gTt-VIH

Suena el teléfono. «Águeda, mañana tengo juicio. ¡Me acusan de tráfico de drogas por una carta que recibí hace año y medio con 0.085g de heroína cuando estaba recluido en la prisión de Lérida!»

Esta situación se daba a principios de junio de este año y está protagonizada por un ex presidiario del referido centro penitenciario, que ya ha pagado por su condena y que se encuentra trabajando e intentando rehacer su vida.

Los datos que manejamos las asociaciones que trabajamos en prisiones muestran que éste no es un caso aislado puesto que responde a una política en materia de drogodependencias habitual no sólo de las cárceles españolas sino también de las de muchos otros países europeos.

En este contexto, ¿hasta qué punto es viable pensar en una política de reducción de daños y riesgos o de prevención de enfermedades infecciosas?, ¿qué sentido tienen los programas de intercambio de jeringuillas (PIJ) si el consumo está perseguido y constituye un delito?

El pasado mes de mayo se celebró en Lisboa (Portugal) un encuentro europeo sobre prisiones y salud pública para analizar estas y otras cuestiones. El hecho preocupante es que los datos de infección y coinfección VIH/VHC en las prisiones europeas continúan siendo alarmantes a pesar de los esfuerzos realizados. ¿En qué estamos fallando?, ¿qué deberíamos cambiar?, ¿qué línea de trabajo deberíamos seguir?

En cuanto al panorama penitenciario español ya en la década de los 90 empezaron a implantarse los primeros programas de prevención: distribución de preservativos, prescripción de metadona, educación y promoción de la salud, counselling, los PIJ. Con más de diez años a las espaldas disponemos de datos suficientes para realizar un ejercicio de autocrítica y cuestionarnos acerca de cómo se están realizando las intervenciones tanto por parte de las ONG como de las instituciones penitenciarias. Si bien es cierto que hay informes que evidencian que hoy en día existen más recursos socio-sanitarios que antaño, que las medidas higiénicas y preventivas se han reforzado, que incluso la alimentación ha mejorado, también los hay que muestran que continúan vulnerándose con total impunidad graves derechos básicos de las personas privadas de libertad.

En Lisboa coincidimos en que malos tratos, vejaciones, discriminación, talleres sexistas, hacinamiento, medidas represivas, sueldos vergonzosos, falta de políticas de rehabilitación, enfermerías insuficientes, falta de profesionales... mantienen la inadmisible diferencia entre ciudadan@s de primera (l@s de la sociedad) y l@s de segunda (l@s intern@s). Estuvimos de acuerdo en que l@s integrantes de las asociaciones deberíamos velar no sólo por el cumplimiento de los derechos humanos sino también por que cualquiera de las medidas introducidas por la ley del país en materia de drogas (y en general) se aplicaran, con las adaptaciones necesarias, en el interior de las cárceles. Ninguna excusa o pretexto resulta tolerable. Y una actitud contraria creemos debería ser cuestionada.

Centrándonos en valorar cuáles son las carencias en materia de prevención en nuestras cárceles, además de llevar a cabo un análisis crítico de las intervenciones realizadas en los últimos años, en Lisboa llegamos al consenso de que hay diferentes motivos para mostrar cierto recelo en cuanto a la eficacia e, incluso, viabilidad de los programas preventivos, tal y como se están llevando a cabo en la actualidad. A pesar de que son muchas las guías de buenas prácticas, la situación no está mejorando con sólo buenas intenciones. Uno de los factores que pienso favorece el fracaso de la prevención, y ligando con lo que anteriormente apuntaba, es la propia idiosincrasia del sistema penitenciario. A pesar de que cada vez son más el número de funcionari@s que denuncian los casos de torturas por parte de otr@s, mientras continúe la centralización, el secretismo y la "camaradería" mal entendida por parte de algun@s de nuestr@s pres@s, seguirán pagando una doble pena; por un lado, la privación de libertad exigida que variará en función de sus ingresos mensuales, y por el otro, una pena de muerte proporcional a su estado de salud o al grado en que se le exponga a enfermedades infecciosas comunes en estos centros.

No deberíamos permitirnos la invisibilidad actual de las torturas en ningún país. Sería deseable que las asociaciones tuviéramos acceso a las cárceles, que l@s responsables de las instituciones penitenciarias (una de las partes implicadas que se verían favorecidas) nos facilitaran la entrada y que pudiéramos intercambiar impresiones con sus intern@s sin tener miedo a represalias. Sólo así, descentralizando y visibilizando pienso que sería posible garantizar el cumplimiento de unos derechos humanos universales y hacer frente a una posible reinserción. Porque el caso contrario lo único que consigue es generar odio, rencor y la eterna reincidencia.

