gTt-VIH

ESPAÑA cuenta con una población reclusa de unos 52.000 intern@s, la tasa más alta de la Unión Europea junto con Inglaterra y Gales. El 40% son consumidores de drogas por vía parenteral (UDVP) y la mayoría declara haber compartido o compartir material de inyección. La prevalencia actual de la infección por VIH en los centros penitenciarios se aproxima al 20% siendo la vía parenteral el principal factor de riesgo asociado. En el año 2000 se notificaron 189 casos de SIDA, el 7,5% de los declarados para toda España.

Enfrentarse a un diagnóstico positivo al VIH puede tener diferente repercusión cuando una persona se encuentra privada de su libertad, sin embargo esto no tendría que afectar, de entrada, a la atención sanitaria recibida. 

El principio que rige el sistema sanitario penitenciario es garantizar a la población reclusa los mismos cuidados accesibles al resto de la población, basados en el concepto de una medicina integral, es decir, educativa y de promoción de la salud preventiva, curativa y rehabilitadora. 

Los centros penitenciarios aplican una serie de programas específicos en el campo de la asistencia sanitaria. De entre ellos, por el tema que nos ocupa, cabe citar dos: 

• El diagnóstico al ingreso de enfermedades transmisibles prevalentes (VIH/SIDA, tuberculosis, hepatitis, enfermedades de transmisión sexual...).
• El seguimiento de la infección por VIH/SIDA (tratamiento preventivo, detección y notificación de casos, seguimiento individualizado...).

Sobre el papel, la prueba de detección es voluntaria en las cárceles españolas y se ofrece sistemáticamente a tod@s l@s reclus@s ingresad@s en prisión. La práctica es otra cosa. En 1998 la cobertura del test del VIH era del 53%, y entre l@s reclus@s que referían uso de drogas inyectables este porcentaje ascendía hasta un 70%.

Tal y como apuntábamos más arriba, los servicios de atención a l@s seropositiv@s pres@s tendrían que ser los mismos que se ofrecen a la población general: en este sentido, los centros penitenciarios cuentan con un/a médic@ responsable de cada galería que se encarga de realizar los controles y el seguimiento, un equipo de enfermería que, entre otras funciones, se ocupa de transmitir información al/la afectad@ mediante charlas y counselling, y por último, l@s auxiliares sanitarios que distribuyen diariamente la medicación a l@s pacientes. 

Con bastante frecuencia, un recluso que se siente vulnerable a la infección por VIH por prácticas de riesgo y que desconoce su estado serológico o con un resultado negativo previo, acepta someterse a un nuevo control analítico. Al parecer y según l@s expert@s, esta información resulta crucial desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública puesto que permite calcular la incidencia de la infección por VIH de forma fácil y directa, y evaluar las medidas preventivas en la infección por VIH tanto en el ámbito penitenciario como fuera de éste. 

Las causas de la seroconversión, o de las nuevas infecciones por VIH diagnosticadas en los centros penitenciarios, están relacionadas principalmente por el uso de drogas por vía parenteral entre la población reclusa, en concreto por el hecho de compartir material de inyección para la administración parenteral. Este mecanismo de transmisión del VIH en los centros penitenciarios supera el número de casos diagnosticados que se producen por la misma vía en la población general: a la luz de los datos ofrecidos para el año 1999, los porcentajes de infección por VIH en UDPV en prisión y extramuros serían 87,7% y 58% respectivamente. 

En un estudio realizado en el C.P. de Quatre Camins (Barcelona) (1) que tenía como finalidad determinar la seroincidencia del VIH en la población reclusa (1,85 por 100 persona de seguimiento), de entre los 819 participantes negativos al VIH se produjeron 25 seroconversiones, de las cuales 23 se manifiestaron en UDVP, siendo el grupo de 25 a 34 años el más vulnerable a contraer la infección. 

Por lo que respecta a la prevención del VIH por transmisión sexual en el marco penitenciario, a principios de los noventa se instauró en las prisiones la distribución de preservativos entre los internos, una medida preventiva que se ha integrado muy lentamente entre los hábitos de los reclusos a la luz de la información referida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para el año 1998: el 72-79% de los internos declaraba no utilizar habitualmente el preservativo, entre los reclusos seropositivos este porcentaje estaría entorno al 60-75%.

Pese a la insistencia de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, quienes en sus recomendaciones exhortan a los gobiernos que en lo referente al VIH/SIDA garanticen a l@s reclus@s el acceso a los mismos tratamientos y medidas de prevención que se ofrecen al resto de la comunidad, l@s intern@s han denunciado en repetidas ocasiones las injusticias y la violación de los derechos fundamentales de las personas seropositivas en las cárceles españolas, entre las que se cuentan, entre otras, la no aplicación del artículo 196.2 del nuevo Reglamento Penitenciario que posibilita la libertad condicional a personas afectadas por enfermedades muy graves y con padecimientos incurables; la prescripción de fármacos de los que existe la formulación en una sola pastilla, como Combivir, afectando así a la adhesión al tratamiento, uno de los problemas más cuestionado y planteado en las instituciones penitenciarias; la escasa implantación de los PIJ (Programas de Intercambio de Jeringuillas cuya puesta en marcha generalizada estaba prevista para este año) que han levantado numerosas ampollas dentro del sistema penitenciario entre aquell@s que los consideraban ‘ilegales’ y ‘peligrosos’, a pesar de que los centros pilotos hayan demostrado después de un período de funcionamiento que son seguros y eficaces. 

A todas luces, los programas de prevención, asistencia, educación y promoción de la salud y reducción de daños son un vehículo necesario y prioritario para un buen tratamiento de la infección por VIH en las prisiones españolas, pero es igualmente importante educar y formar a los funcionarios penitenciarios no sanitarios en la infección por VIH/SIDA, cuya desinformación y temor genera en ocasiones actitudes de rechazo y marginalidad hacia la población reclusa afectada por el VIH/SIDA. Se ha demostrado que incluso cuando el personal penitenciario cuenta con la información suficiente, no se produce de manera inmediata una asimilación de los conocimientos y un cambio de aptitud, con la consiguiente repercusión en las personas seropositivas privadas de libertad (2). 

Fuente: 

ESCUDERO DE LA FUENTE, A., «Sida y prisión», SIDA 2002; 13/3: 221-223. 

Referencias: 

(1) MARCO, A., «Estudio de la seroincidencia del VIH en población recluida en una prisión española a partir de determinaciones analíticas repetidas», Revista Española Sanidad Penitenciaria, 2001; 3: 60-64.
(2) ARROYO, J. M.; ASO, M., «Conocimientos y actitudes sobre el SIDA entre los funcionarios penitenciarios», Revista Española Sanidad Penitenciaria, 2000; 1: 8-13.