despachos del Norte sobre a dónde deben ir los dólares o euros no ceden ante lo evidente, además, se reiteraba en Bangkok, en ocasiones se guían por principios ideológicos o morales (como la promoción de la abstinencia o la monogamia) que menosprecian evidencias científicas y el sufrimiento de la gente. 

El relator de este itinerario, Edward Green, de Guyana, lo expresó con elegancia eufemística: “Las lecciones aprendidas de programas que han tenido éxito deberían guiar el desarrollo de políticas que faciliten un enfoque más coordinado para la movilización de recursos y la planificación y la puesta en marcha de programas. (...) Las políticas, sobre todo las que se orientan según intereses externos, que impiden el éxito no deberían dictar los objetivos de los programas (...). Creemos que los programas y políticas deberían basarse en realidades científicas en vez de en la ideología o el idealismo”. 

Para evitar o superar estos obstáculos los donantes tienen que aceptar dos hechos. El primero es que los objetivos de las políticas mundiales definidos por países poderosos no deben sobreponerse a las respuestas nacionales o regionales de los países receptores. Claro que para ello es esencial que los dirigentes políticos del mundo en desarrollo (África, Asia, América Latina) ejerzan con fuerza un liderazgo visionario. Visionario en el sentido de que tenga una visión de futuro que oriente el camino a seguir. 

El segundo es que las comunidades de personas afectadas por el VIH se involucren a todos los niveles en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de esas políticas y los programas que las despliegan. Se trata de que las personas que viven con VIH y las que viven en riesgo de contraer el VIH, sus familias y allegad@s y las organizaciones de voluntari@s y profesionales que l@s atienden, participen de igual a igual con instituciones públicas en iniciativas conjuntas que además incorporen a grupos religiosos y al sector privado. 

Para que todo este engranaje funcione, finalmente, es esencial establecer las fórmulas de formación y capacitación adecuadas para que cada uno de estos actores pueda ejercer su papel con efectividad, ya que de poco servirá que los donantes incrementen y coordinen sus ayudas sino se transfieren las herramientas apropiadas para obtener de ellas el máximo beneficio.