Por otro lado, no debemos dar la espalda a nuestra realidad (compartida por muchos países): la mayoría de l@s intern@s españoles están cumpliendo penas derivadas de su consumo de substancias ilegales fuera de las prisiones, pero cuyo consumo continúa dentro y, lo que es más preocupante, bajo unas condiciones sanitarias tan precarias que son condenad@s a sufrir todo tipo de daños secundarios. Es por ello que resultan inadmisibles aquellos colectivos de funcionari@ s que se muestran contrarios a los PIJ alegando, sin ningún dato que lo respalde, que su seguridad peligra ante estas prácticas y que se dispararía el consumo vía sanguínea.

No sólo ningún estudio ha sido capaz de ofrecer datos a este respecto sino que, por contra, han mostrado que estos programas favorecen la reducción de consumo de substancias ilegales vía parenteral en los centros, que son efectivos para la prevención del VIH, VHC y VHB, y que contribuyen a mejorar los niveles de salud actuales y futuros, personales y colectivos, de l@s pres@s y de la comunidad (según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias). Pero para que estos programas funcionen es indispensable que tengan ciertas características sin las que no serían efectivos. Resulta irónico plantear que un/a intern@ pueda pedir que se le permita asistir a un programa de intercambio de jeringuillas si para ello debe comunicárselo al/la subdirector/a médic@, quien, y aquí reside la ironía, es un@ de l@s miembr@s que configuran la junta que decide si se conceden o no permisos de salida. La plena confidencialidad y el anonimato son derechos sin los cuales un PIJ se verá condenado al fracaso. Pero no sólo el PIJ, también el programa de metadona, de educación sexual... cualquier programa socio-sanitario que, todo lo contrario de lo que sucede en la calle, no garantice la privacidad de sus usuari@s.

Debido a la elevada movilidad de la población reclusa, que entra y sale continuamente de las cárceles, por causas relacionadas con las sustancias ilegales, el tratamiento continuado y las medidas de reducción de riesgos y daños son difíciles de implementar consiguiendo bajos índices de adhesión. Todo ello, debemos ser conscientes, afecta a la salud pública general de la sociedad. El aumento de las tasas de prevalencia e incidencia de las drogodependencias en las prisiones junto con las dolencias infecciosas asociadas impiden que la situación de la salud pública mejore. No hay que olvidar que un/a pres@ viene de y volverá a la sociedad, que a pesar de los esfuerzos de determinados colectivos de nuestra sociedad para marginar e invisibilizar a esta población concreta, la estancia en los centros de reclusión no es eterna y tod@s y cada un@ de sus intern@s regresará a ella, puesto que a ella pertenece.

Trabajemos, pues, tanto con la sociedad como con l@s pres@s. Realicemos prevención dentro y fuera. Detectemos prejuicios y falsos mitos, fomentemos actitudes críticas y trasmitamos valores.

En definitiva, tod@s l@s intern@s, aunque estén viviendo sus vidas tras los barrotes, forman parte de la sociedad y por ello tienen el derecho a recibir la misma protección a todos los niveles, también en cuanto a enfermedades infecciosas, que la gente de afuera: están cumpliendo sus penas de privación de libertad, pero no de privación de salud.

Para finalizar, pienso que reducir el número de personas que están en las cárceles también debería ser una prioridad del gobierno. El aprisionamiento no es ninguna solución ni a corto ni a largo plazo para la sociedad y sus problemas con las drogas y exposición a situaciones de riesgo para la salud. Los estudios muestran que existe una alta correlación entre el número de intern@s que tienen las cárceles de un país y el número de usuari@s de drogas. Resulta fundamental, pues, dotar al sistema penitenciario de los recursos económicos suficientes para que sea posible una intervención eficiente en materia de enfermedades infecciosas y drogodependencias. Es necesario un aumento de medidas alternativas a la prisión, sobre todo en aquellos delitos relacionados con substancias ilegales, que sean factibles y eficientes. Los gobiernos deberían revisar cuáles son sus políticas en estas materias, realizando una revisión del código penal para poder llevar a cabo una prevención eficaz del VIH con personas usuarias de drogas.